Las protestas dejan en el aire el contrato de Salut con Ferrovial para rastrear el virus

La Conselleria de Salut trabaja por revertir el contrato con la filial de Ferrovial para externalizar el rastreo de contagios de covid-19 y tener una alternativa "mejor y lo más pronto posible", según fuentes del departamento. Este contrato, de 17,6 millones, fue muy criticado por la oposición y por el colectivo de los sanitarios. "Se trata de una ampliación de un contrato ya existente que se realiza de manera impoluta y con el horizonte de un posible y probable rebrote del covid-19 en otoño", había dicho la portavoz de ERC (en cuyas manos esta la Conselleria de Salut), Marta Vilalta, esta misma mañana. Con todo, Vilalta aseveró que la intención de su fuerza y de Salut es "revertir este contrato para que pueda ser la función pública la que realice estas tareas contratadas". 

Vilalta incluyó también un mensaje a sus socios de Govern, la posconvergencia, que, entre bambalinas no ha perdido ocasión de criticar una ampliación de ese contrato, si acaso como 'vendetta' de anteriores críticas republicanas. "Reiteramos que ese contrato ha seguido todas las reglas y es impoluto. No aceptamos lecciones de gestión pública de según quién", ha sentenciado Vilalta.

También otras fuerzas políticas se han mostrado críticas con el contrato adjudicado a Ferrovial para el seguimiento de la pandemia. La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha pedido al Govern que aclare qué criterios se siguieron para adjudicar a una filial de Ferrovial la externalización del rastreo de los contagios de covid-19, con un contrato de 17,6 millones de euros.

"Queremos saber por qué el departamento de Salut solo quiere dedicar 4,5 millones a reforzar la atención primaria, que es donde tendría que haber recursos, y lo que hace es externalizar un servicio como éste", ha dicho en rueda de prensa telemática.

Ha sido tras la reunión de la ejecutiva de los socialistas catalanes, en la que ha participado brevemente por videoconferencia el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que también es secretario de organización del PSC.

Aún sobre la concesión a una filial de Ferrovial, que avanzó 'El País', Granados ha pedido a los dos socios de Govern "que se aclaren", después de que en declaraciones a SER Catalunya la portavoz, Meritxell Budó, de JxCat, haya instado a la republicana Alba Vergés a escuchar a la comunidad médica, contraria a la externalización de este servicio.

Críticas de los sanitarios

Hace unos días, el presidente del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, instó a Salut, a través de Twitter, a "revertir la decisión errónea" de que Ferrovial haga la gestión de los rastreadores del covid-19, pues "debe ser la atención primaria" quien realice esta tarea. "Por lógica, coherencia y por mayor seguridad clínica", afirmó Padrós.

También el sindicato Metges de Catalunya (MC) es contrario a esta decisión. "Es una vergüenza que Salut haya tenido la poca sensibilidad de contratar a una empresa privada con ánimo de lucro", afirma Josep Maria Puig, secretario general de MC, a EL PERIÓDICO. Según él, de esos casi 18 millones del contrato, alrededor de 2,5 o 3 millones serán "beneficios" que irán al "bolsillo" de Ferrovial en vez de al "servicio público". "Es una vergüenza para Catalunya", denuncia Puig.

"ERC firmó [el contrato] sin ningún tipo de licitación pública, amparándose en un decreto de alarma del que se queja continuamuente pero que es capaz de utilizar cuando le interesa", asegura. En opinión del sindicato, "todo lo relacionado con la sanidad pública debe ser gestionado desde los organismos públicos". 

"¿Cómo se atreven a dar datos sanitarios, muy sensibles, a una empresa privada de la que no tienes ninguna garantía que no vayan a hacer un uso comercial de los mismos? Es una falta de sensibilidad gravísima", dice Puig, quien pide que el rastreo de los casos de covid-19 se haga desde la Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) y desde la atención primaria.

Según ha podido saber este diario, Salut esgrime que el contrato con Ferrovial pretende reforzar la estructura de la salud pública catalana, que está muy debilitada, y por eso se adjudicó de una manera rápida esta tarea a una empresa. La Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) pide que se fortalezca también la atención primaria, "muy debilitada" desde los recortes del 2009. "Los ratios de las enfermeras en Catalunya son muy bajos. Está bien reforzar la salud pública, pero si no lo haces también con la primaria es un poco incongruente", señala Alba Brugues, presidenta de la AIFiCC.