Expertos en obesidad proponen que los fármacos lleguen a más pacientes en la sanidad pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitía este lunes una recomendación en favor del uso de tres medicamentos análogos del GLP-1, concebidos originalmente para tratar la diabetes tipo 2, en pacientes con obesidad, una enfermedad que afecta a 1.000 millones de personas. En España, el 37% de la población adulta presenta sobrepeso y el 19%, obesidad. Además, el porcentaje de niños con exceso de peso es del 40,6%, una cifra que, pese a leves descensos registrados en la última década, mantiene al nuestro entre los países europeos con mayor prevalencia. Este martes, distintos expertos en la enfermedad han propuesto diferentes medidas para afrontarla, entre otras la extensión de los fármacos antiobesidad en la sanidad pública.

Es una de las conclusiones del informe 'El Desigual Peso de la Obesidad: el Impacto de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS)', dirigido por la Fundación Gaspar Casal en colaboración con Lilly, que se ha presentado este martes en el Ministerio de Sanidad en un acto que contado con la participación de Pedro Gullón, Director General de Salud Pública, y Diego Bellido, presidente de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO).

En el documento, a partir del análisis de estrategias internacionales para abordar la obesidad y las desigualdades sociales asociadas, se identifican varias acciones que aún no han sido implementadas en España y que podrían ser extrapolables para mejorar las políticas nacionales como la combinación de políticas fiscales y campañas educativas (como en el caso de Reino Unido y Noruega) para modificar hábitos alimenticios y reducir la obesidad.

Los medicamentos

Además, se propone la expansión de la cobertura de medicamentos para la obesidad en la sanidad pública (se cita a Estados Unidos y Reino Unido como ejemplos), siempre que hayan demostrado un perfil de riesgo beneficio favorable. La inclusión de estos tratamientos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud podría mejorar la equidad en el acceso, especialmente en grupos con mayor vulnerabilidad socioeconómica, indica el informe. Además, la incorporación de otros recursos terapéuticos como nutricionistas, psicólogos y especialistas en ejercicio físico, es igualmente relevante.

El informe apunta también a estrategias integradas en el ámbito educativo para la prevención de la obesidad infantil (cita a Finlandia, Francia o Emiratos Árabes). En España, aunque existen programas de alimentación saludable en los colegios, su implementación no es uniforme en todo el país, se incide. Además, se sugiere que se podría adoptar una estrategia nacional que garantice la incorporación de educación nutricional y actividad física dentro del currículo escolar, con monitoreo continuo de su impacto en la obesidad infantil y hasta la población adulta.

Retos de salud pública

La obesidad se ha consolidado como uno de los mayores retos de salud pública en España y constituye una de las principales causas de morbilidad, mortalidad y gasto sanitario, se ha dicho en el encuentro. Diego Bellido, presidente de la SEEDO, ha pedido su reconocimiento como una enfermedad crónica.

Además, se ha puesto el acento en "profundas desigualdades territoriales y socioeconómicas". Las tasas son significativamente más elevadas en comunidades con menor nivel de renta (como Andalucía, Extremadura o Canarias, citan). Si se habla de determinantes sociales, el documento establece diferencias entre los estructurales y los de contexto.

Alimentos saludables

Sobre determinantes sociales se enumeran aspectos como el acceso limitado a alimentos saludables; el urbanismo y la caminabilidad -el diseño urbano influye significativamente en los niveles de actividad física de la población, se apunta-; las normas sobre la imagen corporal (con las diferencias entre culturas) o los comportamientos no saludables en determinados grupos.

También se alude a determinantes contextuales como las características del entorno en el que vive, la accesibilidad a servicios de salud, las condiciones de trabajo, la calidad de la vivienda y la exposición a factores ambientales, se concluye.

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