Urbanismo
Frenazo al desarrollo de seis nuevos sectores económicos en Gavà, Sant Boi y Viladecans
El TSJC declara nulo el Plan Director Urbanístico del Delta del Llobregat porque entiende que debería haberlo realizado el AMB
Joan Salicrú
Periodista
Periodista
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en consonancia con los dictámenes emitidos un mes atrás en relación al PDU de Granvia-Llobregat en l’Hospitalet, ha declarado nulo de pleno derecho el Plan Director Urbanístico (PDU) impulsado por la Generalitat en los ámbitos de actividad económica del Delta del Llobregat en los términos municipales de Gavà, Sant Boi y Viladecans.
Esta decisión supone un frenazo para el desarrollo de seis nuevos sectores económicos de estas tres poblaciones metropolitanas, que tendrán que esperar a qué se aclare la situación urbanística general para llevar a cabo la modificación urbanística pertinente en el ámbito local.
El juez ha estimado el recurso presentado por los propietarios de varios terrenos antes urbanizables y ahora recalificados como suelo protegido, que acusaron el Departament de Territori i Sostenibilitat de haber definido el PDU de forma arbitraria.
Si bien el magistrado no entra a resolver esta cuestión, si concluye que la Generalitat se extralimitó en el uso de sus competencias aprobando este plan urbanístico y señala que tendría que haberlo elaborado el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), puesto que lo que se pretende –generar nueva actividad económica- no se incluye dentro de los supuestos que puede ejecutar la administración autonómica.
En concreto, la sentencia afecta a dos sectores situados en Gavà –Els Joncs y La Marinada-, dos más en Viladecans –Can Sabadell y Sarral Llarg- y dos más de Sant Boi –Llevant y Antic Hiper-, que contaban con la oposición de varias plataformas vecinales.
Una mezcla de usos aprovechando la cercanía al aeropuerto y el parque agrario
En Gavà, la pretensión es convertir La Marinada en un "sector turístico ambiental, con actividades ligadas al turismo y al mundo hotelero, siempre de forma equilibrada y pausada, además de consolidar los espacios residenciales ya existentes", según explican fuentes municipals. En Els Joncs, la voluntad del gobierno municipal es también convertirlo en un "sector turístico ambiental, con usos industriales, logísticos y terciarios, respectando siempre los valores ambientales y paisagísticos", han explicados desde el Ayuntamiento.
Por su parte, en Viladecans el Ayuntamiento planeaba la creación de un parque de oficinas en Can Sabadell, al encontrarse al lado del aeropuerto, y usos deportivos, lúdicos y hoteleros en el Sarral Llarg, según fuentes municipales.
Finalment, en Sant Boi, la idea del gobierno es, en el Antic Híper, darle usos industriales, logísticos, terciarios y de oficinas de apoyo al sistema aeroportuario, mientras que en el sector Llevant el uso principal será como parque urbano -7,5 hectáreas, el 56% del espacio- mientras que se destinará un 11% de la superfície a la ampliación del equipamiento deportivo de la Parellada y una parte del resto a edificar viviendas, de los cuales al menos el 30% de protección oficial.
Una compensación a los municipios después del fiasco de Eurovegas
El PDU del Delta del Llobregat, aprobado por la Generalitat en 2016 y que se enmarca en el área de influencia del Parc Agrari del Llobregat, fue en su momento un intento de dar respuesta a las poblaciones del Baix Llobregat después del fiasco de la operación Eurovegas, que finalmente decidió instalarse en Madrid.
Precisamente, la plataforma SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, que reúne más de 50 entidades del territorio, ha aplaudido la sentencia que anula el PDU del Delta del Llobregat en la línea de su crítica a las distintas propuestas urbanísticas de los Ayuntamientos de Sant Boi, Gavà y Viladecans: temen un gran impacto sobre el medio ambiente y la pérdida de suelo de equipamientos en favor de pisos, oficinas y hoteles.
Aseguran que la decisión judicial, sumada a la anulación del PDU de la Gran Via de l’Hospitalet, abre la puerta a llevar a cabo un replanteamiento del PDU metropolitano y exigen al Área Metropolitana de Barcelona que actúe en consecuencia.
En concreto, la plataforma vecinal pide una moratoria de dos años para cualquier proyecto urbanístico que quiera construir vivienda o industria en terrenos agrícolas o forestales relacionados con conectores ecológicos. Al mismo tiempo piden que junto a la aturada de licencias se abra un proceso participativo sobre el modelo urbanístico.
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