Sanidad y las comunidades rechazan financiar, de nuevo, los dos fármacos que ralentizan el alzhéimer

La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos ha vuelto a rechazar la inclusión en la sanidad pública de los nuevos medicamentos contra el alzhéimer, que por primera vez demuestran beneficios para ralentizar la progresión. Lecanemab y Donanemab ya están autorizados por la Agencia de Medicamentos Europea (EMA) y los pacientes y profesionales los están esperando en España como agua de mayo, pero la Comisión Interministerial ha vuelto a rechazar, como ya hizo en primavera, las nuevas ofertas de precios presentadas por las farmacéuticas, Biogen y Lilly, respectivamente.

De hecho, el presidente de Lilly en España, Julio Gay-Ger, ha lamentado este jueves, en una carta abierta, que la Comisión, que reúne al Gobierno y las comunidades, haya decidido no financiar 'Kisunla' (donanemab), que ha recibido luz verde en Europa para la enfermedad en fase de deterioro leve. Gay-Ger ha apuntado que, mientras mantiene su intención de seguir trabajando por la financiación pública, este tratamiento está disponible en la sanidad privada.

"Durante los últimos meses, desde Lilly hemos mantenido un diálogo permanente, constructivo y respetuoso con el Ministerio de Sanidad (proceso que valoramos y alentamos), realizando un esfuerzo muy significativo para que el acceso a esta innovación fuera posible a través del Sistema Nacional de Salud -explica-. No hemos dudado en ofrecer soluciones para cada posible obstáculo, porque creemos que una innovación de este tipo debe llegar a todos y cada uno de los pacientes elegibles, con equidad y dentro del sistema público. Por eso, la decisión conocida hoy nos sorprende y desilusiona, pero no detendrá nuestro firme compromiso de ayudar a los pacientes que sufren de la enfermedad en España".

La respuesta de Sanidad

Tras la carta de Gay-Ger, el secretario de Sanidad, Javier Padilla, ha ofrecido, en un comunicado, la versión del Ministerio, donde explica que este departamento "lleva más de un año trabajando" en la incorporación de los dos medicamentos, "porque ninguna compañía farmacéutica tiene un interés mayor en que los pacientes dispongan de las nuevas terapias que el Sistema Nacional de Salud".

Sin embargo, según recuerda Padilla, son dos fármacos cuya autorización en la UE se produjo "tras un proceso de evaluación especialmente complejo", debido que el beneficio clínico demostrado es bajo y el coste es elevado para el valor clínico que aportan. Pese a ello, "el sistema [español] está dispuesto a invertir en los dos tratamientos más allá de sus resultados sobre la salud de los pacientes, solo por el mero hecho de suponer un pequeño paso en la búsqueda de soluciones necesarias para la enfermedad".

Por ello, desvela Padilla, se pidió a las dos compañías que compartieran un "techo de gasto entre ambas", de manera que la inversión no pusiera en riesgo que se invierta también en otras áreas necesarias. "Lamentablemente, dicho acuerdo no ha sido posible al no aceptarse por las compañías las condiciones planteadas para un modelo de financiación que permitiera gestionar adecuadamente la incertidumbre y el impacto presupuestario asociado al tratamiento. El Ministerio tiene que manifestar que las razones son diferentes por parte de ambas compañías como también lo ha sido el grado de flexibilidad de cada una o la manera que han tenido al aproximar la negociación y el sistema nacional de salud", añade el comunicado.

Ante ello, Padilla explica que en el Ministerio de Sanidad está "doblemente decepcionado", pero mantiene su disposición a seguir dialogando con las compañías "para encontrar una solución que haga posible la incorporación de los medicamentos en cuanto concurran las condiciones adecuadas".

La condena

En este contexto, la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) ha emitido un duro comunicado en el que acusa al Gobierno y a las comunidades autónomas de "condenar a los pacientes de alzhéimer al abandono". La confederación ha recordado que estas terapias, que representan "el mayor avance científico frente al alzhéimer", están ya disponibles "en más de medio centenar de países" (si bien en la sanidad privada). Por tanto, considera que "España se sitúa, de nuevo, al margen de la innovación biomédica, negando a miles de personas la única opción terapéutica capaz de demorar la evolución de la enfermedad".

"Es una decisión que no cuestiona la evidencia científica, sino que impide que los especialistas españoles la ofrezcan a los pacientes que cumplen los criterios clínicos", ha insistido, para añadir que esta medida "condena a hijos, cónyuges y cuidadores a contemplar cómo la enfermedad sigue robando recuerdos, autonomía y tiempo, sabiendo que existe un tratamiento que España ha decidido no poner a su alcance". "Es una condena que excluye médicamente con efecto inmediato e irreversible a toda una generación de pacientes", concluye CEAFA.

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