Operación salvar MUFACE: el Gobierno planea mejorar la propuesta económica para atraer a nuevas aseguradoras

Salvar MUFACE. Con mejores condiciones económicas para atraer a aseguradoras a un nuevo concierto. Es la operación que ha puesto en marcha el Gobierno tras la espantada de DKV, ASISA y Adeslas que, este martes, anunciaron que dejaban el modelo, como se venía temiendo, porque no les resulta rentable. MUFACE ha convocado una reunión de urgencia para este jueves a la que están convocados sindicatos y distintos representantes de la Administración.

El tema del día ya es sabido y fuentes del sector apuntan que, para no dejar en el aire la atención médica de 1,5 millones de funcionarios, a los que las aseguradoras que forman parte del convenio actual estarían obligadas a atender hasta el 31 de enero, el Gobierno planearía plazos de respuesta mucho más cortos para el nuevo concierto y mejorar la propuesta económica. La única manera de consegir que las compañías accedan a formar parte del modelo.

El cataclismo que se vive a costa de la renuncia de las tres aseguradoras que forman parte del actual concierto de MUFACE, que vence en diciembre, a continuar ha generado una enorme cascada de reacciones. El Consejo de Ministros autorizaba en octubre la licitación del concierto para los años 2025-2026, por el que se ofrecía cobertura sanitaria a través de aseguradoras a una parte de los funcionarios que prestan servicios en España y en 123 países. La cuantía total de la contratación ascendía a 1.337.059.970 euros en 2025 y 1.344.553.098 euros en 2026, un incremento total del nuevo concierto bianual de 303.949.078 euros respecto al último año de vigencia del concierto anterior.

Futuro incierto

Las aseguradoras ya advirtieron en su momento: no les convencía la propuesta y este martes, fecha límite dada por el Gobierno, anunciaron que no les interesaba seguir. Eso sí, ASISA y Adeslas sí apuestan por continuar prestando asistencia sanitaria a otros colectivos de funcionarios, como los de justicia y los militares: los de MUGEJU, que atiende a cerca de 92.000 funcionarios del ámbito judicial y sus familiares, y los de ISFAS, con cerca de 560.000 funcionarios y sus beneficiarios, respectivamente.

Queda por saber qué pasará con los funcionarios adscritos a MUFACE. El escenario es ahora de total incertidumbre. El organismo, que depende del Ministerio de la Función Pública, ha citado mañana jueves a sindicatos -CSIF ya ha avanzado que el 11 de noviembre sale a las calles en defensa del mutualismo- y representantes de la Administración en una reunión con un orden del día en el que figuran dos aspectos clave: información sobre el concierto de asistencia sanitaria de MUFACE y presentación de las cuentas anuales.

Acudirán, junto a las organizaciones sindicales, distintos responsables del departamento que dirige Óscar López, de la Dirección General de la Policía o de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Un encuentro en el que se abordará qué hacer una vez que la nueva cobertura sanitaria para mutualistas haya quedado desierta y los pasos a seguir una vez que la propia MUFACE anunciara que se convocará una nueva licitación. Es decir, un nuevo concurso al que, previsiblemente, si les interesa, se presentarían otras aseguradoras.

Algo que, según las fuentes consultadas por este diario, debería ocurrir con celeridad porque en este momento queda en el aire la asistencia de los funcionarios a partir del próximo año. Las mismas fuentes indican que, según el concierto vigente, la obligación de DKV, ASISA y Adeslas es prestar asistencia sanitaria a los mutualistas hasta el 31 de enero. Pero todavía desconocen qué va a suceder.

¿Nueve meses más?

Porque, tras conocerse que el concurso de MUFACE quedaba desierto, el propio organismo lanzó un comunicado en el que asegura que los 1,5 millones de mutualistas recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad. "Con posterioridad a la fecha de finalización del concierto se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público".

¿Qué quiere decir exactamente?. Función Pública no lo ha aclarado, pero distintas informaciones ya apuntan a que existe un artículo de la ley de Contratos del Sector Público que contempla que, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo, se podrá prorrogar el contrato originario por un periodo máximo de nueve meses. Es decir, el Gobierno podría forzar a las tres aseguradoras que han participado en el convenio actual a seguir prestando los servicios sanitarios durante ese tiempo.

Empezar de nuevo

En cualquier caso, MUFACE se ve obligada a empezar de nuevo. Como órgano de contratación y ante el rechazo de DKV, ASISA y Adeslas de continuar en el concierto, iniciará esos trabajos para una nueva licitación. Se supone que los plazos dé respuesta serán mucho más cortos y el Gobierno mejorará la propuesta económica, aseguran las fuentes antes consultadas.

El objetivo: garantizar la atención sanitaria de esos funcionarios que han mostrado una enorme inquietud. Este mismo martes, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca) ha manifestado su "gran preocupación" y, a través de un comunicado, ha pedido al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública y a MUFACE, que aclaren cómo van a garantizar la atención médica sin que se pierdan prestaciones y sin tensionar la sanidad pública.

El plan B pasa porque esos funcionarios tengan que ser absorbidos por la sanidad pública. Por si acaso, el Ministerio de Sanidad está preparando ya un estudio de impacto. "El mayor orgullo de nuestra sanidad tiene que ser poder atender a sus empleados públicos, y si el proceso de negociación no diera sus frutos la sanidad pública trabajará para dar la mejor continuidad a la asistencia sanitaria", señalan desde este departamento.