28 sep 2020

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PANDEMIA GLOBAL

Coronavirus: Lluvia de denuncias de sanitarios por falta de protección

Los hospitales acuden a la justicia por el "incumplimiento" de la ley de protección de riesgos laborales

En EEUU los centros amenazan a los profesionales con despedirlos sin critican sus condiciones, según 'Bloomberg'

Beatriz Pérez Ángeles Vázquez

Traslado de un enfermo en la entrada de Urgencias del Hospital del Mar.

Traslado de un enfermo en la entrada de Urgencias del Hospital del Mar. / FERRAN NADEU

La principal dificultad con que se topan los sanitarios españoles que están tratando a pacientes con coronavirus es la falta de equipos de protección individual (los llamados epis). Como consecuencia de ello, muchos de ellos acaban contagiados y confinados en sus casas. España lidera la lista de países con más sanitarios con covid-19, algo que está estrechamente relacionado con la falta de epis. A 30 de marzo, último día que el Ministerio de Sanidad ofreció cifras a este respecto, había un total de 12.298 sanitarios españoles con covid-19, lo que representaba un 14,44% de todos los pacientes positivos.

Esta falta de protección ha llevado a sindicatos y a asociaciones de médicos y de enfermería a tratar de conseguir en los juzgados aquello de lo que sus hospitales y centros de salud carecen. En Catalunya, donde hay 3.468 sanitarios infectados (el 16% de todos los pacientes, según cifras de este miércoles de Salut), varios sindicatos están presentando denuncias ante Inspecció de Treball por incumplimiento de la normativa laboral. Es el caso del comité de empresa del Hospital del Mar (Barcelona), que este miércoles ha anunciado que acudirá a la justicia contra el consorcio Parc de Salut Mar (al cual el centro pertenece y que depende de la Conselleria de Salut) porque " está incumpliendo la ley de protección de riesgos laborales". El comité tampoco descarta poner una denuncia por la vía judicial.

"Nos faltan equipos de protección, mascarillas de todo tipo, gafas de un solo uso, batas impermeables. Los trabajadores tienen que hacerse delantales con bolsas de basura. Y, cuando tenemos la suerte de conseguir material adecuado, resulta que hay que reutilizarlo", ha explicado esta mañana en rueda de prensa Xavier Tarragón, auxiliar de enfermería del Hospital del Mar y miembro del comité.

Ante la dificultad de conseguir tests diagnósticos (los llamados PCR, que consisten en un frotis y cuyo resultado, certero, se conoce en unas horas), el Parc de Salut Mar "está dejando" que los trabajadores (cuyo confinamiento, a diferencia del del resto de la población, dura siete días en vez de 14) se "reincorporen" al trabajo sin haber hecho esa prueba en caso de que no presenten sintomatología de coronavirus.

El Hospital del Mar esgrime que son Sanidad y Salut quienes hacen las compras centralizadas

Fuentes del Hospital del Mar aclaran que es el protocolo de la Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) el que establece que los profesionales asintomáticos que hayan sido posibles contagios pueden reincorporarse a los siete días sin necesidad de hacer la PCR. Son órdenes, pues, de la Conselleria de Salut. "En todo caso, no es obligatorio reincorporarse si el trabajador no quiere", aclaran estas fuentes. "Cuesta encontrar estos equipos. El Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Salut hacen las compras centralizadas, son ellos quienes reparten. Nosotros no tenemos una previsión de qué material recibiremos", añaden.

El 27 de marzo, el sindicato Metges de Catalunya (MC) denunció ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la Conselleria de Salut, el Servei Català de la Salut (CatSalut), el Institut Català de la Salut (ICS) y 30 entidades concertadas del sistema sanutario por "incumplir la normativa vigente" en prevención de riesgos laborales y "poner en riesgo" la seguridad y la salud del personal facultativo.

Sin mamparas protectoras

También la sección sindical de CGT de la atención primaria de Barcelona denunció el 23 de marzo al Institut Català de la Salut (ICS) ante Inspecció de Treball. "Muchos de los mostradores de los administrativos no tienen una mampara protectora. Y los epis que dan al personal son insuficientes: mascarillas quirúrgicas que no protegen al trabajador", explica Raquel Fernández, administrativa del centro de atención primaria (CAP) Horta y miembro del sindicato.

"Los sanitarios estamos a los domicilios solo con mascarilla quirúrgica, no con las antivirus FFP2. Y tenemos que reutilizar sus batas", añade Mireia Moret, también miembro de CGT y médica del CAP Pare Claret de Barcelona. "Falta el material más imprescindible para entrar en los boxes", certifica por su parte Jesús Rubio, delegado de CGT en el Hospital de Viladecans y enfermero. También él ha interpuesto una denuncia contra el ICS.

Los hospitales de Estados Unidos amenazan con despedir a los trabajadores de la salud que critiquen sus condiciones de trabajo durante la pandemia del coronavirus y, en algunos casos, estas amenazas ya se han llevado a cabo, según explica la agencia de noticias estadounidense 'Bloomberg'.

Toda España

Pero es una situación muy similar a la que se vive en otras zonas de España. Juzgados de lo Social de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Segovia, Salamanca, León, Castellón, Valencia o Alicante dieron el lunes 24 horas a sus consejerías de Sanidad respectivas para que proporcionen ese material a los especialistas.

Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Segovia o Salamanca
 también denuncian escasez de material

El requerimiento judicial no será fácil de cumplir, porque es notoria la escasez que hay de equipos de protección (existe una competencia feroz entre países para hacerse con el material), como reflejaba el juez de lo Social número 34 de Madrid al rechazar una petición similar del Sindicato Unificado de la Policía. El magistrado, muy crítico con este tipo de iniciativas, que entiende que exceden el ámbito de la prevención de riesgos laborales sobre el que debe pronunciarse, criticaba que sus compañeros hubieran accedido a la petición de distintos colectivos aun siendo conscientes de la imposibilidad de que pueda cumplirse.

Además de la vía Social, también planteada ante los Tribunales Superiores de Justicia, por la vía Penal se ha denunciado ya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Habrá muchas más. De momento la única denuncia admitida a trámite ha sido la presentada contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones de personas entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas, la del 8-M.