La comisión de la eutanasia avala la muerte digna de Pere, el vecino de Reus con una depresión severa: "No hay posibilidad de curación ni de mejora"

La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) –órgano multidisciplinar de carácter administrativo que aprueba o deniega las peticiones de eutanasia– ha dado la razón a Pere Puig Ribas, vecino de Reus de 54 años, que por tercera vez ha pedido su derecho a morir dignamente porque lleva más de 20 años con una depresión severa crónica resistente al tratamiento. Su caso fue publicado este sábado en EL PERIÓDICO. La CGAC reconoce que Pere tiene "plena capacidad" para decidir, que en los últimos meses su situación clínica ha experimentado un "progresivo empeoramiento" y que "no se prevé una mejora".

Para acceder a la eutanasia, primero hay que hacer la solicitud al médico de confianza, que emite un juicio "favorable o desfavorable". Solo si es positivo, a los 15 días lo analiza un "médico consultor", que debe ser especialista en la enfermedad del paciente. En el caso de los pacientes psiquiátricos, el médico consultor es un psiquiatra.

La comisión asegura que queda "acreditada" la existencia de un sufrimiento psicológico grave y cronificado

En esta tercera solicitud de la eutanasia de Pere, su médica referente en el CAP Sant Pere de Reus había emitido un informe desfavorable. Pere reclamó. Y ahora la resolución de la CGAC, a la que ha tenido acceso este diario, "estima la reclamación interpuesta" por él y desdice a la doctora. El expediente vuelve así al punto anterior al rechazo para que este siga tramitándose, al considerar que este hombre sí reúne los elementos que justifican seguir adelante con la PRAM. Esto no significa que la eutanasia le haya sido ya concedida —ni fija todavía una fecha para ello—, pero sí que ha sido desbloqueada.

Pere denuncia, además, el "incumplimiento" de los plazos de la ley por parte de la doctora, ya que presentó su tercera solicitud de eutanasia el 16 de diciembre de 2025 y, pese a que la normativa fija en 10 días hábiles el plazo para entregar su informe, la doctora tardó 35 días hábiles en hacerlo, como se recoge en el informe de la CGAC. En paralelo, Pere puso en febrero una denuncia en el Col·legi de Metges de Tarragona para notificar los "incumplimientos sistemáticos" que ha sufrido en el trámite de su petición. Aún no ha recibido respuesta.

La resolución de la comisión

"Se confirma que el trastorno ansioso-depresivo que padece incide de manera directa en el empeoramiento global de su estado y en el deterioro físico asociado. La combinación de la patología psíquica y del deterioro físico limita de manera significativa su autonomía y su capacidad para llevar a cabo las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria", recoge la comisión en su escrito.

"No se prevé ninguna mejora de su situación actual", recoge la resolución de la comisión

Además, la comisión asegura que queda "acreditada" la existencia de un sufrimiento psicológico grave y cronificado, que afecta "profundamente" a su "calidad de vida" y que "dificulta" su "autonomía personal". En cuanto a las "alternativas terapéuticas", considera que Pere "ha agotado todas las opciones de tratamiento disponibles". "No se prevé ninguna mejora de su situación actual y existe una elevada probabilidad de que las limitaciones y el sufrimiento que presenta persistan en el tiempo sin posibilidad de curación ni de mejora apreciable".

Los obstáculos de la ley

El caso de este vecino de Reus ha puesto en el foco los obstáculos que tienen la mayoría de personas con trastornos mentales a la hora de acceder a la eutanasia. La ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE), incluye el sufrimiento psíquico provocado por las enfermedades mentales. Sin embargo, muy pocos de estos pacientes logran entrar en el proceso burocrátrico de la PRAM (la prestación de ayuda para morir, el procedimiento legal de la eutanasia).

Las cifras lo demuestran. En Catalunya, entre 2021 (año en que se aprobó la ley) y 2024 (último ejercicio del que se aportan cifras), se solicitaron 824 prestaciones de ayuda a morir, de las cuales se practicaron 361 —se aprobaron más, pero algunos enfermos murieron esperando la resolución y otros aplazaron su decisión—. De estas 824, solo 33 han sido por enfermedad mental. Y de estas 33, se han acabado aprobando cinco. Esto supone un 1,38% de todas las eutanasias que han recibido la luz verde.

Ocurre en todos los países que tienen una ley de eutanasia, como explica la entidad Dret a Morir Dignament (DMD). En Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, donde este derecho existe desde hace dos décadas, solo entre el 2,5% y el 3% de las eutanasias corresponden a enfermos mentales, según cifras con las que trabaja DMD. Hay estudios que reflejan que, en los países del Benelux, el 20% de los enfermos mentales a quienes se les rechaza la eutanasia acaban suicidándose en algún momento.

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