A prisión una pareja por agresión sexual a su bebé en Barcelona: ¿cuál es el protocolo de Catalunya para detectar y alertar de maltrato infantil?

Un juez de Barcelona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para dos personas, un hombre de 42 años y una mujer, de 43 años por supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual por hechos cometidos, supuestamente, sobre su hijo, un bebé de un mes y medio, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En Catalunya, existe un protocolo sanitario específico de actuación ante sospecha o confirmación de maltrato y abusos —incluidas agresiones sexuales y físicas, pero también la negligencia y el maltrato emocional— en la infancia y fija cómo actuar en los centros de atención primaria (CAP) y en los hospitales. Se trata del 'Protocol d’actuació davant el maltractament infantil i adolescent', del Departament de Salut, aunque ha sido coordinado también con las conselleries de Drets Socials, Educació i Justícia. La última actualización de este procolo fue en 2019.

Este documento, que tiene como objetivo prevenir y detectar precozmente el maltrato y que está dirigido a profesionales de todo el sistema sanitario, se aplica a menores de 18 años y también a fetos en casos de maltrato prenatal. El documento distingue varios tipos de maltrato: el físico, negligencia/abandono, maltrato psicológico o emocional, abuso sexual, maltrato prenatal, además de explotación, violencia digital y otras formas. En Catalunya, la Unidad de Atención a las Violencias entorno a la Infancia y la Adolescencias (el Equipo Emma) del Hospital Vall d'Hebron es la unidad de referencia para las violencias infantiles.

La detección precoz

La idea clave de este procolo es que cualquier signo obliga a actuar de inmediato. El profesional debe valorar lesiones, conductas del menor, conducta de los progenitores o cuidadores y contexto familiar y no limitarse solo a la lesión física. La valoración final debe ser interdisciplinaria, combinando la visión sanitaria y psicosocial.

En el caso del maltrato físico, el protocolo considera especialmente sospechosos los relatos incoherentes, el retraso en buscar atención, las lesiones incompatibles con la explicación dada, las fracturas en niños que no caminan y ciertos patrones de hematomas, quemaduras o fracturas. En menores pequeños, sobre todo lactantes, cualquier traumatismo o hematoma obliga a pensar en maltrato.

En cuanto al abuso sexual, el documento distingue dos escenarios. Si la agresión ha ocurrido en las últimas 72 horas, si hay riesgo de pérdida de pruebas, necesidad de tratamiento o de protección inmediata, el menor debe derivarse a urgencias del hospital de referencia. Si han pasado más de 72 horas y no hay urgencia médica inmediata, debe intervenir un equipo funcional de expertos. El protocolo insiste mucho en no interrogar repetidamente ni explorar innecesariamente al menor para no contaminar el relato ni revictimizarlo.

En los casos agudos de abuso sexual, la exploración debe hacerse, idealmente, en un único acto conjunto entre personal médico de urgencias y médico forense. Además, el hospital puede tener que recoger muestras, valorar ITS, embarazo, profilaxis y apoyo psicológico inmediato.

Notificación obligatoria

Una parte muy importante es la notificación obligatoria. El protocolo dice que todos los casos de sospecha o certeza deben registrarse en el RUMI —el Registro unificado de maltratos infantiles, gestionada por Drets Socials— y que la comunicación judicial es una obligación legal del profesional sanitario. Además, cuando hay riesgo grave o urgencia, debe contactarse con la DGAIA y, según el caso, con Fiscalía, juzgado o Mossos.

En cuanto al circuito asistencial, el protocolo organiza tres niveles: la atención primaria, las urgencias de los hospitales de referencia y los equipos funcionales de expertos/unidades integradas. Los casos leves o moderados pueden manejarse con seguimiento clínico, coordinación con servicios sociales y apoyo a la familia, mientras que los graves exigen derivación urgente y activación de medidas de protección.

Sin un conocimiento preciso

Como recoge este protocolo, en Catalunya, no existe un conocimiento suficientemente preciso sobre la prevalencia real del maltrato infantil porque no hay fuentes estadísticas fiables y porque la investigación en esta materia es escasa. Por un lado, en el estudio poblacional 'Maltrato infantil en la familia en España', editado en 2011 por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el que participó Catalunya, la prevalencia era del 5,1 por mil menores de hasta 17 años.

En este estudio se detecta que el maltrato infantil en la familia disminuye a medida que aumenta la edad del menor y que los padres son los principales agresores en los casos de maltrato físico, maltrato psicológico y abuso sexual, mientras que las madres lo son en los casos de negligencia (posiblemente debido a la mayor carga de cuidados que asumen).

Por franjas de edad, los niños de 0 a 7 años han sufrido maltrato físico en una proporción más alta. En cuanto a la franja de edad de 8 a 17 años, el 70,27% de los menores que sufren maltrato en la familia presentan un único tipo de maltrato; las chicas presentan tasas más altas de todos los tipos de maltrato, excepto del maltrato físico, y el tipo de maltrato con mayor prevalencia es el psicológico en el caso de las chicas y el físico en el de los chicos.

El estudio detecta una relación significativa con factores de riesgo que favorecen las agresiones a menores por parte de adultos, como haber sido víctima de maltrato infantil en la familia, el consumo de sustancias (alcohol y otras drogas, y medicamentos como ansiolíticos y antidepresivos), las distorsiones cognitivas y los modelos educativos negligentes y autoritarios.