“Exigimos una reforma urgente del Código Penal”: nueve alcaldes de la región de Barcelona claman contra la inseguridad

Las grandes ciudades que integran la Asociación Arc Metropolità de Barcelona, entre las que destacan Sabadell, Terrassa, Mataró, Rubí y Granollers, no cesan en su empeño por abordar la seguridad y combatir la multirreincidencia, "que genera una sensación de inseguridad entre los vecinos de nuestros nueve municipios".

Según la presidenta del Arc y alcaldesa de Rubí, Ana Maria Martínez (PSC), este es uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía, y, en su opinión, es "urgente" poner los puntos sobre las íes para combatir la inseguridad en los municipios metropolitanos.

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Por este motivo, desde el Arc solicitarán al Congreso de los Diputados a que tramiten una modificación del Código Penal (concretamente de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) para endurecer las penas a quienes cometan delitos.

"En ocasiones, los esfuerzos de los Mossos son nulos y no sirven de nada si no hay medidas penales que garanticen que quien cometa un delito reciba la pena que le corresponda. Si no se producen cambios en el Código Penal, esta situación no mejorará", ha afirmado la presidenta,

A pesar de la reciente modificación del Código Penal en relación con la multirreincidencia de 2022, los resultados esperados, dicen, no se han materializado debido a la falta de "aplicación efectiva". "Esto se debe a la escasez de jueces penales y a las limitaciones impuestas por la doctrina del Tribunal Supremo", aseguran los ediles. Por este motivo, exigirán también un aumento en la plantilla judicial para asegurar una correcta implementación de la normativa y abordar de manera más eficiente el problema de la multirreincidencia en delitos de hurto.

"La multirreincidencia permite que un delincuente esté en la calle, incluso con 60 antecedentes, y eso debe abordarse inmediatamente", ha reclamado el alcalde de Martorell y vicepresidente de l’Arc, Xavier Fonollosa (Junts).

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'Ocupaciones delictivas'

En esta misma línea, los alcaldes exigen que se penalicen a todas las ocupaciones delictivas con un aumento en las penas y que no se considere como domicilio a quienes están ocupando ilegalmente un inmueble. "Lo mismo ocurre con la ocupación ilegal de viviendas, que en España no se penaliza y, en pocas horas, se convierte en un derecho. Es el mundo al revés. Proponemos modificar el Código Penal para incluir penas de prisión para los ocupantes ilegales", señala el vicepresidente del Arc.

Desde la asociación también han recordado que diversas encuestas - tanto locales como de ámbito regional, a modo de ejemplo el Dibarómetro - indican que la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía. Fonollosa ha insistido en que "como poderes públicos, estamos obligados a hacer algo para restablecer la sensación de seguridad".

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Nuevo convenio con Interior

Otra medida que los alcaldes han acordado es reclamar al Departamento de Interior y Seguridad Pública, bajo la batuta de la 'consellera' Núria Parlon, la creación de un nuevo marco de colaboración y coordinación entre los Mossos d’Esquadra y los cuerpos de policía local. Veinte años después del convenio actual consideran que es "necesario actualizar el modelo actual para adaptarlo a las nuevas demandas y necesidades de la ciudadanía".

"Es necesario un acuerdo de criterios compartidos y dispositivos conjuntos. La planificación debe adaptarse a las características de cada territorio, ya que la situación es diferente en cada lugar. La colaboración entre los cuerpos de seguridad no funciona a todos los municipios y en muchos casos, la dirección del conjunto de Áreas Básicas Policiales (ABP) o la cooperación interna en el territorio no responden a un modelo de funcionamiento unificado", ha señalado la presidenta del Arc.

Los ediles argumentan que es fundamental reformular las competencias y los protocolos de coordinación entre ambos cuerpos.