EN EL BARRIO DE SANTS

La Generalitat interviene la residencia de ancianos Mossèn Vidal i Aunós

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Beatriz Pérez / Elisenda Colell

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La Conselleria de Salut ha intervenido la residencia Mossèn Vidal i Aunós, situada en el barrio de Sants de Barcelona, ante "la falta de recursos" por parte de Eulen, la empresa gestora, para atender a los residentes en el marco de la pandemia de coronavirus. Según las familias, en este centro, con 112 plazas, ya han muerto 21 personas y hay unas 75 infectadas, lo que representa el 90% del total.

Con este, la Generalitat ya ha intervenido 11 centros residenciales y ha encargado temporalmente la gestión de Mossèn Vidal i Aunós (que se encuentra al 52,6% de su capacidad) a la Fundació Vella Terra, según han explicado fuentes del departamento a los medios este martes. Los familiares rechazan que esta gestión sea temporal y temen que Eulen vuelva a gestionarla. "Apoyamos que se le haya retirado la gestión a Eulen y pedimos que deje de gestionarla también en el futuro. Estamos preocupados por si esta empresa vuelve", explica María José Carcelén, miembro de la Coordinadora de Residencias 5+1.

El inminente retorno de los pacientes hospitalizados (una parte de sus residentes había sido derivada a centros hospitalarios tras un contagio masivo) ha propiciado este cambio de gestión ante la dificultad "para atender el nuevo volumen de personas", según Salut. Desde el 14 de abril se han realizado dos desinfecciones integrales de este centro, según Carcelén, y también se han realizado tests de coronavirus entre sus paredes. Pero, pese a todas estas medidas, no se ha evitado que gran parte de sus residentes y personal haya resultado contagiado de covid-19, denuncia esta mujer. "Es evidente que alguna cosa no se ha hecho bien", apunta. La Coordinadora de Residencias 5+1 denuncia que el centro Mossèn Vidal i Aunós no tiene "equipamiento médico" ni tampoco un doctor que trabaje las 24 horas.

Investigación

La residencia Mossèn Vidal i Aunós, de titularidad pública y que gestionaba la empresa Eulen, estaba siendo investigada desde el pasado mes de marzo tras la denuncia de malos tratos y abusos sexuales a una residente enferma de alzhéimer. Dos de los cuidadores del centro fueron posteriormente detenidos y el Govern inició por su parte una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. La denunciante aportó vídeos en los que se veía cómo al menos dos cuidadores insultaban, vejaban, realizaban tocamientos y pegaban a la mujer, con un elevado grado de demencia y dependencia. "Por todo esto, desde el principio nos preocupó mucho que fuera Eulen quien gestionara esta residencia", señala Carcelén.

Sin embargo, la de malos tratos y abusos sexuales no es la única denuncia que los familiares han interpuesto contra este geriátrico. El pasado verano los familiares expusieron que los abuelos vivieron varias semanas con elevadas temperaturas en el centro, ya que que el aire acondicionado y los sistemas de refrigeración se había estropeado en plena ola de calor

No obstante, las críticas se remontan a hace ya tres años, cuando los familiares de este y otros cuatro geriátricos más de Barcelona denunciaron a EL PERIÓDICO que los abuelos no recibían una correcta alimentación, ni tampoco un trato adecuado, en parte, por la escasez de medios y recursos. Fue entonces cuando el Govern optó por rescindir el contrato a las empresas que habían ganado el concurso público para gestionarlos. Sin embargo, en algunos de estos centros, las mismas empresas volvieron a ganar el contrato posterior para gestionarlas, como pasó en el Bon Pastor, donde también ha habido varios fallecimientos tras la pandemia del coronavirus.

Más allá de esta residencia, la gestión privada de una treintena de geriátricos públicos en Catalunya, como es el caso de Vidal i Aunós, sigue estando en el punto de mira. Varios trabajadores han relatado las lamentables condiciones laborales, la falta de medios y de tiempo para poder asistir a los ancianos correctamente en estos centros. Según muchos familiares, el problema es que muchos de estos centros públicos están en manos de empresas multiservicios o de la construcción, que ganan los concursos públicos ofreciendo rebajas temerarias de los precios de los servicios.