Fiscalía pide 8 años de prisión a ‘la muleta’ de Bustos en la pieza principal del caso Mercuri

La Fiscalía ha hecho públicas las penas solicitadas para los acusados en la primera y más importante de las 36 piezas en que se ha dividido el /esconocido como 'caso Mercuri', la que investiga el supuesto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en Sabadell (Vallès Occidental). Esta pieza, conocida como la de los sobornos, pone en el centro a Jordi Soriano, exconcejal del PP y figura clave para que el gobierno de Manuel Bustos (PSC) sacase adelante buena parte de sus proyectos entre 2007 y 2011.

El Ministerio Público solicita para Soriano, a quien el sumario considera el principal beneficiario del cobro de comisiones, una pena de ocho años de prisión: cinco por un presunto delito continuado de soborno y tres más por blanqueo de capitales. Además, pide una multa de 60.000 euros por el primer delito y 250.000 euros por el segundo. La acusación popular, representada por la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, ha anunciado este jueves 10 de abril que se adhiere a las peticiones de la Fiscalía.

Aunque Bustos —alcalde socialista de Sabadell durante 13 años y rostro más visible del caso— no figura entre los acusados de esta pieza, desde la acusación popular insisten en su implicación indirecta. “Cuesta creer que el alcalde, que tenía un control absoluto de lo que ocurría en el Ayuntamiento, no supiera a qué empresas se adjudicaban los contratos”, ha declarado Isidre Soler, portavoz de la plataforma.

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El juicio se celebra más de doce años después del estallido del caso y será con jurado popular, dada la magnitud del proceso: hay 20 personas acusadas, entre ellas empresarios, funcionarios, y exconcejales. Entre los acusados figuran también la esposa e hija de Jordi Soriano. Para ambas, el fiscal pide dos años de prisión por blanqueo, además de multas de 150.000 euros y 45.000 euros, respectivamente.

También se sientan en el banquillo los responsables de la funeraria Torra SA y su socio, para quienes se solicitan cinco años de prisión y multas de 1,2 millones de euros. Entre las empresas investigadas aparecen Premier Life SL, Constresnius SL, Excavallès Occidental SL, Construcciones Baldó y Puerto Cavero, cuyos responsables se enfrentan a penas de entre ocho meses y cuatro años de prisión, según el caso.

Otro de los acusados es el empresario /esNicolás Ginés, quien, junto a la entonces concejala de ICV Carme García, destapó el caso Mercuri. Para él, la Fiscalía solicita dos años de prisión y una multa de 452.000 euros.

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Una pieza clave

La pieza número 1 del caso investiga el presunto pago de comisiones ilegales a cambio de concesiones de obras públicas, señalando a Jordi Soriano como principal receptor de los pagos. En ella se imputan presuntos delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, así como supuestas negociaciones a funcionarios. Sin embargo, ningún miembro del gobierno municipal de Bustos figura entre los encausados, pese a que las adjudicaciones ocurrieron bajo su mandato.

En 2007, Bustos gobernaba en minoría y necesitaba los votos del PP para aprobar determinados proyectos, el entonces alcalde empezó en 1999 y tuvo mayoría absoluta entre 2003 y 2007. La acusación popular considera que Soriano actuó como una especie de "socio externo" del gobierno municipal, facilitando acuerdos a cambio de comisiones.

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El Ministerio Fiscal ha llamado a declarar a 26 testigos, entre ellos trabajadores de empresas implicadas, funcionarios municipales, exconcejales y hasta 17 agentes de los Mossos d’Esquadra. La acusación popular ha solicitado que comparezcan cuatro testigos más, incluidos miembros de ICV que estaban en la oposición en aquel momento.

Un detalle es que Manuel Bustos no está citado a declarar. Desde la plataforma confían en que, durante el desarrollo del juicio, algún acusado lo señale directamente y se vea obligado a comparecer.