ENTREVISTA

Tina Minkowitz: "Estar encerrada en un psiquiátrico me hizo conocer el mal humano"

Esta activista participó en la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada en el 2006

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Beatriz Pérez

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Tina Minkowitz (Brooklyn, Nueva York, 1958) es una reconocida activista internacional en el ámbito de la salud mental. Como miembro de la Red Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría, participó en la redacción y negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD) en el 2006. Esta supuso un cambio paradigmático en la concepción de los derechos del colectivo al defender que cualquier persona con algún tipo de discapacidad (física, mental, intelectual o sensorial) tiene derecho a disfrutar plenamente de su libertad. Minkowitz ha estado recientemente en Barcelona invitada por la Federació Salut Mental de Catalunya en el marco de los seminarios 'El derecho a la capacidad jurídica en salud mental: apoyos y acompañamiento', organizados conjuntamente con el Palau Macaya Obra Social La Caixa.

-¿Por qué se define usted como una "superviviente de la psiquiatría"? 

-Porque a los 18 años estuve en un hospital psiquiátrico y fue una experiencia devastadora. Cuando nos encierra en una institución psiquiátrica o cuando nos fuerza a medicarnos en contra de nuestra voluntad, la psiquiatría está vulnerando nuestros derechos humanos. Las víctimas del Holocausto -yo soy judía- hablaban de la importancia de transmitir el testimonio: ellas mismas eran testigos de las atrocidades que habían vivido. Su misión principal era contar lo que había ocurrido para que no sucediera nunca más. Pues yo me siento de la misma forma. Después de lo que a mí me sucedió, decidí unirme al Movimiento de Supervivientes de la Psiquiatría, que lucha por poner fin a los tratamientos, intervenciones e internamientos forzados.

-¿Cómo fue su experiencia en un psiquiátrico?

-Muchísimas personas han experimentado casos peores que el mío, yo tuve la suerte de estar encerrada solo un mes. Pero fue suficiente para que mi vida cambiara. Esta experiencia me hizo conocer el mal humano y me llevó a dejar de confiar en las personas. Pero, por otro lado, plantó en mi interior la semilla para luchar por la defensa de los derechos humanos. Esta es la parte que me gusta de todo lo ocurrido.

-¿Por qué la encerraron?

-No puedo explicarlo porque yo no soy la persona que me encerró: solo la persona que hizo eso puede explicar el porqué. Me pusieron una etiqueta [la diagnosticaron con una enfermedad mental] pero no me identifico con ella, así que no importa. De hecho, casi al mismo tiempo dos personas me diagnosticaron con dos cosas totalmente distintas, y yo nunca me identifiqué con ninguna de ellas.

"Me uní al Movimiento de Supervivientes de la Psiquiatría para poner fin a los tratamientos e internamientos forzados"

-¿Qué supuso la aprobación de la CDPD de las Naciones Unidas?

-Fue una gran victoria. Personalmente, fue un gran honor que el Caucus Internacional de Discapacidad (IDC) -organización internacional que aglutina a todas las entidades de la sociedad civil que luchan por los derechos de las personas con discapacidad- me eligiera a mí para leer un discurso el día de la aprobación de la Convención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La alta comisionada en aquel momento afirmó que el derecho más importante de la Convención era el de la capacidad jurídica. Así, aquella batalla que habíamos logrado ganar no solo fue un éxito en sí misma, sino que además aportó más visibilidad a este derecho.

-Usted es una firme defensora de la capacidad jurídica de las personas con alguna discapacidad -artículo 12 de la Convención-. ¿Por qué?

-Es una cuestión de igualdad. Toda persona, cuando cumple 18 años, puede ejercer su capacidad jurídica [la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma, sin la autorización de otro]. En la ley, este es el vehículo que garantiza nuestro derecho a la autonomía personal. El que una persona con discapacidad no tenga este derecho la sitúa en una posición inferior en el derecho legal y, por ende, en la sociedad. Es un desempoderamiento de la persona en los ámbitos político, económico y social. Todos exigimos para nosotros mismos el derecho de autonomía personal, de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sobre las relaciones sexuales, sobre la reproducción -especialmente las mujeres-. 

-¿Y sobre la salud?

-Por supuesto, también defendemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra salud. Por ejemplo, sobre si aceptar o no un tratamiento. Actualmente, los tratamientos de salud mental funcionan como castigos, aunque la excusa es la incapacidad del paciente a la hora de tomar decisiones. Utilizan el concepto de la incapacidad para negarnos el derecho de defendernos de estos tratamientos violentos. Contenciones mecánicas, medicaciones forzadas, camisas de fuerza... Para mí son castigos, actos de violencia, y constituyen un tipo de tortura.

