La retirada de amianto se retrasará en Badia del Vallès por “un obstáculo técnico” en las viviendas

Lo que debía ser un hito histórico para Badia del Vallès, la ciudad que se ubica a apenas 20 minutos de Barcelona y que cumple justamente 50 años, al convertirse en la primera ciudad europea libre de amianto, ha encontrado un nuevo obstáculo. O, mejor dicho, varios. Las obras, que inicialmente debían arrancar en marzo de 2025 con la intervención en 132 comunidades de vecinos (una cifra en aumento desde las 115 previstas en verano), pueden llegar a retrasarse hasta finales de año debido a imprevistos que el Ayuntamiento asegura haber detectado recientemente.

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Entre los problemas se encuentran las /esconexiones de las tuberías de amianto con las calderas, cuya sustitución requiere un estudio técnico para determinar la instalación adecuada para reponer este material tóxico que cuando se degrada desprende un polvo cancerígeno. Además, un 10% de las viviendas presenta construcciones ilegales en las galerías de amianto, desde pequeñas habitaciones hasta trasteros improvisados. Incluso algunos vecinos han creado espacios habilitados para sus mascotas.

Las obras, aún sin licitar, afrontan un proceso de adjudicación que se prolongará durante tres meses. Cabe recordar que el proyecto es de tal magnitud que está previsto que se ejecute en tres bloques. El alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez (PSC), admite que estos imprevistos afectan a pocos edificios, pero subraya que la decisión final recae en el Departament de Treball i Empresa, que debe autorizar la intervención.

Respecto a las conexiones con las calderas, explica: "Estamos trabajando con la autoridad competente, en este caso el inspector del gas, para encontrar una solución. No es un problema generalizado, pero necesitamos verificar cada caso, por saber si las conexiones tienen sentido al ser una caldera muy antigua".

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Reuniones con los vecinos

Para avanzar en el proceso, el Ayuntamiento prevé iniciar reuniones con los vecinos durante este mes marzo con el fin de detallar el proyecto y recabar su aprobación. "Se trata de una intervención pública en propiedades privadas, por lo que necesitamos el visto bueno de las comunidades", aclara Martínez.

Donde podría existir más controveria es entre los vecinos que tienen la construccion ilegal. El alcalde, sin embargo, dice que "no será un problema", ya que la Ley solo exige una mayoría simple en cada comunidad de vecinos para aprobar la intervención, "lo cual facilitará mucho el proceso", asegura con mucha seguridad.

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"Es un desastre de gestión"

El presidente de la Asociación de Vecinos de Badia, Juan José Díaz, no oculta su indignación: "Esto es un desastre. El Ayuntamiento conoce estas irregularidades desde hace años y ahora dice que le han pillado por sorpresa. No saben gestionar un proyecto de esta magnitud y los vecinos somos los que vamos a pagar las consecuencias". Ante este escenario, la Asociación ha decidido movilizarse. En los próximos días iniciará una recogida de firmas para exigir soluciones "inmediatas" y evitar que el proyecto se eternice y, afirma, convocará una protesta.

Además, temen que la subvención de 4,5 millones de euros caduque en 2026. "Con la inflación disparada, veremos si ese dinero sigue siendo suficiente para completar la obra. Y si no se ejecuta antes de 2026, lo perderemos", advierte Díaz.

El colectivo vecinal también ha convocado una asamblea abierta para el 20 de marzo, donde informarán a los residentes sobre la situación y debatirán posibles movilizaciones. "Estamos cansados de promesas vacías. Queremos fechas concretas y garantías de que esto se hará bien", sentencia el presidente 

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"Seguimos siendo rehenes del amianto"

"La nuestra es una ciudad de amianto. No hay otro municipio en todo el Estado donde la totalidad de los edificios estén afectados por este grave problema. Seguimos siendo rehenes del amianto, como lo han sido todas las personas que han vivido aquí", denuncia Díaz. De hecho, se calcula que actualmente hay en Badia unos 30 kilos de amianto por vecino.

Badia del Vallès fue concebida en 1970 por el Instituto Nacional de Vivienda, pero una descoordinación con el Ministerio de Transporte redujo drásticamente el número de viviendas previstas: en lugar de las 12.000 proyectadas, se construyeron solo 5.000. Estas viviendas de protección oficial, todas edificadas con amianto, acogieron a la población que llegaba a Catalunya desde el resto del Estado en busca de empleo en el sector industrial del Vallès y el área metropolitana de Barcelona.

Hoy, medio siglo después, la ciudad se enfrenta el desafío de librarse de este lastre tóxico que ha marcado su historia. Y, fieles a su naturaleza reivindicativa, los vecinos continúan luchando por una solución definitiva.

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