Derechos de las mujeres
Las entidades denuncian que las dificultades para abortar en Catalunya son un tipo de violencia institucional
La Associació de Drets Sexuals i Reproductius presenta su informe anual y advierte de la vulneración de derechos de las mujeres
Beatriz Pérez
Periodista
Responsable del área de sanidad/salud de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA desde 2018. Durante este tiempo, entre otras cosas, he hecho el seguimiento de la pandemia de covid-19, el acontecimiento sanitario más relevante de las últimas décadas.
La reforma en el 2020 de la ley de violencia machista en Catalunya incluyó un nuevo ámbito de violencia: la institucional. Su reconocimiento de que el Estado, administraciones y poderes públicos pueden también dañar a la mujer. La Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha denunciado este viernes que la violencia institucional está detrás de la falta de reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estos últimos se engloban dentro de los derechos humanos.
La entidad, que ha presentado su informe anual (centrado este año en la violencia institucional), ha denunciado casos concretos. Como por ejemplo, el de un estudiante sin tarjeta sanitaria a la que se le pidió un pago por adelantado para acceder a la profilaxis post-exposición (la Pep, el medicamento anti-VIH que se toma en las 72 horas posteriores a la práctica de riesgo y que está dentro de cartera de servicios de Sanidad). En la presentación del informe de este año han estado presentes diferentes entidades de mujeres, LGTBI o de salud mental.
La asociación también ha puesto como ejemplo el caso de mujeres a las que se les dio cita, a un mes vista, para abortar ("cuando es un proceso en el que se necesita rapidez", ha señalado Elena Longares, miembro de la asociación). Otro ejemplo: "Para acceder a la vacuna de la viruela del mono solo había un punto, en Barcelona, algo que no garantizaba la equidad territorial". Además, las clínicas que practican abortos siguen recibiendo acoso por parte de los movimientos antiabortistas.
Principales vulneraciones
Estos son solo algunos de casos de violencia institucional. "La principal vulneración que nos llega es en la interrupción del embarazo. Hay dificultades de acceso por no tener la tarjeta sanitaria, por la edad, dificultades a la hora de escoger el método o acceder a la información", ha dicho Longares.
En segundo lugar, la vulneración "más habitual" es el acceso al anticonceptivo de urgencia en la sanidad público, seguido del acceso al mismo en las farmacias. "Muchas veces las usuarias se encuentran con barreras en la farmacia. E incluso este año nos ha llegado un caso de desinformación a través del 061. La información que se da muchas veces es errónea", ha añadido.
Y, en tercer lugar, todo lo relacionado con las infecciones de transmisión sexual (ITS). "Hay falta de abordaje porque no se consideran de urgencias o porque se cree que no hace falta una atención". Según la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, la vulneración de lo derechos por parte de las instituciones públicas es el "primer impedimento" en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
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