TESTIMONIO

"Tuve que pasar por cuatro CAP hasta que finalmente logré abortar"

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Beatriz Pérez

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Marta (nombre ficticio), de 38 años y vecina de Barcelona, descubrió que estaba embarazada de seis semanas. Decidió abortar. Esta carrera de obstáculos para interrumpir voluntariamente su embarazo en la red sanitaria pública que Marta relata a EL PERIÓDICO ocurrió hace solo dos meses, el pasado noviembre. 

"Primero fui al centro de atención primaria (CAP) Numància. Allí, un médico de urgencias me dijo que mi caso no entraba dentro de los preceptos legales". Falso: cualquier mujer en España tiene derecho a abortar libre y gratuitamente, por decisión propia, sin la intervención de terceros y sin tener que dar ningún tipo de explicación, durante las primeras 14 semanas de gestación. Además, también se puede abortar hasta el final del embarazo siempre que se cumplan las condiciones que establece la ley: hasta la semana 22 en casos de graves riesgos para la salud de la madre o el feto y, a partir de la vigésimo segunda semana, en caso de que el feto tenga anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.

"No me hizo más preguntas. Yo le dije que conocía la ley y que me estaba dando mal la información. Él insistió en que en la seguridad social no podía abortar, que tenía que irme a la privada", cuenta Marta, quien, al estar de tan pocas semanas, sabía que podía someterse un aborto farmacológico: con una pastilla podía abortar en su casa. "Pero no tenía claro cuál era el protocolo, por eso fui al CAP", añade.

"Estando embarazada de seis semanas, un médico de urgencias me dijo que no podía abortar porque mi caso no estaba dentro de los preceptos legales"

Como en el CAP Numància no fue atendida, llamó por teléfono al Hospital de Sant Pau. "Una enfermera de ginecología me dijo que el aborto era ilegal", asegura. El Hospital de Sant Pau solo realiza "interrupciones médicas del embarazo" en aquellos casos en que la salud de la madre o el feto peligra. No practica el aborto como tal, esto es, la llamada "interrupción voluntaria del embarazo", esa en la que la mujer decide libremente no tener el hijo por la razón que sea.

El siguiente paso que dio Marta fue irse al Hospital de la Maternitat, donde le aseguraron que lo sucedido en el CAP Numància era una "mala praxis". "En la Maternitat me dijeron que la pastilla para abortar me la tenían que dar en un CAP, así que fui a Manso. Y pasó lo mismo: nadie tenía claro qué procedimiento seguir". Marta no puede demostrarlo, pero cree que lo sucedido en el CAP Numància fue una cuestión "ideológica" y también de "desinformación". "Si no puse una queja es porque estaba muy apurada", señala.

Cansada, Marta fue al CAP Guinardó. "Allí me atendió muy bien una comadrona, pero me dijo que esa semana de martes a viernes, los ginecólogos que había eran objetores de conciencia. Que viniera el lunes", relata. Esta mujer destaca que, en el aborto, las semanas "van corriendo" y que "cada vez hay más estrés". Por eso decidió pedir ayuda a una red de feministas que la dirigieron a un CAP en el que finalmente sí pudo abortar. No quiere decir cuál.

"En el CAP Guinardó me dijeron que esa semana todos los ginecólogos que había eran objetores de conciencia, que viniera la siguiente"

"Pienso mucho en qué ocurre cuando algo como lo que me sucedió a mí le pasa a una niña de 18 años o una inmigrante. Yo me he sentido muy juzgada no solo por los facultativos, sino por el personal administrativo de los centros", dice. Preguntada por qué no acudió a una clínica privada, Marta responde que "hay que defender que en toda la seguridad social se hagan abortos" porque, si no es así, se produce una "vulneración de derechos".

"¿Cómo es posible que un profesional médico desconozca los protocolos y normativas? La ideología o la propia subjetividad del médico no pueden entrar en casos como este", defiende. Por último confiesa que, en un momento de desesperación, estuvo buscando por Internet cómo abortar clandestinamente comprando pastillas. "Finalmente no lo hice gracias a que encontré a la Associació Drets Sexuals i Reproductius (ADSIR)", concluye.

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