El juzgado de Sabadell archiva la querella contra la Guardia Civil por torturas a un CDR en la 'operación Judas'

El juzgado de instrucción número 2 de Sabadell ha archivado la investigación contra once guardias civiles por torturas y otros delitos cometidos contra algunos miembros de los CDR detenidos en el marco de la "Operación Judas" en septiembre de 2019. La jueza admitió la querella, presentada en agosto de 2020, después de que en mayo pasado la Audiencia Provincial le ordenara investigar los hechos denunciados en Sabadell, Sant Andreu de la Barca y Tres Cantos (Madrid). La querella denunciaba delitos de detención ilegal, amenazas, coacciones, atentado contra la integridad moral y torturas durante la detención y traslado de Jordi Ros, por parte de agentes del mando de Información en Cataluña, dos capitanes y ocho agentes.

En un auto del 19 de diciembre, conocido a comienzos del año, la jueza instructora "culmina lo que ha sido una instrucción pésima y duramente criticada por la Audiencia de Barcelona", según denuncia Alerta Solidaria. Inicialmente, la jueza rechazó gran parte de la querella presentada en agosto de 2020 por Jordi Ros, miembro de los CDR detenido pocos días antes de hacerse pública la sentencia del juicio del Procés. Argumentó que solo debía investigar lo ocurrido en su partido judicial y dejó que otros jueces investigaran el maltrato originado en Sabadell. Reiteradamente se negó a citar a declarar a los once agentes implicados, identificados en la documentación de la operación.

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Sin embargo, la Audiencia, en respuesta a los recursos de Alerta Solidaria, en un auto del 22 de mayo de 2024, criticó duramente la inactividad de la jueza. Le recordó que los hechos eran continuados y tenían origen en el Vallès, que debía aceptar la querella en su totalidad, acordar diligencias mínimas como citar a los agentes implicados y le reprochó las dilaciones indebidas y la "pésima instrucción llevada a cabo hasta ahora".

Pocos días después de esta resolución, el 18 de junio, la jueza emplazó a las partes a posicionarse sobre la posible concesión de la amnistía a los once agentes de la Guardia Civil. La defensa se mostró favorable y la fiscalía, que también respondió a favor, solicitó previamente el archivo ordinario de la causa. Posteriormente, siguiendo las órdenes de la Audiencia, la jueza fijó para los días 17 y 19 de diciembre, seis meses más tarde, las citaciones de los once investigados. Sin embargo, cinco días antes de estas citaciones, la jueza, tras recibir nuevas solicitudes de las partes defensoras, aplazó sin nueva fecha las citaciones.

Quince días después, y justo antes de las vacaciones de Navidad, firmó un último auto en el que daba la razón al ministerio fiscal y a la defensa de los agentes, acordando el archivo de la causa al afirmar que no corresponde resolver la aplicación de la amnistía porque está pendiente una cuestión prejudicial ante el TJUE planteada por el Tribunal Supremo.

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Según Alerta Solidaria, esta última cuestión "no es más que un subterfugio, un fraude de ley, para archivar nuevamente el procedimiento aplicando la amnistía en caso de que la Audiencia vuelva a dar la razón al recurso de Alerta Solidaria como ya hizo con la admisión a trámite de la querella".

Desde Alerta Solidaria denuncian que se trata de "un boicot de más de cuatro años, que es de manual, y que en la práctica genera espacios de impunidad para la comisión de torturas y otros tratos inhumanos y degradantes. La inacción judicial en el Estado español, en relación con los malos tratos en comisarías, traslados y prisiones, ha llevado a condenas reiteradas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo un destacado exponente de esta lamentable situación el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska".

En la querella, Jordi Ros alegaba que se registraron su domicilio, el de sus padres y el de su hermano sin la presencia de su abogado, con quien no pudo contactar hasta 33 horas después de la detención, ya en Madrid. Durante el traslado al centro médico de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), donde la Guardia Civil tiene su sede principal en Cataluña, los agentes lo presionaron para que se autoinculpara, diciéndole que si no lo hacía detendrían a su pareja al llegar al aeropuerto del Prat, ya que sabían que venía de viaje. También lo amenazaron con hacer daño a su hermano y a su familia.

Durante el trayecto en coche hasta Tres Cantos, estuvo con el tronco inclinado hacia adelante, le impidieron dormir y le hicieron preguntas continuamente. Además, le colocaron un antifaz.

Ya en Tres Cantos, le dieron una botella de agua que le provocó mareos, pérdidas de memoria y de la noción del tiempo y el espacio, así como de sus capacidades en general. Esto le hizo sospechar que le introdujeron alguna sustancia en la bebida.

Antes de entrevistarse con su abogada de oficio en Madrid, un agente le recordó que "el pacto" para no hacer daño a su hermano, padres o pareja pasaba por aceptar a la abogada de oficio y declarar todo lo que supuestamente habían descubierto durante la investigación.

Para archivar la querella, la magistrada alega que no ha encontrado indicios de delito más allá de lo escrito. En su declaración al juzgado, asegura que el querellante no aportó más detalles sobre los supuestos delitos, y tampoco sus padres explicaron nada que haga sospechar de los hechos descritos. La jueza también recordó a Ros que presentó un "habeas corpus" en la Audiencia Nacional en septiembre de 2019, pero no alegó ninguno de los hechos descritos en la querella presentada once meses después.