Cuatro acusados
Se celebra el juicio de la pieza 18 del 'caso Mercuri' por irregularidades en unas obras particulares en Sabadell
En el banquillo se sientan cuatro personas, entre ellas el tío de Manuel Bustos, Melquíades Garrido
La fiscalía rebaja la petición de inhabilitación para el exalcalde de Sabadell de 2 años a 7 meses

Los cuatro acusados de la pieza 18 del caso Mercurio en la primera sesión del juicio / ACN


ACN
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Los juzgados de Sabadell han acogido este lunes 13 de enero la primera sesión de la pieza 18 del 'caso Mercuri', que aborda una serie de delitos vinculados a unas obras de la calle Fernando Poo de la capital vallesana entre 2010 y 2011. Melquiades Garrido, presidente del Gremio de Constructores comarcal y tío del exalcalde Manuel Bustos, así como Manuel Somoza, ex director de Urbanismo en el Ayuntamiento, y dos funcionarios, Angelina Català y Daniel González, se sientan en el banquillo de los acusados por los delitos de falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio, hechos por los que la acusación popular y la fiscalía piden al menos dos años de cárcel.
El juicio se celebra en el juzgado de lo Penal número 1 de la capital vallesana, y se centra en los hechos vinculados a unas obras en el barrio de Els Merinals. Concretamente, se habría aprovechado un permiso de obras para cambiar la cubierta de un edificio para aumentar la altura y realizar una reforma.
Pese a la denuncia de los vecinos y el desplazamiento al lugar de una técnica del Ayuntamiento de Sabadell, Garrido habría trasladado a los trabajadores que arreglaría la situación por la puerta trasera. Así, lo trasladó a Somoza, quien habría movido hilos para resolver el expediente abierto en beneficio del tío del ex alcalde.
Los cuatro acusados
Por todo ello, se acusa a Garrido de tráfico de influencias y falsedad documental. Tanto la fiscalía como las acusaciones populares y la particular (el Ayuntamiento) le piden 2 años de cárcel, además de una multa económica que suma más de 44.000 euros, y entre 1 y 3 años de cárcel por falsedad documental.
A Somoza se le acusa de tráfico de influencias, y las acusaciones le piden 2 años de cárcel, multa económica de más de 44.000 euros y una inhabilitación de entre 6 y 9 años. Angelina Català se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa, y la fiscalía le pide 2 años de cárcel por cada delito, una multa de 40.000 euros y una inhabilitación de 14 años, mientras que la acusación popular pide 2 años de prisión y una inhabilitación de 19 años, y la particular 1 año de prisión y 11 de inhabilitación.
Por último, Daniel González está acusado de falsedad de documento oficial, le piden de 2 a 3 años de cárcel y la fiscalía añade inhabilitación mientras dure la condena.
Inicio del juicio
En la primera sesión del juicio, las defensas solicitaron que los acusados no intervengan hasta el final, previsiblemente el jueves. En las cuestiones previas, la defensa ha puesto sobre la mesa algunos de los aspectos que consideran que es necesario abordar para reducir las penas solicitadas.
La defensa de Angelina Català ha señalado que esta causa nada tiene que ver con la causa general del caso Mercuri, y ha pedido la nulidad de las acusaciones para su defendida. Por este motivo, ha reclamado que no se haga uso de las sentencias ya existentes de otras piezas separadas del caso.
Por su parte, la defensa de Daniel González criticó la dilación del procedimiento judicial, mientras que la de Manuel Somoza reclamó que no se haga uso de las conversaciones telefónicas por no proceder de acuerdo con la investigación de las irregularidades detectadas.
Por último, la defensa de Garrido ha denunciado la vulneración de derechos fundamentales de su representado, también señalando en las conversaciones telefónicas. En esta línea, ha puesto de manifiesto que la gran causa del caso Mercuri se planteó como un gran caso de corrupción urbanística, algo que no recorrieron en su día, pero ha denunciado que los motivos que motivaron la prórroga de las intervenciones telefónicas de Garrido, en tanto que presidente del Gremio de Constructores, no quedaban justificados cuando se confirmó que no se trataba de una causa centrada en el urbanismo y en la figura del tío del entonces alcalde. Por ello, considera que se ha vulnerado su derecho constitucional con las escuchas, reclamando la retirada de los audios para que no se puedan utilizar en la causa.
Del mismo modo, denuncia que si bien de entrada se acusa a de tráfico de influencias a Garrido, no fue hasta dos años más tarde, cuando tuvieron los planos aportados en el registro municipal, que corroboraron el contenido de las declaraciones en la fase de instrucción en lo que se refiere a las obras de la calle Fernando Poo. Con todo, considera que no queda probada la falsedad documental de la que también se acusa a Garrido.
Planteamiento de las acusaciones
Por su parte, la fiscalía consideró válida la justificación de las intervenciones telefónicas ante las quejas de vulernación de derechos fundamentales, que considera probado que no fue así, de acuerdo con el resto de pruebas recogidas durante la investigación. En este sentido, también considera probado el peso que tenía Garrido en el Ayuntamiento, dado que aparece en varios documentos como "el tío", en referencia al parentesco con el alcalde, y en las decisiones que se tomaban en torno a la adjudicación de obras.
Entre las conversaciones registradas, se pueden apreciar las irregularidad presuntamente cometidas a Fernando Poo y el conocimiento de la propia irregularidad, con expresiones como: "Coño, que acabaremos en prisión". Sin embargo, la fiscal ha recordado que a Manuel Bustos ya se le ha condenado por tráfico de influencias precisamente a partir de las conversaciones registradas.
El abogado del Ayuntamiento, en tanto que acusación particular, se ha mostrado en la misma línea que la fiscalía. En este sentido, ha destacado que en las primeras declaraciones ante el juez ya se le pidió a Garrido sobre la alteración del proyecto respecto a las obras previstas en el inmueble, si bien no se podía reclamar falsedad documental porque no se disponía de toda la documentación en su día.
En cuanto al abogado de la acusación popular, se ha alineado con fiscalía y acusación particular, destacando, en el caso de Garrido, que no es la única pieza en la que figura en el caso Mercuri y que las conversaciones registradas están plenamente justificadas.
La juez no consideró en esta primera sesión la nulidad de las pruebas pedidas por las defensas, principalmente las conversaciones telefónicas, una decisión que, dijo, se tomará a lo largo del juicio. Esta semana se podrán escuchar testigos de diferentes testigos y de los acusados, con la previsión de que la última sesión sea el viernes, 17 de enero.
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