BCN y las entidades ven trabas a los simpapeles en una norma de Salut

Una instrucción del Servei Català de la Salut (CatSalut), concretamente la 05/2019 de actuaciones para evitar el fraude de ley en el acceso a la asistencia sanitaria, ha encendido las alarmas en el Ayuntamiento de Barcelona y en las entidades de defensa de la sanidad pública universal. El texto, que entró en vigor el pasado 18 de noviembre, dedica sendos apartados al "empadronamiento en fraude de ley" y al "arraigo en fraude de ley". Considera un fraude, entre otras cosas, el que una persona que no es titular de ningún contrato (ya sea de trabajo, suministro o alquiler) haga uso del sistema sanitario público catalán. Y establece que los usuarios deben llevar al menos tres meses en Catalunya para ser atendidos, lo que excluiría a los inmigrantes recién llegados.

En algunos casos, este punto puede ser problemático porque muchas personas que viven en la calle no tienen ningún contrato a su nombre y, por lo tanto, no pueden empadronarse. También hay otras muchas que viven <strong>subalquiladas </strong>en habitaciones y no tienen documentos a su nombre. Los detractores de la instrucción denuncian que, con el pretexto de "promover políticas para evitar la erosión del sistema de salud" (como recoge en su preámbulo la instrucción), en realidad se está excluyendo a la población más vulnerable.

Salut asegura que el objetivo es "garantizar la sostenibilidad del sistema" y niega que se deje fuera a los más desfavorecidos

El gobierno municipal no esconde su rechazo hacia este texto. Fuentes del consistorio han declarado a EL PERIÓDICO que esta instrucción del CatSalut "no ha sido consensuada con el Ayuntamiento de Barcelona" y que "no parece acorde con la realidad de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo, así como del funcionamiento del proceso de empadronamiento en los municipios". "Nos preocupa mucho la discrecionalidad que permite en su implementación al definir conceptos jurídicos indeterminadas como el de empadronamiento o asilo en fraude de ley. También que se pueda proyectar un imaginario de sospecha o, incluso, criminalización hacia las personas inmigrantes y refugiadas que viven en nuestra ciudad o están en situación irregular", sostienen estas fuentes. Las mismas se reafirman en la "política de empadronamiento activo y en el objetivo de la defensa de la sanidad universal" del Ayuntamiento de Barcelona.

Personas sin hogar

La Fundació Arrels, que atiende a personas sin hogar, asegura que varios de sus usuarios, indocumentados y sin hogar, han tenido problemas para ser atendidos en la sanidad pública porque no están empadronadas. "Esta instrucción nos preocupa porque tenemos casos de personas de la calle que tienen una enfermedad sobrevenida y, para tener acceso a la sanidad, piden el arraigo social. ¿Significa que con esta norma ya no serán atendidas?", se pregunta Beatriz Fernández, jefa de los servicios jurídicos de Arrels.

En el 2017, el Parlament de Catalunya aprobó la ley catalana 9/2017 de universalización de la asistencia sanitaria para esquivar el real decreto 16/2012 del PP que limitaba la asistencia a los inmigrantes en situación irregular. Esta norma catalana, impulsada por el entonces 'conseller' de Salut, Toni Comín, fue bien recibida por las entidades, que no obstante veían una traba que el empadronamiento fuera un requisito para ser atendido. Tres años después, el reglamento de esta ley todavía no está desarrollado, aunque se prevé hacerlo este 2020. Esta instrucción sacada ahora por el CatSalut busca tapar vacíos legales pero, para pesar de las entidades, vuelve a hacer hincapié en el padrón.

Esta instrucción busca tapar vacíos legales, mientras no se desarrolla el reglamento de la ley catalana de sanidad universal

Fuentes de la Conselleria de Salut precisan que esta instrucción se ha hecho para "garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público" y para "prevenir el fraude". Niegan que se deje fuera del sistema a los más vulnerables, sino solamente a aquellos que acceden de manera fraudulenta. "A menudo, el fraude tiene una vinculación directa con la población con disposición de recursos económicos o con grupos con voluntad de lucro a costa de pacientes desconocedores del sistema sanitario catalán", aseguran. Y aclaran que los colectivos más vulnerables pueden acreditar el arraigo social por diversas vías, por ejemplo, acudiendo a los servicios sociales regularmente. Las mismas fuentes también recuerdan que hay colectivos de especial vulnerabilidad protegidos por normativa específica, como los extranjeros menores de 18 años, las mujeres extranjeras embarazadas no registradas ni autorizadas como residentes en España, los solicitantes de protección internacional y las víctimas de tráfico de seres humanos.

Más críticas

"Nos parece una instrucción muy restrictiva. Si no tienes padrón, no tienes derecho a la tarjeta sanitaria. ¿Qué ocurre con los solicitantes de asilo o con las personas sin hogar", opina Norma Falconi, portavoz de Obrim Les Fronteres. Lo mismo opina Carlos Losana, miembro de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat). "Es una instrucción racista. El fraude sanitario es algo muy puntual. Al final el Govern tiene el mismo discurso que el PP al esgrimir que simplemente vela por la sostenibilidad del sistema sanitario. Está demostrado que los inmigrantes usan mucho menos la sanidad pública que los españoles", dice Losana.

"Si Salut quiere preservar el sistema público, que haga algo contra las listas de espera: eso sí atenta contra la estabilidad"

Francisco Alguacil

— Médico de cabecera y miembro de Rebel·lió Primària

Rebel·lió Primària, la entidad en defensa de una atención primaria digna, califica esta instrucción de "disparate". "No tiene ningún sentido porque no existe un problema con la asistencia a las personas inmigrantes sin papeles. Este no es un asunto como para hacer una circular que discrimina a la gente más vulnerable", sostiene Francisco Alguacil, médico de cabecera y miembro de Rebel·lió Primària. "Esta instrucción va en la línea de lo dicho por el Síndic de Greuges, cuando afirmó que las largas listas de espera en Catalunya se deben a la gente que viene de otras comunidades", añade. "El Govern dice que es para preservar el sistema público, cuando han estado recortando plantilla y presupuesto, y no hacen nada contra las listas de espera, algo que sí atenta contra la estabilidad del sistema", zanja Alguacil.