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El intercambio de intereses que salvó al Hospital del Sagrat Cor

La inclusión de centros privados con ánimo de lucro en la red pública fue la condición que evitó el cierre del centro barcelonés

Àngels Gallardo

El Hospital del Sagrat Cor, de Barcelona.

El Hospital del Sagrat Cor, de Barcelona. / FIRMA DE FOTO

El anterior 'conseller' de Salut, Boi Ruiz, solía mencionar la aquiescencia de los sindicatos del comité de empresa del Hospital del Sagrat Cor de Barcelona -citaba a CCOO y UGT- cuando se le requería una justificación para el hecho de que por primera vez en la trayectoria de la Generalitat cuatro centros sanitarios privados y con finalidad de lucro hubieran sido incorporados al Sistema Integral Sanitario de Catalunya (SISCAT): la sanidad pública. Este organismo agrupa a la red asistencial a la que los ciudadanos acceden con la tarjeta sanitaria individual, que se financia, como en el resto de España, a través de los impuestos. Engloba tanto los CAP y hospitales del Institut Català de la Salut (ICS), como la extensa red de centros concertados constituidos por entidades municipalistas o fundaciones religiosas, siempre sin ánimo de lucro.

Si Ruiz aludía a los sindicatos era porque cuando sucedió aquella incorporción, en el 2011, el Sagrat Cor atravesaba su enésima quiebra financiera y corrían rumores de cierre de la institución. El personal estaba lógicamente inquieto. El centro asumía, y sigue haciéndolo, todas las especialidades médicas y tiene asignado un sector de población del Eixample barcelonés. Su pervivencia preocupaba tanto a la Generalitat como a quienes allí trabajaban. La crisis económica avanzaba y el Gobierno de Artur Mas aplicaba importantes recortes al sistema, que afectaban al Sagrat Cor al igual que al resto de centros concertados.

TODO SIN FOCOS PÚBLICOS

Lo que sucedió acto seguido no contó con información pública alguna, fueron hechos consumados en cuya gestión pudo participar el Servei Català de la salut (CatSalut) y Raimon Belenes, consejero delegado del Hospital Clínic entre el 2008 y el 2011 (tripartito en el Govern), facilitando la firma de un convenio con IDC Salud, entonces Capio y desde hace pocos días parte del grupo alemán Fresenius Helios, que finalmente adquirió el centro. Esto implicó la derivación al Sagrat Cor de un importante pellizco de intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, cuya función se pretendía doble: liberar al Clínic de la asistencia de lo menos brillante pero con más demanda en la sanidad pública -cataratas y juanetes, entre ellas- o muy costosas -colocación de prótesis de rodilla y cadera-, y ofrecer una vida económica viable al centro de la calle Viladomat. Belenes se incorporó en el 2011 a IDC Salud como director general de Innovación.

REINICIO DE UNA VIDA ACTIVA

El Sagrat Cor, o IDC Salud, pasó a facturar al Servei Català de la Salut (CatSalut) una media de 55 millones de euros anuales. Fuentes conocedoras del proceso -que supuso la salvación del hospital- indican que aquel acuerdo incluyó algunos requisitos adicionales por parte de IDC Salud, entre ellos, la incorporación al SISCAT de dos de sus centros catalanes, el Hospital General de Catalunya (HGC) y la Clínica del Vallès, que pasaron a ser entidades públicas aunque su finalidad era lucrativa. Ambos recibirían cada año porciones de actividad procedentes de otros centros públicos que cerraban instalaciones, un trasvase de historias clínicas que se justificó en la saturación y el aumento de las listas de espera a que estaban conduciendo los recortes impuestos en la red pública por el Gobierno de Mas.

UNA ARRIESGADA PUERTA DE ACCESO A LA PRIVADA

IDC Salud pasaría a facturar al CatSalut, según las mismas fuentes, unos 125 millones de euros anuales. “Para asumir el Sagrat Cor, IDC Salud exigía aumentar su músculo asistencial en Catalunya”, concluyen. Este paso sentó un precedente que fue seguido por Clínica de Ponent, propiedad del empresario y exdirectivo del Barça Gabriel Masfurroll, que desde el 2012 factura al CatSalut una actividad por valor de 6,2 millones de euros, y la Clínica Girona, que recibe 12 millones de euros anuales a cambio de asumir 1.923 intervenciones y 1.870 ingresos hospitalarios anuales. Estos dos últimos centros aún no han sido expulsados del SISCAT. Sus expedientes se encuentran en estudio, indican fuentes de Salut. Podría suceder que, aun perdiendo su condición de centros públicos, mantuvieran sus actuales conciertos de actividad ya que, al parecer, resultan necesarios para los hospitales que se las derivan: el Arnau de Vilanova, de Lleida, y el Josep Trueta, de Girona.

                               

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