La Junta de Extremadura busca soluciones al déficit de médicos de familia: pide prorrogar la jubilación activasanid

La Junta de Extremadura ha solicitado la prórroga de la medida establecida en la Ley General de la Seguridad Social, tras su modificación en diciembre de 2023, que permite la jubilación activa de los médicos de familia de atención primaria y pediatras con nombramiento estatutario o funcionario. En concreto, en torno a un centenar de profesionales de la sanidad pública extremeña se encuentran actualmente en esta situación.

Cabe recordar que Extremadura ya trasladó esta petición al Ministerio de Sanidad en el último Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, según ha recordado el Ejecutivo regional en nota de prensa. Apunta que de no ejecutarse esta prórroga, la medida finalizaría el próximo día 27 de diciembre, pues su duración prevista era de tres años, a tenor de lo recogido en el Real Decreto-ley que introdujo esta medida en la Ley General de la Seguridad Social.

Compatibilizar la actividad

Por este motivo, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha trasladado esta petición al Gobierno central de Pedro Sánchez y está "a la espera de una respuesta favorable", pues según apunta, son "conocedores del impacto negativo que tendría en el sistema público de salud de Extremadura la finalización de esta medida, que permite a los médicos jubilados prorrogar su actividad en la región y compatibilizarla con el cobro de la pensión. 

Esta iniciativa del Ejecutivo permite cobrar por la actividad en la consulta y percibir además el 75% de la pensión. En esta línea, indicar que el objetivo por el que se puso en marcha esta medida en el año 2023 fue el de buscar una solución al importante problema de relevo que existe en la profesión de medicina y en concreto en Atención Primaria que, inicialmente, fue la única especialidad que podía acogerse.

Asimismo, la Junta de Extremadura permite a los médicos de familia seguir en activo hasta los 70 años, siempre que tengan la suficiente capacidad funcional y haya vacantes en la especialidad a la que pertenecen, independientemente de que el área a la que pertenezcan no sea una de las que tiene plazas libres. El Gobierno autonómico tomó esta decisión para paliar el déficit de facultativos, que ponía en riesgo la prestación de la actividad asistencial.