Hacen falta médicos. Muchos

Las medidas de mejora sanitaria y asistencial previstas en el plan de choque acordado por Junts pel Sí y la CUP, y ahora defendidas por el 'conseller' de Salut, Toni Comín, exigen cumplir con un requisito: disponer de los 96 millones de euros en que se ha calculado su coste provisional. 

A esto habrá que sumar la inversión que exija la reapertura de alguno de los centros de asistencia primaria (CAP) que fueron parcial o totalmente clausurados en los años centrales de la crisis, eventualidad que se realizará una vez analizados los motivos que Salut indicó para justificar su cierre: nivel de actividad previo a la supresión, extracción socioeconómica de la población adjudicada y coste de los desplazamientos al segundo centro designado. Salut clausuró medio centenar de CAP en alguno de sus turnos horarios.         

LAS ESPERAS

74 millones para operar a decenas de miles de personas

El proyecto que pretende mejorar el acceso a la sanidad pública a quienes no sufren un proceso urgente o muy grave -el diagnóstico y tratamiento del cáncer, el sida o los trasplantes de órganos apenas se han visto afectados por los recortes- tiene como objetivo fundamental reducir las listas de espera quirúrgica, un apartado que el 30 de junio del 2015 agrupaba a 154.697 personas.154.697 personas El presupuesto previsto para conseguirlo asciende a 74 millones de euros.

El plan especifica que la ejecución de este objetivo se realizará “exclusivamente” en los hospitales adscritos al SISCAT -Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya- que sean públicos y sin ánimo de lucro. Y cita expresamente la voluntad de “maximizar la capacidad operativa” de los ocho hospitales del Institut Català de la Salut (ISC), propiedad de la Generalitat. El resto de hospitales públicos -54- son concertados y sin ánimo de lucro, con excepción de tres de ellos, que ahora quedan en entredicho.

LAS PLANTILLAS

5.810 profesionales menos en el ICS en cinco años

“Maximizar” la actividad de los centros del ICS supondría recuperar a buena parte de los 5.810 profesionales sanitarios adscritos a dicho instituto que han sido despedidos desde el 2010. Entre ellos se encuentran 890 médicos de plantilla, 1.034 enfermeras fijas y 1.646 doctores y personal de enfermería que estaban vinculados a contratados de interinaje. El plan de choque no alude sin embargo a este aspecto.

La eliminación de ese personal en los centros del ICS ha impedido -impide- suplir a los sanitarios que se ausentan por enfermedad o vacaciones y ha exigido que quienes están en activo asuman la actividad que tenían programada los que faltan. En paralelo, los médicos y enfermeras del ICS, al igual que sus colegas de la red concertada pública, han perdido en el último lustro entre un 22% y un 25% de su salario.

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Una de las más graves consecuencia de todo ello, y del cierre de plantas y quirófanos en los hospitales públicos, fue el notable incremento que experimentaron las listas de espera quirurgicas y diagnósticas, circunstancia que el Servei Català de la Salut (CatSalut) solventó en parte contratando paquetes de actividad –miles de operaciones o diagnósticos- a hospitales de titularidad privada y con ánimo de lucro que fueron incorporados por este motivo al SISCAT. El nuevo Gobierno catalán ha expresado la voluntad de corregir esa circunstancia, lo que supondrá extirpar del sistema el Hospital del Sagrat Cor, el Hospital General de Catalunya y la Clínica del Vallés, todos ellos propiedad de IDC Quirón Salud, el grupo que en estos momentos monopoliza la asistencia sanitaria privada de Catalunya. Y que podría exigir su indemnización.   

LOS DIAGNÓSTICOS

El difícil objetivo de reducir a la mitad la espera

El núcleo del acuerdo sanitario entre Junts pel Sí y la CUP incluye también la reducción en un 50% de las listas de espera para acceder a la visita de un médico especialista -neurólogo, ginecólogo, traumatólogo, entre otros-, demoras cuyo alcance nunca ha precisado la Conselleria de Salut. El plan prevé financiar esta mejora con 13,6 millones de euros. El acuerdo anuncia una reducción similar, del 50%, de las listas que agrupan a quienes esperan la cita de una prueba diagnóstica. Mamografías, colonoscopias, TAC o ecografrías, entre ellas. Retrasar un diagnóstico supone, además de ignorar si se trata de una dolencia grave o leve, evitar el incremento de las listas de espera quirúrgica. En esta situación se encuentran cerca de 200.000 personas en estos momentos. Conseguirlo precisará 8,4 millones de euros. La ejecución de todo ello, en conclusión, precisará un notable incremento de personal en los centros.