-Hábleme de la campaña para prohibir el internamiento y tratamientos forzados

-El artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la prohibición absoluta del tratamiento involuntario incluso en los casos en que la persona está considerada un peligro para sí misma o los demás. En el 2016 creé una campaña para apoyar un trabajo del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidades -el organismo internacional de supervisión de la Convención-, que promovía la prohibición de las prácticas coercitivas en la salud mental, principalmente los internamientos y los tratamientos involuntarios. Un año antes, en el 2015, el Comité había publicado una guía sobre artículo 14, en la que proporcionaba aclaraciones a los Estados, a los que también instaba a proteger los derechos de las personas con discapacidad.

"Los tratamientos de salud mental funcionan como castigos. Se utiliza el concepto de 'incapacidad' para negarnos el derecho de defendernos de estos tratamientos violentos"

-¿Hubo oposición a esta decisión del Comité?

-Sí. Algunos grupos defensores de derechos humanos que no tenían ninguna relación con el colectivo de las personas con discapacidad cuestionaron esta decisión, y a mí me pareció que esas personas, en nombre de los derechos humanos, estaban siendo discriminatorias. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que formaban parte del Comité eran expertos; de hecho, ellas mismas eran personas con discapacidades. Sin embargo, personas que se creían expertas en derechos humanos pero que no tenían discapacidades ni ningún conocimiento al respecto estaban cuestionando a expertos reales. En aquel momento sentí que teníamos que hacer algo y por eso decidí lanzar una campaña que diera más visibilidad a todo este trabajo del Comité, para decir que existía todo un movimiento detrás, que no éramos cuatro gatos. Empecé a trabajar con distintas redes y asociaciones, como Mad in America.

-¿Todo el mundo está capacitado para tomar cualquier tipo de decisión?

-Legalmente todo adulto debe ser reconocido así. La CDPD establece que toda persona adulta tiene capacidad jurídica, es decir, puede casarse, votar o buscar trabajo, por ponerte unos pocos ejemplos. Por otro lado, nadie puede conocer directamente la conciencia de otra persona y por eso no podemos evaluar la conciencia de los demás. Es verdad que las personas con discapacidad pueden necesitar apoyos para expresar su voluntad o entender determinada información, pero esos apoyos deben ser dados solo si la persona lo consiente libremente, nunca en contra de su voluntad.

-¿Una persona que es un peligro público tampoco debe ser incapacitada?

-En primer lugar, ¿cómo sabemos que una persona es un peligro público para los demás? Tenemos maneras de enfrentarnos a cualquier tipo de violencia o vulneraciones de los derechos de los demás. El sistema de salud mental no debe jugar el papel de proteger a la sociedad de sus pacientes, sino que, en primer lugar, debe servir a sus pacientes.

"No creo que la hospitalización psiquiátrica sea una buena práctica, es una forma de segregación de la comunidad. Toda persona tiene derecho a prevenir el aislamiento"

-Usted habla de "discapacidad psicosocial". ¿Qué es? 

-Aquella discapacidad en la que la forma de razonar de la persona se ve afectada, lo cual le produce dificultades a la hora interactuar con la sociedad de forma aceptable culturalmente. La discapacidad psicosocial sitúa la interacción entre la persona y su entorno como el problema principal, y no a la persona como problema para los demás. Es una readaptación del concepto de la discapacidad, porque no creemos que haya deficiencia alguna en la discapacidad psicosocial. A diferencia de otras discapacidades, la discapacidad psicosocial no dura a largo plazo, sino que es transitoria. Y procede de la experiencia de la primera persona, es una manera de escapar de los diagnósticos de la salud mental, de describirnos desde nuestra propia experiencia para reclamar nuestros derechos como personas con discapacidad. [La depresión, ansiedad, psicosis, bipolaridad o esquizofrenia son algunas de las disfunciones mentales asociadas a la discapacidad psicosocial].

-¿Qué hacer para mejorar la atención a los pacientes psiquiátricos?

-No puedo hablar de esto porque yo creo que la hospitalización en sí no es una buena práctica. En EEUU existen los llamados Crisis Respite Center [en español, "centros de respiro de las crisis"] a los que la persona puede acceder y quedarse el tiempo que necesite cuando tiene una crisis. Toda persona tiene derecho a escoger dónde vivir y con quién vivir -artículo 19 de la Convención-. Y tiene el derecho a acceder a los apoyos necesarios para vivir en la comunidad y prevenir el aislamiento. Todos estos apoyos deben ser siempre con el consentimiento libre e informado de la persona. Y yo creo que los hospitales son una forma de segregación de la comunidad porque, aunque el paciente decida voluntariamente ingresar en ahí, está bajo supervisión de otras personas y, por tanto, no gozará realmente de autonomía.