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POR EL REAL DECRETO DEL PP

Al menos 375 personas fueron excluidas de la sanidad catalana desde el 2013

Entidades presentan el informe '6 anys d'exclusió' ante la "inexistencia" de datos oficiales

Entre los desatendidos hay 20 embarazadas, 91 menores de edad y 12 personas refugiadas

Beatriz Pérez

Un ambulatorio de Barcelona.

Un ambulatorio de Barcelona. / ANNA BRUGUÉS

Las entidades Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat) y Jo Sí Sanitat Universal han contabilizado un total de 375 personas en Catalunya que se quedaron excluidas de la sanidad pública entre marzo del 2013 y septiembre del 2018. El motivo fue la aprobación del real decreto 16/2012 del PP para "garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud". De estas 375, un total de 90 personas se quedaron fuera de cobertura después de julio del 2017, cuando entró en vigor la ley autonómica que buscaba la universalización de la sanidad en Catalunya.

Las entidades han presentado este martes el informe '6 anys d'exclusió sanitària: l'impacte del RDL 16/2012 a Catalunya', el cual establece cinco categorías excluyentes: la 'buroexclusión' o las barreras administrativas (en la que se han registrado 139 casos), mujeres embarazadas (20 casos), menores de edad (91), facturación indebida y/o denegación de la atención urgente (79) y, por último, desconocimiento del derecho (46).

En lo relativo a la 'buroexclusión', las entidades sociales denuncian que a menudo se producen informaciones erróneas o trámites administrativos equivocados, facturaciones de atención no urgente e, incluso, denegación de programación de visitas sanitarias en personas que sí tienen el derecho de ser atendidas, pero lo desconocen. Un ejemplo: de las 375 personas excluidas estos años, 175 tenían el padrón vigente y se las dejó fuera por alguna barrera administrativa.

En cuanto a las embarazadas, de las 20 que fueron excluidas en Catalunya, seis de ellas no fueron atendidas de urgencia y, o bien se las amenazó con cobrar, o bien se les facturó indebidamente la atención. Además, el informe reporta un caso de facturación indebida de atención urgente a una mujer víctima de violencia de género. En relación a los 91 menores excluidos, destacan el caso de dos que estaban embarazadas y el de 21 neonatos a los que se les denegó la atención programada, la atención urgente, el trámite de la tarjeta sanitaria o la administración de las vacunas obligatorias. 

Sin datos oficiales

"No existen datos oficiales de la aplicación del decreto ley del 2012, algo fundamental para visibilizar esta problemática y así dar una respuesta a partir de políticas públicas", ha expresado Alicia Rodríguez, portavoz de la Pasucat. "Ese real decreto supuso un cambio de paradigma de la atención sanitaria. Para ser atendida, la persona debía trabajar y estar asociada a la Seguridad Social, lo que excluyó a aquellas en situación irregular y que no tenían un permiso de trabajo".

El decreto del PP prestaba atención a "situaciones especiales" en las que algunos colectivos sí podían acceder a la sanidad pública aunque su situación fuera irregulares. Eran las embarazadas, los menores, las personas víctimas de trata, los refugiados y, asimismo, cualquiera que necesitara acudir a Urgencias. "Pese a ello hemos verificado que una de las incidencias más importantes es la vulneración de derechos en el acceso a la sanidad de estos colectivos", ha asegurado Rodríguez. 

Fuentes de la Conselleria de Salut han explicado a EL PERIÓDICO que no disponen de cifras sobre las personas excluidas de la sanidad pública, sino tan solo de las beneficiadas y que, por tanto, no puede desmentir ni confirmar los datos hechos públicos este martes por la Pasucat y Jo Sí Sanitat Universal.

Padrón municipal

En Catalunya, el Parlament aprobó en el 2017 la ley de universalización de la asistencia sanitaria, que en teoría pretendía sortear el real decreto del 2012 y dar asistencia sanitaria pública a todos los residentes en Catalunya con independencia de su condición legal. Pero la ley catalana, que exigía el empadronamiento, no acometió sus fines, pues el padrón municipal es una limitación (o 'buroexclusión') para muchas personas (sobre todo, para quienes viven en la calle). Desde el 2017 y hasta ahora, las entidades han contabilizado al menos 90 casos de exclusión sanitaria en territorio catalán.

"Hay informes que demuestran que la mortalidad subió un 15% entre los inmigrantes sin papeles", justifica Rodríguez en alusión al estudio publicado en mayo por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat de Barcelona (UB). Por su parte, Carlos Losana, médico y también portavoz de la Pasucat, ha señalado que estos casi 400 casos de exclusión sanitaria son solo "la punta del iceberg". "Yo soy pediatra en un CAP y he sido testigo de 20 casos de niños que no han sido atendidos adecuadamente", ha afirmado Losana.

El PSOE aprobó en julio el real decreto ley 7/2018, que regula el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Actualmente se está trabajando en una nueva proposición de ley sobre la sanidad universal con el objetivo de modificar el Real Decreto del 2012, que aún sigue en vigor. Las entidades denuncian que la ley del PSOE, aunque supone un importante avance, mantiene la 'buroexclusión' porque para acceder al sistema has demostrar 90 días de estancia en España. Además, deja fuera a los ascendientes de reagrupados (padres y abuelos) que han llegado a España al pedirles un seguro médico privado.

Por su parte, en Catalunya, la ley del 2017 (que fue recurrida por el PP y cuyo recurso ha quedado extinguido este martes) también es un paso adelante en la consolidación del derecho universal a la salud, pero que sigue exigiendo el padrón municipal o acreditar el arraigo en Catalunya. "No existe un reglamento que establezca los criterios de dicho arraigo", ha lamentado Losana.

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat) y Jo Sí Sanitat Universal denuncian que tanto en España como en Catalunya la ciudadanía está "lejos" de la universalidad en la asistencia sanitaria y que, en concreto en Catalunya. "la exclusión sanitaria real está oculta y pasa inadvertida". Las entidades también recuerdan que las personas afectadas "a menudo desconocen que tienen derecho a recibir asistencia sanitaria" y por eso no tramitan la tarjeta sanitaria por "miedo a ser identificadas, deportadas o sancionadas".