Un tribunal popular decidirá si el exalcalde de Sabadell Bustos malversó fondos públicos en la Federació de Municipis de Catalunya

El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos se sentará en el banquillo de los acusados por la pieza 25 del 'Caso Mercuri', la investigación judicial por presunta corrupción municipal destapada el año 2012. La causa llegará finalmente a juicio en enero de 2026 tras ser reactivada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

Bustos, en calidad de presidente de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), está acusado de un presunto delito continuado de malversación de fondos públicos. Tanto Fiscalía como la acusación popular, la Plataforma Lliure de Corrupció SBD, solicitan para el exedil socialista una pena de dos años y un mes de prisión, además de cuatro años y un mes de inhabilitación para ejercer ningún cargo público. El delito de malversación es definido por el Código Penal como el que puede cometer un funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiase o consintiese que un tercero se apropiase de patrimonio público al que tiene acceso por sus funciones públicas.

Según apunta la plataforma, la "FMC habría financiado presuntos gastos personales de sus directivos con fondos que, aunque administrados por una entidad privada, provenían mayoritariamente de las arcas públicas".

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El proceso judicial arrancará el 13 de octubre de 2025 con el sorteo del jurado popular. El juicio como tal comenzará el 19 de enero de 2026 con la constitución del jurado y la exposición de cuestiones previas. A partir del 20 de enero y hasta el 6 de febrero, están previstas las declaraciones de los testigos y los acusados.

Entre las supuestas irregularidades investigadas, según apunta la plataforma, se encuentran pagos de comidas en restaurantes, la compra de embutidos, viajes en avión a congresos del PSOE en Sevilla, gastos en aparcamientos y combustible para vehículos particulares, además de una subvención de 24.000 euros otorgada de manera supuestamente fraudulenta a la Fundación ACSAR. Según la acusación particular, parte de este dinero se destinó a retribuir a Ligia Castelo, responsable del Casal Latino de Sabadell, que según la plataforma sería afín a su partido. La plataforma también asegura que se abonaron facturas de asesoría externa sin justificación.

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Reactivación tras un archivo

Junto a Bustos, se sentarán asimismo en el banquillo de los acusados Adolfo Moreno, exsecretario general de la FMC; José Antonio, exdirector de la Fundación ACSAR; y Montserrat Costa, asesora de comunicación de la FMC. Las penas solicitadas oscilan entre los tres meses y 15 días de prisión para Costa y el año y 1 mes de prisión para Cabanillas.

El proceso judicial ha sido largo y accidentado. En 2020, la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona archivó la causa al considerar que los fondos de la FMC eran de naturaleza privada. La Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión. Finalmente, la Audiencia Provincial reabrió el caso y ordenó su juicio ante un Tribunal Popular.

Desde la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció han denunciado que "el descontrol en la gestión de fondos públicos ha facilitado presuntas prácticas fraudulentas y que este juicio es una oportunidad para esclarecer responsabilidades".