Muface: los médicos autónomos amenazan con ir a la huelga si Asisa y Adeslas no actualizan sus honorarios

Con la crisis de Muface ya resuelta, tras conocerse que ASISA y Adeslas se ocuparán de la atención sanitaria de los funcionarios durante los próximos tres años, las compañías siguen teniendo un problema que, en realidad, arrastran desde hace mucho tiempo: las reclamaciones de los médicos autónomos que trabajan para las mutuas: piden, una vez más, una actualización de tarifas que les permita recuperar el IPC perdido en los últimos 30 años, desde que están congeladas. Este jueves, han pedido una reunión con las dos empresas: si estas no actualizan sus baremos, los facultativos lo tienen claro: "Iremos a huelga".

Así lo advierte Ignacio Guerrero, presidente de UNIPROMEL la asociación que engloba a los médicos autónomos privados. Esta organización ha convocado "de urgencia" a Asisa y Adeslas tras conocerse este miércoles, de forma oficial, que son los dos licitadores que han presentado ofertas para el nuevo concierto. Muface ha examinado la conformidad de la documentación presentada con los pliegos.

Además, esta entidad ha anunciado que inicia un contencioso administrativo contra el concierto de ISFAS y las aseguradoras "en base a la discriminación que sufren médicos y mutualistas, que infringe el tratado de funcionamiento de la Unión Europea".

A la huelga

Los facultativos autónomos solicitan una "rápida reunión" con las aseguradoras "para analizar conjuntamente los efectos y consecuencias del nuevo concierto para el trienio 2025, 2026 y 2027". Emplazan así a las únicas compañías que se han presentado al nuevo concierto mutualista "para exigirles, entre otras medidas, una subida de sus primas, congeladas desde hace décadas". Si estas no actualizan esos baremos, amenazan con ir a la huelga.

Hace apenas unos días, cuando estaba a punto de finalizar el plazo dado por las aseguradoras a las compañías para presentar sus ofertas (el 4 de marzo) esta misma asociación ya avanzó la creación de la Plataforma para la defensa de los derechos de los médicos/as de Muface. Su objetivo es denunciar que llevan años "manteniendo unos baremos inaceptables a pesar de la subida de la prima obtenida por las aseguradoras, que debe ser trasladada también a los honorarios profesionales".

Un año de vigencia

La asociación advertía que urge a ese encuentro con las aseguradoras para exponer una serie de circunstancias. La primera que la obligación de vinculación por un periodo de tres años a la que compromete el pliego del concierto "no puede ser asumida por los facultativos, ya que los contratos de adhesión vigentes establecen, con carácter general, el periodo de un año de vigencia".

Además, consideran que aceptar el pliego del concurso "supone implícitamente trasladar a los facultativos la obligación de garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de espera a los que obliga dicho pliego, lo cual no es asumible por los facultativos, no solo porque no se ha procedido a informar a los médicos sobre los condicionantes y exigencias vinculadas a dicha obligación, sino porque, además, no existe obligación contractual de los médicos de asumir como propio un compromiso que adquirieren con Muface las aseguradoras adjudicatarias".

Han señalado que solicitarán a Muface la información económica trimestral que obligatoriamente deben remitirle las aseguradoras en cumplimiento del pliego del concurso, "para conocer en cada momento la estructura del coste de los servicios a fin de ponderar si existe o no un adecuado equilibrio en la relación económica con los médicos".

Las tarifas

Los facultativos llevan muchos años quejándose de las tarifas que cobran. "Somos autónomos y pymes médicas hartos de soportar los abusos de las compañías aseguradoras y sus continuos desplantes y ataques a nuestra dignidad como profesionales de la más alta cualificación y de la más alta responsabilidad a los que nos quieren seguir pagando unos baremos ínfimos que deberían ser conocidos por los asegurados para que entiendan que por unos pocos euros no se puede dar una asistencia de calidad", ha repetido en incontables ocasiones Guerrero.

"Están pagando una verdadera miseria: 8 euros por consulta general, 15 por especialista y 200 por una intervención importante", viene repitiendo desde hace años el presidente de Unipromel. En plena crisis de Muface, esta asociación, que cuenta con casi 2000 facultativos asociados y otros 3000 que forman parte de diversas asociaciones con las que han llegado a acuerdos, llegó a abogar por una solución para resolver la situación del colectivo.

Lo denominaron 'Muface directo' y pasaba por poder concurrir directamente a Muface, sin la intervención de las aseguradoras. El proyecto, aseguraban, podría incluir a 600 hospitales y 40.000 médicos, y el modelo sería "más justo y eficiente".

Recurso

Además, este jueves UNIPROMEL ha anunciado que sus servicios jurídicos han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el concierto de ISFAS y las aseguradoras. Se trata de un recurso contra la resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales del Sector Público, consecuencia de la desestimación de otro especial que UNIPROMEL presentó contra los pliegos de la licitación del concierto de Muface "sobre la base de la discriminación" que sufren los médicos y los mutualistas y que, señalan, "supone una infracción de principios fundamentales recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)".

Según los servicios jurídicos de UNIPROMEL "supone una infracción de la normativa sectorial que regula la profesión médica; infracciones graves de competencia y, lo principal, el desvío del objeto del concierto que no es otro que contratar con los titulares de los medios privados para la prestación de servicios de salud, y no una póliza de seguro de salud, que no es objeto del mandato legal para suscribir el concierto, y que los excluye del mercado de forma ilícita y anticompetitiva".

El decreto de admisión ya fija que se concede 20 días a la Administración "para aportar el expediente administrativo de la licitación al Tribunal, así como la obligación de emplazar a aquellos que resulten interesados, que de bien seguro serán las compañías aseguradoras adjudicatarias del concierto, por si fuere de su interés comparecer para unirse a la defensa de la resolución impugnada y por supuesto de la legalidad de los pliegos", concluye la Asociación.