Mónica García anuncia que la ley para blindar la sanidad pública echa a andar: "Dará un portazo al lucro de las empresas privadas"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que comienza la andadura de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que dará un portazo a la Ley 15/1997 "y al lucro de las empresas privadas con la sanidad pública". El anteproyecto de ley que se abre ahora a consulta "pretende limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes empresariales privados", ha señalado la titular de Sanidad.

La ministra, que ha intervenido en el I Foro de Salud Pública: una Sanidad a Futuro, organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA), ha indicado que la normativa también va a facilitar a las comunidades autónomas la "reversión de la gestión privada de servicios sanitarios públicos existentes, así como mejorar sus procedimientos de auditoría y rendición de cuentas".

Las mareas blancas

"Se trata de hacer Ley el lema que tanto han repetido en años de lucha las mareas blancas: la sanidad pública no se vende, se defiende", ha explicado García en declaraciones a los medios. "La entrada de las empresas privadas en la gestión de la sanidad pública ha sido una constante en aumento en las últimas décadas, acompañado de noticias de precios inflados, creación de redes paralelas de asistencia o similares", ha añadido.

"Queremos garantizar la integridad de nuestro Sistema Nacional de Salud, tantas veces amenazado por la corrupción institucional, tantas veces privatizado y vendido al peor postor de manera impune", ha enfatizado la titular de Sanidad que, además, ha detallado, la ley está basada en la mejor evidencia científica publicada al respecto, recoge el aprendizaje de "tres décadas de experimentos de privatización en España" y "refuerza nuestra sanidad, con la experiencia y conocimiento de ciudadanía y profesionales".

Una ley en el tintero

La normativa se intentó sacar adelante en la legislatura anterior, pero finalmente quedó en el tintero. El espíritu del proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2022, conocida como la 'ley Darias' -en alusión a la entonces titular de Sanidad, Carolina Darias- buscaba priorizar el modelo público de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios e impedir establecer nuevos copagos.

El anteproyecto de ley que ahora se abre a consulta coincide con un momento en el que la sanidad privada 'saca pecho' de su peso en la asistencia sanitaria El informe 'Monitor de la Actividad Empresarial en el Sector sanitario Español', un trabajo desarrollado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), dado a conocer en marzo, aportaba datos como que el gasto sanitario alcanzó en 2021 el 10,4% del PIB y, de ese porcentaje, al menos el 3,1% es de origen privado o, en un país con 12 millones de asegurados, el 86% de los ensayos clínicos son financiados por fondos privados y más de la mitad de los hospitales son, también, privados.

Hace apenas unos días la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) presentaba un informe en el que colocaba a Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía como las comunidades que más tiran de la sanidad privada que, en el extremo contrario, sitúa a Castilla- La Mancha, Extremadura y Navarra. "Existen muchas evidencias de que esta privatización se ha extendido en todo el Sistema Nacional de Salud, con una intensidad variable en las diferentes comunidades", advertía Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación, que resaltaba un dato ilustrativo: un 25% de los españoles tiene un seguro privado.