Sanidad de Madrid dice que el fin de Muface afectará a 240.000 funcionarios y supondrá un coste de 400 millones de euros

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, cree que el trasvase de los funcionarios de Muface a la sanidad pública que defiende el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, "carece de planificación alguna ni presenta una memoria económica que cuantifique el coste". En el caso de la Comunidad de Madrid, el fin del modelo supondría pasar a su sistema sanitario a 240.000 ciudadanos y un "coste efectivo mínimo" de 400 millones de euros "en detrimento de las arcas regionales, además de trasladar una elevada presión asistencial al Servicio Madrileño de Salud, lo que redundaría en perjuicio de todos".

Así lo explica la consejera en una carta que ha enviado al Ministerio de Sanidad para que incorpore en el orden del día del próximo Pleno del Consejo Interterritorial de Salud, el lunes 16 de diciembre, un punto en el que "se aborde de manera efectiva la problemática de Muface" y donde las comunidades autónomas puedan someter a votación el asunto. De hecho, en el orden del día, consultado por este diario, ya figura un punto relativo a 'Información sobre implicaciones de la eventual incorporación al SNS de mutualistas de Muface'.

Licitar con máxima urgencia

En su carta a Sanidad, Fátima Matute pide someter a votación el siguiente acuerdo: "El Pleno de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, insta al Gobierno a licitar con máxima urgencia y desde el consenso real con los representantes de los funcionarios un nuevo concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación sanitaria de los mutualistas que cuente con la dotación económica que sea necesaria para garantizar una asistencia de máxima calidad y adaptada a todas las necesidades de los propios mutualistas, así como para consolidar y desarrollar el mutualismo administrativo en el futuro desde la sostenibilidad y la solvencia del modelo". 

Parte de la dirección del PP de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso, estará apoyando este sábado la concentración convocada por CSIF, el sindicato mayoritario en la función pública, frente a las puertas de la sede de Muface. Según los cálculos del PP, hasta 250.000 funcionarios pueden verse afectados en la región si finalmente se "expulsa" a los empleados públicos del sistema de mutualidades. Aunque tanto PSOE como Más Madrid han asegurado este jueves en la Asamblea que la cifra se reduce a 157.000.

Comisión interministerial

Este jueves, el Grupo Plurinacional de Sumar ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley para comenzar a trabajar ya en el traspaso de mutualistas desde Muface a la sanidad pública y reclama crear una comisión interministerial para abordar el proceso. El socio minoritario del Gobierno propone aprobar cuantas prórrogas sean necesarias hasta encauzar este trasvase, que ya propuso el Ministerio de Sanidad en noviembre en un informe en el que sostenía que el modelo no es sostenible. 

En su iniciativa, los de Yolanda Díaz hacen referencia a este informe del 18 de noviembre y defiende que "es un momento idóneo para acelerar la transición" desde las aseguradoras privadas a la sanidad pública. Además de reclamar una prórroga de nueve meses una vez que expire el actual contrato el 31 de enero de 2025, piden incorporar "aquellas prórrogas extraordinarias que fueran necesarias" al actual concierto. En paralelo, se iniciaría otro proceso de transición para incorporar a los usuarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

El Gobierno, por su parte, ha asegurado que Muface no se va a disolver. "Habrá una nueva licitación antes de que acabe el año". Lo ha dicho este martes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al tiempo que pedía un mensaje de tranquilidad a los mutualistas y les aseguraba que su atención sanitaria está garantizada. La licitación en la que se trabaja es por tramos de edad que es la fórmula que el Gobierno considera que será definitiva para desbloquear el convenio con las aseguradoras.

Las consultas

También esta semana se ha conocido el informe final de las consultas preliminares de mercado lanzadas a las aseguradoras por Muface "con la finalidad de preparar correctamente la segunda licitación" del concierto para los años 2025, 2026 y 2027 ya está listo. Solo DKV y ASISA, finalmente, respondieron a esas consultas, aunque Adeslas insiste a este diario que también lo hizo.

De las respuestas de los participantes, el órgano de contratación valora favorablemente la propuesta de incremento de primas "por tramos de edad al entenderse que parece adecuarse más a la realidad actual del mutualismo". Eso sí, matiza "habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifican el incremento de la prima por parte de los operadores".