Un registro contabilizará a los menores víctimas de abuso

La mitad de los abusos sexuales se dirigen contra menores y uno de cada 10 estudiantes dice sufrir acoso escolar. Pese a la brutalidad de las cifras, que se calcula que están por debajo de la realidad debido al miedo de un niño a denunciar su situación y la falta de registros oficiales, España carece de una ley de erradicación de la violencia en la infancia. Una situación que el Gobierno quiere solventar, atendiendo al mandato del Congreso, que hace un año, de forma unánime, instó a aprobar la norma. Y a las recomendaciones expresas de la ONU. Para dar los primeros pasos, el Consejo de Ministros estudió este viernes un informe sobre el anteproyecto, que ha abierto a consultas y la ministra de Sanidad, Carmen Montón, se comprometió a llevar a las Cortes en el segundo trimestre del 2019.

El contenido aún es incipiente pero la ministra adelantó, en la rueda de prensa posterior al Consejo, cuales serán sus pilares básicos. Entre ellos, la creación de un registro único que contabilice a los menores víctimas y permita tener una fotografía más precisa de la dimensión de esta lacra. El año pasado se interpusieron 38.433 denuncias por delitos violentos contra la infancia, casi un millar más que el año anterior, pero para conocer la cifra de niños fallecidos por todo tipo de agresiones Save the Children ha tenido que recurrir a los casos difundidos en los medios. Según su cómputo, 100 en los últimos cinco años. Y los especialistas temen que estos datos sean solo la punta del iceberg, ya que se calcula solo el 15% de los menores se atreve a relatar a alguien su situación, por miedo, vergüenza o porque desconoce que está siendo violentado.

Desde la aprobación de la ley de infancia, las estadísticas oficiales sí recogen los niños víctimas de la violencia machista. 15 fallecidos en lo que va de año. Pero el pacto de Estado contra el maltrato recoge varias medidas para mejorar su protección que aún no se han puesto en marcha.

La inhabilitación

La futura ley también pretende arrojar luz y acorralar a quienes ejercen la violencia. Para ello, se actualizarán las materias relativas a la inhabilitación para el ejercicio de profesiones que traten con niños, con especial atención a la privación de la patria potestad, la tutela, guarda o adopción en el caso de abusadores. Asimismo, la normativa recogerá el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y los entornos familiares y profesionales que tengan cualquier indicio de violencia.

En este contexto, se fomentará la sensibilización ciudadana, con especial atención a los grupos más vulnerables, como las niñas, los menores con discapacidad, extranjeros no acompañados o del colectivo LGTBI. La ley será integral, abarcará todos los sectores y ámbitos en los que viven los menores y todas las formas de violencia, también las ejercidas a través de las redes sociales y dispositivos móviles. Según Save the Children, un 9,3% de los estudiantes considera que ha sufrido acoso en los últimos dos meses y un 6,9% se considera víctima del ciberacoso.

Formación y recomendaciones

Además, se mejorará la formación y especialización de todos los profesionales, también en el ámbito judicial, y se garantizará el derecho a los menores a ser oídos. En este sentido, Montón se comprometió a escuchar las recomendaciones de aquellas víctimas que deseen participar en la elaboración de la norma.

La ministra no mencionó si se ampliará el plazo de prescripción en los delitos de pederastia, una de las principales demandas de los especialistas y afectados. De hecho, hace un par de años se registraron 300.000 firmas en el Congreso para exigir que no prescriban, ante la necesidad de dar el máximo tiempo a la víctima para denunciar.