La CCQC reclama modificar el Plan de Movilidad del Vallès para priorizar actuaciones vinculadas al transporte público

La Campaña Contra el Cuarto Cinturón (CCQC) ha presentado un requerimiento al Departamento de Territori para modificar la ejecución del Plan Específico de Movilidad del Vallès (PEMV). La petición parte de la premisa que debería, según el colectivo, priorizar las actuaciones orientadas a potenciar el transporte público, en detrimento de aquellas que plantean una ampliación de capacidad de carreteras, autovías y autopistas.

A través de la entidad ecologista Adenc, presentaron el 12 de mayo el requerimiento, que pone en valor una mejora en la movilidad colectiva por delante de la proyección de vías, como la ampliación de la B-40 entre Terrassa y Sabadell, para garantizar una buena comunicación entre los distintos municipios del Vallès con medios como el tren.

A través de un comunicado, la CCQC desata que el PEMV establece más de 60 actuaciones con un presupuesto de 2.800 millones de euros para rebajar la congestión en la movilidad vallesana, fomentar el trasvase modal hacia el transporte colectivo en detrimento del vehículo privado y reducir la contaminación y las emisiones. Ya en enero, destaca el colectivo, el Departamento de Territorio presentó un informe de seguimiento en el que se desatacaba que no se podrían alcanzar los objetivos establecidos en 2026, por una "ejecución parcial y sesgada" del PEMV, resalta.

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Por este motivo ha presentado un requerimiento que comportará analizar la situación en la comisión paritaria de las secretarías de Movilidad e Infraestructuras y de Transición Ecológica, con el fin de detener proyectos viarios vigentes, como la B-40. En su lugar, apuestan por la activación de proyectos que tienen que ver con la movilidad sostenible, sea en tren o en bus, entre otros.

"Si el Departamento no actúa con los mecanismos de reorientación del PEMV, no sólo estará desvirtuándolo, sino que estará incumpliendo los requerimientos ambientales establecidos en el mismo plano, en la legislación autonómica, en directivas europeas, y en acuerdos internacionales, tal y como reclama la comunidad científica", concluyen.