Un juez decidirá en mayo si debe ser desalojado un bloque ocupado en Sabadell con 30 familias

El próximo 8 de mayo se celebrará un juicio crucial para las 27 familias que residen en el Bloc Guillem Agulló, en Sabadell. Estas familias, vinculadas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sabadell (PAHC), ocupan el edificio desde marzo de 2020, aunque la PAHC como colectivo comenzó a ocuparlo en 2015.

Actualmente, el inmueble alberga a unas 150 personas, de las cuales 30 son menores y tres personas son dependientes. Al menos cinco de estas familias, con menores a cargo, están siendo atendidas por Servicios Sociales. Sin embargo, las familias no han logrado que los propietarios, SEROM y Gip Promotors 96, firmen contratos de alquiler social con ellas, según la PAHC.

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La PAHC Sabadell ha denunciado a través de un comunicado que "el proceso judicial contra estas familias es solo un ejemplo más de la terrible situación que viven miles de personas, donde la vivienda se ha convertido en un bien especulativo y no en un derecho fundamental", coincidiendo con el revuelo que ha tenido el caso de Casa Orsola en l'Eixample (Barcelona).

La portavoz de la plataforma, Aïda Guidus, explica que la actual situación del Bloc Guillem Agulló, con un desahucio en proceso, "refleja la vulnerabilidad que muchas familias trabajadoras padecen frente a la presión de fondos buitres inmobiliarios y especuladores" y añade que la propiedad del edificio, compuesta por SEROM y Gip Promotors 96, "se ha negado sistemáticamente a firmar contratos de alquiler con las familias".

Fuentes municipales del ayuntamiento de Sabadell han indicado que está al tanto del proceso judicial y realizará un seguimiento del mismo, sin querer hacer más declaraciones.

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Más de 100 días sin luz

Es justamente este edificio cuando en julio de 2023 estuvieron sin luz más de 100 días debido a un corte realizado por Endesa y los Mossos d'Esquadra, debido al “alto riesgo de incendio de los contadores”.

Según la PAHC, todas las familias que están viviendo en el piso disponen del certificado vulnerabilidad, algo que también confirmaron entonces fuentes de Endesa. La compañía eléctrica manifestaba que todas ellas ya habían entregado la documentación que lo acredita, lo que les da derecho a acceder a un contador social. Estos se instalaron, aunque, según fuentes de la PAHC "con unos pagos que sobrepasan los mínimos sociales" y, actualmente con cortes en las zonas comunes.