El Supremo da la razón al Estado y anula la recuperación del cuartel de la Guardia Civil a cargo del Ayuntamiento de Sabadell

La batalla jurídica que durante años ha planeado sobre el viejo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell (Vallès Occidental), conocido popularmente como 'la Caserna' ha llegado a su fin. O al menos, esto parece. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la que da la razón al Estado y niega al Ayuntamiento la potestad de haber declarado unilateralmente, en 2018, nulo el convenio firmado en 2006 con el Ministerio del Interior y que la titularidad a partir de entonces sería del ayuntamiento. Un acuerdo, cabe recordar, que preveía la cesión del cuartel a cambio de tres millones de euros y la entrega de un solar municipal de 5.000 metros cuadrados.

La resolución judicial pone punto final a un litigio que se inició en febrero de 2018, cuando el gobierno municipal del cuatripartito —entonces liderado por Esquerra Republicana, Crida per Sabadell, Unitat pel Canvi y Guanyem— aprobó en pleno, junto a los convergentes, la nulidad de aquel convenio, a raíz de un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. Esta decisión, que no contó con el apoyo del PSC —hoy al frente del consistorio— permitía al Ayuntamiento recuperar la posesión del cuartel, a pesar de no ser su propietario. PP y Ciudadanos se abstuvieron, junto a los dos concejales socialistas no adscritos.

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El Estado, al considerar que el municipio no tenía competencias para invalidar aquel acuerdo, interpuso un recurso contencioso-administrativo. La primera sentencia, emitida por el Juzgado nº 16 de Barcelona, fue favorable al Ayuntamiento. Pero la situación dio un giro en mayo de 2022, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estimó el recurso de apelación del Estado y anuló el acuerdo plenario de 2018, haciendo suya la tesis de que la nulidad no podía ser decidida de forma unilateral por una de las partes.

Ahora, el Tribunal Supremo cierra definitivamente la puerta a la estrategia legal impulsada por el Ayuntamiento en 2018. En una sentencia inapelable, el alto tribunal fija doctrina jurisprudencial según la cual "los convenios interadministrativos no son revisables de oficio por una de las administraciones firmantes", según ha explicado el primer teniente de alcaldía, Eloi Cortés (PSC).

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Este mismo jueves, la alcaldesa Marta Farrés ha convocado una Junta de Portavoces extraordinaria y urgente para informar a los grupos municipales sobre la decisión del Supremo, conocida ayer. Paralelamente, el primer teniente de alcaldesa, Eloi Cortés, ha valorado públicamente la sentencia y ha apuntado que "ahora, de algún modo, volvemos al año 2006", en referencia al convenio inicial firmado por el entonces alcalde socialista Manuel Bustos y el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.

"El Tribunal Supremo ha establecido como jurisprudencia que los convenios interadministrativos no son revisables de forma unilateral", ha señalado Cortés. "Esto significa que la estrategia del gobierno de 2018, basada en la revisión de oficio, no era la adecuada, y así lo confirma el tribunal", ha añadido.

A pesar del revés judicial, Cortés ha asegurado que el consistorio "ha activado los servicios jurídicos municipales" para estudiar qué opciones legales quedan abiertas. "Todavía no podemos avanzar cuál será la estrategia, pero compartimos con todos los grupos municipales el deseo de que el cuartel pueda seguir albergando servicios públicos" ha remarcado.

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"Estamos ante una sentencia firme que nos sitúa de nuevo ante un escenario de hace casi dos décadas, pero no renunciamos a explorar caminos legales y políticos que nos permitan consolidar la función pública que hoy desempeña este espacio. La voluntad del Gobierno es seguir trabajando para que este equipamiento continúe al servicio de la ciudad".

El precio de la propiedad

La sentencia no solo cierra la puerta a la anulación del convenio, sino que, además, vuelve a situar sobre la mesa la única vía legalmente válida para adquirir la titularidad del edificio: el acuerdo original de 2006. Este estipulaba que el municipio debía abonar tres millones de euros y ceder un terreno. Con la nulidad del pleno de 2018 confirmada, la posesión de facto que actualmente ejerce el Ayuntamiento queda jurídicamente en entredicho. Si desea hacerse legalmente con el inmueble, deberá pagar.

Por el momento, el Ayuntamiento no ha confirmado si reiniciará conversaciones con el Ministerio del Interior para adquirir el cuartel en los términos pactados hace casi veinte años.

En definitiva, la sentencia del Supremo pone punto final a una batalla judicial de casi siete años y obliga al consistorio a replantear su estrategia. Lo que un día se presentó como una recuperación de soberanía municipal, hoy queda en papel mojado. Y el futuro del cuartel, una vez más, vuelve a estar en el aire.