La Síndica de Catalunya insiste en "garantizar la transparencia" de la tasa de residuos del Vallès en su informe anual

El 2025 trae la gestión de un nuevo tributo para los municipios catalanes: la tasa de residuos obligatoria por mandato europeo. Este gravamen, que algunos ayuntamientos ya han implementado en 2024, como los de la comarca del Vallès Occidental, ha generado un alud de quejas y consultas entre vecinos y síndicos locales. Tanto es así que la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha abordado el tema en su informe anual de 2024, presentado este 18 de marzo.

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La implementación de esta tasa no ha sido un camino exento de polémica. La Síndica ya abrió una actuación de oficio para analizar cómo el Consell Comarcal del Vallès Occidental reguló y aplicó el tributo en municipios como Sabadell, Terrassa o Rubí. El motivo principal de la actuación fueron las numerosas reclamaciones recibidas por el incremento significativo de la tarifa respecto al año anterior. El modelo de cobro ha sido uno de los principales focos de malestar ciudadano: la factura se divide en dos recibos, uno por la recogida y transporte de residuos municipales, el primero gestionado por el Consell Comarcal y el segundo por los ayuntamientos.

Ante este escenario, la Síndica de Catalunya ha emitido una serie de recomendaciones. En primer lugar, ha exigido que la notificación del alta en el registro de la tasa se haga de manera individual y mediante carta certificada. De lo contrario, dice que la administración responsable, en este caso el Consell Comarcal del Vallès a través del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (DIBA), no podrá aplicar recargos adicionales si no se paga a tiempo.

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Además, insta tanto al Consell Comarcal como, en concreto, al Ayuntamiento de Rubí a reforzar la divulgación de información para que la ciudadanía comprenda la estructura de costes del servicio, los motivos del incremento tarifario y los beneficios de delegar la gestión del tratamiento de residuos. "Es necesario garantizar la transparencia en los precios de ambos servicios y evitar que se pueda generar confusión", insiste la Síndica en su informe después de reparar en la cuestión meses atrás.

Otro punto clave del documento es la necesidad de fomentar el conocimiento sobre las bonificaciones aplicables y la importancia de reducir la generación de residuos. El informe subraya la urgencia de promover cambios de comportamiento entre los ciudadanos a través de campañas de concienciación. "Hay que llevar a cabo actuaciones de concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de una buena gestión de residuos, tanto por el impacto por la salud de las personas como por el medio ambiente", señala la Síndica.

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Para el Ayuntamiento de Rubí, la institución recomienda extender las bonificaciones por el uso de la "deixalleria Cova Solera" a todas las instalaciones de este tipo en el municipio. Básicamente en el punto verde móvil. Algo que el síndico de Rubí confirma a este diario que ya se está implementando. Asimismo, solicita que se concreten actuaciones y plazos para implementar sistemas de recogida de residuos con identificación de usuario. El objetivo final es establecer el llamado "pago por generación", donde cada ciudadano pague en función de la cantidad de residuos que produzca, algo que según el síndico municipal "se está estudiando".

Esta tasa no es un capricho local, sino consecuencia de una normativa europea que España ha trasladado a su legislación. La ley establece que los más de 8.000 municipios del país deben implantar esta tasa antes del 10 de abril de 2025. Su propósito es claro: aplicar el principio de "quien contamina, paga" y trasladar a los ciudadanos la responsabilidad del coste de gestionar sus propios residuos.