El Gobierno aprueba el proyecto de Estatuto Marco y lo envía al Congreso mientras los sindicatos médicos amenazan con una huelga indefinida

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ahora continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados. Un texto redactado tras casi cuatro años de negociación entre el Ministerio de Sanidad y sindicatos que busca actualizar el marco normativo vigente desde 2003 y que ha provocado, desde el inicio, la oposición frontal de los sindicatos médicos que, tras varios paros en los últimos meses, han amenazado con una huelga indefinida: "El conflicto médico sigue abierto".

"Este Estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial", ha asegurado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Las guardias

El texto, remarca Sanidad tras su aprobación, establece "un marco común de derechos y garantías respetando al mismo tiempo las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de planificación, ordenación y materialización de las condiciones laborales y de la gestión de sus servicios de salud".

Uno de los principales cambios afecta a la ordenación del tiempo de trabajo, mejorando el límite de 48 horas semanales establecido por la normativa europea, al disponer que la jornada máxima no podrá superar las 45 horas semanales, lo que limita a su vez el número efectivo de guardias semanales a realizar, no pudiendo computar más de una guardia semanal en cómputo trimestral.

Además, apunta Sanidad, la jornada de guardia no podrá superar las 17 horas, siendo materia de negociación y ordenación de los servicios de salud la posibilidad de reducir esta jornada a 12 horas e incluso estableces el trabajo por turnos. Cuando una jornada ordinaria y una guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder de esas 17 horas.

Jornada ordinaria

El texto garantiza también que no pueda exigirse la realización de una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia y los periodos de descanso anteriores y posteriores restarán de la jornada ordinaria a realizar.

Asimismo, se introduce por primera vez el concepto de carga horaria excesiva, que permitirá activar medidas organizativas y preventivas cuando exista una sobrecarga continuada y exigirá el refuerzo de las plantillas a las administraciones competentes. Entre otros supuestos, se considerará que existe esta situación cuando se realicen de forma sostenida más de cinco guardias presenciales al mes.

Aquellos servicios de salud cuya jornada ordinaria supere actualmente el equivalente a 35 horas semanales deberán avanzar progresivamente hacia su implantación

Los servicios de salud dispondrán de un plazo de hasta cinco años para realizar los cambios organizativos y de plantilla necesarios. El proyecto establece también que aquellos servicios cuya jornada ordinaria supere actualmente el equivalente a 35 horas semanales deberán avanzar progresivamente hacia su implantación.

Además, las administraciones deberán favorecer medidas de flexibilización horaria y planificación anticipada de los turnos y se amplían los supuestos en los que podrá solicitarse la exención de guardias. Podrán solicitarla, entre otros, las profesionales durante el embarazo y la lactancia natural, las personas con reducción de jornada por cuidado de hijos, quienes tengan motivos de salud que imposibiliten la realización de guardias y, en los términos que establezca cada servicio de salud, los mayores de 55 años.

Temporalidad

La reforma refuerza también las medidas contra la temporalidad estructural. Los procesos de selección de personal estatutario fijo deberán convocarse con carácter periódico cada dos años y tendrán un plazo máximo de resolución de 18 meses. El proyecto mantiene además los límites a la duración de los nombramientos temporales y la compensación económica en los casos de abuso de temporalidad.

También se modifica el modelo de movilidad voluntaria. Los procedimientos se articularán mediante concurso abierto y permanente, con adjudicaciones al menos una vez al año. Los servicios autonómicos dispondrán de un plazo máximo de 24 meses desde la entrada en vigor del Estatuto para implantar este sistema. En cuanto a la movilidad forzosa, el texto refuerza las garantías de los profesionales y establece límites a su duración.

Además, entre otros aspectos, el nuevo Estatuto incorpora una regulación específica de puestos de difícil cobertura; actualiza también la clasificación profesional para adaptarla al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y, por primera vez, se regula de manera específica la figura del personal estatutario investigador.

Rechazo frontal

Como se ha dicho, el texto cuenta con la oposición frontal de los médicos. En junio anunciaron paros indefinidos a partir de septiembre, todavía sin fechas. Además, las comunidades han exigido en distintos Consejos Interterritoriales y declaraciones de sus consejeros de Sanidad que se retire el anteproyecto y se vuelva a iniciar su desarrollo desde el consenso.

El Comité de Huelga de los sindicatos médicos ha denunciado la "cerrazón y el empecinamiento" del Ministerio de Sanidad en seguir adelante con un Estatuto Marco que "cuenta con el rechazo de médicos y facultativos, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real".

"Las reivindicaciones fundamentales siguen sin resolverse: reconocimiento y clasificación profesional, jornada, guardias y descansos, singularidades derivadas de su formación y responsabilidad y un ámbito propio de negociación para sus condiciones específicas de trabajo", señalan.

Suscríbete para seguir leyendo