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Consejo Interterritorial de Salud

Sanidad y las comunidades aprueban el reparto de 39 millones para salud mental y casi 18 para prevenir el suicidio

El acuerdo excluye la financiación de prácticas que se consideren coercitivas o las reformas estructurales de hospitales de media y larga distancia

Sanidad saca adelante su "ambicioso" plan de salud mental con el apoyo de los consejeros del PP

Reunion telemática del Consejo Interterritorial de Salud.

Reunion telemática del Consejo Interterritorial de Salud. / MINISTERIO DE SANIDAD

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El Periódico

Madrid
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El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado este viernes de manera 'online', ha aprobado los criterios para la distribución de 39 millones de euros destinados al 'Plan de Acción de Salud Mental', y casi 18 millones (17,83 millones) para actuaciones de prevención del suicidio durante este año.

Según el acuerdo aprobado, para acceder a los fondos, los gobiernos regionales deberán incorporar a los proyectos a financiar criterios relacionados "con la orientación comunitaria, la garantía de derechos humanos y la equidad", situando a la persona en su entorno social, familiar y comunitario y teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos.

Los proyectos podrán desarrollarse mediante intervenciones individuales y familiares, actuaciones grupales o iniciativas coordinadas con recursos y agentes comunitarios. Además, entre las actuaciones que podrán financiarse se incluyen "el fortalecimiento de centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos de intervención en barrios y entornos comunitarios".

Por el contrario, según ha informado el Ministerio de Sanidad, "no se financiarán proyectos centrados exclusivamente en el aumento de camas o en reformas estructurales de hospitales de media y larga estancia". Asimismo, se contemplan actuaciones dirigidas a la reducción de las contenciones mecánicas, el desarrollo de modelos de 'puertas abiertas' en dispositivos de hospitalización y la incorporación de mecanismos de evaluación participativa por parte de las personas usuarias y sus familias, pero no actuaciones que promuevan prácticas coercitivas o restrictivas de derechos.

Menores y víctimas de la violencia de género

El Ministerio se ha referido, también, al criterio de equidad, sobre el que ha explicado que "las actuaciones deberán orientarse a la reducción de desigualdades sociales en Salud Mental y a priorizar a colectivos en situación de vulnerabilidad, entre ellos personas en situación de 'sinhogarismo', menores en el sistema de protección y mujeres víctimas de violencia de género".

En cuanto a la prevención del suicidio, los proyectos deberán incorporar actuaciones dirigidas a poblaciones de alto riesgo y mecanismos de evaluación que permitan analizar los resultados desde una perspectiva de equidad.

Junto a ello, se incorporan "criterios de excelencia" para "la identificación de buenas prácticas". "Entre ellos figuran la participación activa de usuarios y familiares en la toma de decisiones, el trabajo intersectorial sobre determinantes sociales de la salud y la incorporación de expertos por experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos", ha enumerado el Ministerio.