Salut recula y suspende la norma que ponía trabas a los simpapeles

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha decidido suspender la polémica instrucción 05/2019 de actuaciones para evitar el fraude de ley en el acceso con cargo al CatSalut. La norma, que entró en vigor el pasado 18 de noviembre, consideraba fraude, entre otras cosas, que una persona que no es titular de ningún contrato (ya sea de trabajo, suministro o alquiler) hiciera uso del sistema sanitario público catalán. Muchas personas que viven en la calle o subalquiladas en habitaciones no tienen ningún contrato a su nombre. Además, la norma establecía que los usuarios debían llevar al menos tres meses en Catalunya para ser atendidos, lo que excluía a los inmigrantes recién llegados.

Esta instrucción encendió desde sus inicios las alarmas de las entidades de defensa de la sanidad pública universal al considerar que se dejaba sin asistencia a los colectivos más vulnerables. También el Ayuntamiento de Barcelona se opuso a ella: "No parece acorde con la realidad de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo, así como del funcionamiento del proceso de empadronamiento en los municipios", explicaban fuentes del consistorio a este diario.

BCN y las entidades ven trabas a los simpapeles en una norma de Salut

En suspenso

Ahora una nueva resolución firmada por el director del CatSalut, Adrià Comella, este 17 de febrero y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, establece la suspensión de esta norma al considerar que "las alegaciones recibidas en este trámite han demostrado que el contenido de la misma puede inducir a interpretaciones que son contrarias a su auténtica finalidad, que, en ningún caso, debe suponer una restricción de los derechos de las personas en riesgo de exclusión social o personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social". De esta manera, la instrucción 05/2019 queda suspendida "hasta que se apruebe y entre en vigor el decreto de la ley catalana 9/2017 de universalización de la asistencia sanitaria.

"Es una victoria de los colectivos [Marea Blanca, Obrim les Fronteres o Rebel·lió Primària, entre otros] que se han movilizado para luchar contra esta instrucción. Hace dos semanas, ERC y JxCat votaron a favor de ella y ahora se ven obligados a retirarla", explica a este diario Carlos Losana, portavoz de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat). Aun así, Losana señala que retirarla "no es suficiente" y pide que se elimine el artículo 8 del decreto, el cual hace referencia al fraude de ley. "Señalan [a las personas migradas y refugiadas de Catalunya] de manera discriminatoria como defraudadoras y las consideran un riesgo para la sostenibilidad económica del sistema sanitario", critica la Pasucat.