El triaje de ancianos en las ucis ya funcionaba antes del virus

Una de las grandes lecciones de la pandemia del covid-19 es hasta qué punto como sociedad ponemos en valor la realidad de las personas mayores. Esta descomunal crisis sanitaria, que ha dejado ya 12.439 muertes en Catalunya, de las cuales 4.082 (el 33%) se han producido en residencias de ancianos, ha destapado carencias que ya existían, pero que hasta entonces se había optado por ignorar. "El Ejército ha podido ver a ancianos y mayores abandonados, cuando no muertos, en sus camas", desveló la Ministra de Defensa, Margarita Robles, a finales de marzo. 

Los expertos señalan la necesidad de que la ciudadanía se interrogue acerca de esta realidad. "A veces hablamos de ellos desde una falsa compasión, olvidando que son también sujetos de derecho. Deberíamos plantearnos si la realidad que se vivía en algunas residencias vulneraba los derechos humanitarios", señala Jordi Amblàs, vicepresidente de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia. "Debemos garantizar que las personas envejezcan con humanidad, algo que tiene unos costes", añade. En Catalunya hay 32 geriátricos que están siendo investigados por la Fiscalía.

Denuncian desatención en una residencia de Sant Joan Despí: "Los dejaron morir"

Pero más allá del debate social, también debe haber lugar para las responsabilidades políticas. En Catalunya, al igual que en otras comunidades como Madrid, la gestión de las residencias de ancianos y la desatención inicial fue objeto de crítica. Tanto, que en abril el Govern traspasó su coordinación, hasta entonces en manos del departamento de Afers Socials, al de Salut. La situación mejoró cuando la atención primaria puso un pie dentro, pero los familiares de personas mayores siguen denunciando el trato recibido en estos centros sobre todo en las semanas más intensas de la crisis.

En marzo, fue también objeto de polémica un documento interno del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que contemplaba "limitar el esfuerzo terapéutico" en pacientes con coronavirus de más de 80 años. Sin embargo, conviene introducir matices a este respecto. "En condiciones normales, sin pandemia, hay personas -por ejemplo, aquellas con una demencia muy avanzada o con una enfermedad terminal- que ya sabemos que no se van a beneficiar de medidas intensivas. Trasladarlas a las ucis sería una bestialidad, porque sabemos que el final será el mismo y sería condicionar un sufrimiento añadido", explica Amblàs. Según este experto, aproximadamente la mitad de pacientes de más de 75 años que ingresan en una uci acaban falleciendo al año. "Seguro que hay cosas que revisar, que se deben analizar, pero siempre teniendo en cuenta este contexto", añade.

Una crisis sin precedentes

Tampoco hay que olvidar el carácter experimental, por la ausencia de precedentes, de esta crisis sanitaria. "Debemos asumir que ningún sistema del mundo estaba preparado para una situación como esta. Y, cuando hay una situación inesperada, acabas haciendo una política de supervivencia colectiva. Realmente el sistema se colapsó: debemos admitirlo con humildad, al igual que el hecho de que se hicieron acciones para que este colapso fuera sostenible", dice Amblàs.

El criterio por el que un paciente es ingresado en una uci lo explica el jefe de Medicina Intensiva del Hospital de Bellvitge (L'Hospitalet), Rafael Máñez. "El protocolo, y no solo durante el covid-19, para que un paciente ingrese en la uci es que la enfermedad sea reversible. Las ucis dan soporte, pero no curan. Este ha sido el criterio durante todo este periodo. Muchas veces los ancianos -pero también gente más joven que está terminal- tienen unas condiciones médicas que hacen que no estén en una situación reversible y, en estos casos, no está indicado ir a la uci", cuenta.

"Cuesta explicar que no estamos en un mundo donde podemos solucinarlo todo y el covid-19 ha demostrado esto"

Rafael Máñez

— Jefe de Medicina Intensiva de Bellvitge

Máñez reconoce que el protocolo del SEM, por el momento en que se publicó, ha generado polémica, si bien estaba "evaluado" por los comités de ética de los hospitales e intentaba "ayudar" a los profesionales en un momento de crisis. "Nos gustaría ofrecer todo a todo el mundo, pero esto no siempre es posible. Cuesta explicar que no estamos en un mundo donde podemos solucionarlo todo y el covid-19 ha demostrado esto". Este internista insiste en que Bellvitge ingresó en la uci a "cualquier paciente" al que se le podía ofrecer algún beneficio "sin importar la edad".

Salut admite que en aquel protocolo del SEM el criterio de la edad tenía más peso del que debería y por eso en abril reculó y publicó otro sobre recomendaciones para la toma de decisiones éticas y clínicas en las residencias durante el covid-19, en el que puntualizaba que la edad, el pronóstico y el tipo de trastorno no se deben utilizar como criterios únicos para el ingreso hospitalario.

"Con el covid-19, los hospitales se llenaron de un perfil de personas diferente, que no ingresan habitualmente: los jóvenes. Y se corre el riesgo de desplazar a las personas mayores. Nos alarmó que la gente joven enferma lo ocupara todo. ¿Ocurrió? Sí, en algún hospital y en algún territorio. Pero la edad no puede ser un elemento discriminatorio", expresa Sebastià Santaeugènia, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i Pla Director Sociosanitari de Salut. Por eso, explica, se apresuraron a hacer posicionamientos claros sobre cómo garantizar la atención adecuada a la gente mayor, diferenciando entre los servicios de los cuales se podían beneficiar: hospitales, sociosanitarios, hoteles o un traslado de residencias.

"Discriminados" por mayores

"No ha ocurrido en todos los sitios igual, pero ha habido una discriminación hacia los mayores por ser mayores", denuncia Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para la autonomía personal. "Cuando se piensa que no hay recursos para todos, se hace este triaje para elegir quién se puede aprovechar más de los recursos. Ha ocurrido en toda España, en Catalunya también", asegura. 

Para Rodríguez, esta crisis ha destapado las "carencias" que ya había en las geriátricos. "Los profesionales que tienen las residencias no son los del sistema nacional de salud, por tanto, no saben actuar ante una pandemia de esta virulencia", cuenta. "Los ancianos son considerados pacientes de segunda", concluye.

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