Los altos funcionarios, sobre Muface: "Tenemos compañeros con cáncer que no saben quién les va a tratar"

Desde que Muface comenzó a convertirse en la gran crisis sanitaria de los últimos meses de 2024, y con un 2025 recién estrenado en el que el modelo está sometido a más tensión que nunca, los altos funcionarios del Estado manifestaron su enorme inquietud por su futuro. La vuelve a plasmar, en entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Ana Ercoreca, presidenta de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca). "Tenemos funcionarios con cáncer que no saben quién les va a tratar", señala.

Ercoreca habla con este diario cuando ya se conoce que ni Adeslas ni DKV, que lo oficializó el pasado 9 de enero, concurrirán al nuevo concierto de Muface. El Ministerio de Función Pública decidió el viernes ampliar hasta el 27 de enero el plazo para que las aseguradoras presenten ofertas para hacerse con el contrato para prestar atención sanitaria a los funcionarios y sus familiares, en torno a 1,5 millones de personas.

La atención sanitaria

"Si ASISA tampoco va es una variable que no sabemos", apunta Ercoreca sobre la posibilidad de que sea esta la única aseguradora que se presente a la segunda licitación del Gobierno. La presidenta de FEDECA aclara que no es a su Federación a quien corresponde hablar con las aseguradoras para despejar las dudas en torno a su atención sanitaria.

"Los compañeros están muy preocupados porque no les están dando citas médicas. Las aseguradoras dicen que van a esperar hasta que se sepa como queda el concurso. En el ámbito exterior, tampoco. No les están registrando facturas médicas. Hablamos de 8.000 funcionarios que son de diferentes grupos, con diferentes capacidades económicas. No todos tienen la nómina de un diplomático. En el exterior no hay alternativa posible. Porque no tienen un sistema nacional de salud tan competitivo como el que tenemos nosotros en España", reseña la máxima responsable de Fedeca.

"No es un privilegio"

Ana Ercoreca vuelve a manifestar esa zozobra. Admite, además, que recientes declaraciones que llaman a la calma del ministro de Función Pública, Óscar López, "más allá de tranquilizarnos, lo que nos hacen es preocuparnos. Porque Muface no es un privilegio. Es una condición con la que entramos en la Función Pública. Todos estamos obligados a cotizar. Cotizamos en nuestras nóminas con una aportación y con la aportación del Estado. No es gratis".

Ercoreca vuelve a repetir que se están dando situaciones de funcionarios a los que se les están anulando citas o intervenciones, pese a la orden de continuidad dictada por el Gobierno a finales de diciembre. "No debería de estar pasando eso. Nuestro interlocutor es el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y a él nos dirigimos. No debería estar ocurriendo que a un compañero que ha tenido un accidente no le den cita para el fisio, para su recuperación, porque entonces se puede quedar peor", insiste.

El mutualismo

Ya en España, pone el ejemplo de su madre, funcionaria, que ha cotizado toda su vida al sistema de mutualismo "y ahora, si desaparece, con la edad que tiene, de 72 años, ¿qué seguro privado le va a cubrir y en qué condiciones?. Es un derecho que ella ha tenido porque lo ha estado pagando durante toda la vida útil de funcionaria y además no es un privilegio en la medida que está regulado".

La inquietud, dice, les ha llevado a convocar una concentración el día 22 de enero ante la Dirección General de Muface. "Esperamos que nos reciba la directora general", señala Ana Ercoreca. Sobre la mesa pone, una vez más, la angustia que viven funcionarios que, cita como ejemplo, tienen cáncer y no saben quién les va a tratar en los próximos meses. "Es que es muy grave. Que no se juegue con la salud, que no se convierta en un tema ideológico y que se hagan las cosas con medida y con información y transparencia", zanja.

Tras conocer la marcha de Adeslas y DKV del concierto, Fedeca incidía: "no existe ninguna evidencia que cuestione la sostenibilidad de Muface ni en lo asistencial ni tampoco en lo económico; y que si el concierto decae, serían las comunidades autónomas (competentes en materia sanitaria) las que padecerían y lidiarían con las consecuencias. Es decir, son ellas las que tendrían que gestionar una avalancha de beneficiarios, sin margen de tiempo ni recursos suficientes, provocando un grave deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria tanto para los empleados públicos como para el global de la ciudadanía".