El trauma del amianto en Catalunya: cientos de víctimas siguen sin cobrar indemnización por la muerte de familiares

Lo recuerda como si fuera hoy. Con sentencia firme en mano y a la espera de una indemnización desde 2021, Sara Mercado, vecina de Ripollet, lucha por sus derechos y, sobre todo, por los de su madre. Era diciembre de 2012 cuando a Rafaela Ruiz le detectaron un mesotelioma peritoneal con tan solo 49 años. Es un tipo de cáncer de pulmón que acorta la esperanza de vida a dos años como mucho, causado por la exposición al amianto, un material tóxico cuando se deteriora y desprende polvo, prohibido en España desde 2002. La madre de Sara murió en 2014. 

Rafaela fue una víctima "pasiva doméstica" de la antigua fábrica de Uralita en Cerdanyola del Vallès, que produjo placas de fibrocemento hasta que cerró en 1997, tras 90 años en activo. Su padre trabajó allí toda su vida y ella inhaló el polvo de amianto de su ropa y su cabello. Así lo reconoció la Sala Civil del Tribunal Supremo a los familiares de los operarios de la empresa, que retornaban a sus domicilios con los monos contaminados de asbesto. Sara resalta que afrontaron “muchos recursos cruzados y años de lucha”. Siente que lo que Uralita cometió con su madre fue un "asesinato".

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Sin embargo, la indemnización podría no llegar nunca. La compañía de la fábrica vallesana, ahora denominada Coemac y considerada la 'zona cero' del amianto en España, se declaró insolvente para reparar a los afectados. Cayó en un concurso de acreedores en 2020, un año después de que la Audiencia de Madrid la condenara a pagar 3,4 millones de euros a las víctimas y sus parientes.

Es el mayor varapalo que ha encajado, tras otro castigo de dos millones de euros en 2017, ambos por afectados de Cerdanyola y Ripollet. Las dos demandas colectivas sumaban cerca de 50 damnificados, todos ellos familiares de empleados de Uralita y personas que residían o trabajaban cerca de la factoría. Solo dos llegaron a tiempo de ver las resoluciones con vida. El Col·lectiu Ronda es la cooperativa de abogados que lidera las reclamaciones de daños por amianto en Catalunya. Cifra en "centenares" los casos de perjudicados que, pese a tener derecho, siguen sin poder cobrar mientras arrastran el trauma de haber sufrido la pérdida de sus familiares.

"No tenemos esperanzas"

Uno de los fallecidos que figuraban en aquellas sentencias era Agustín Medina. Nunca trabajó en Uralita, pero trasteaba de niño con los pedazos de fibrocemento dispersos en torno a la nave, igual que los demás críos del barrio. Nadie les avisó del peligro de aquellos retales con los que montaban juguetes y que la carga nociva de permanecer en contacto con el amianto tarda décadas en manifestarse.

Medina murió a los 59 años, apenas un año después de que le diagnosticaran un mesotelioma. Llegó a denunciar antes de fallecer, pronto hará nueve años. Su viuda, María García, y sus dos hijos aún aguardan a que Coemac los resarza. "Tal como están las cosas, no tenemos esperanzas. Si el pobre lo pudiera ver, se indignaría", piensa García. "Agustín lo hizo por un bien, porque nuestros hijos aún estudiaban entonces. Estaba muy preocupado. Siempre hemos ido 'justito' [de dinero] y su miedo era cómo nos íbamos a quedar, porque sabía que iba a fallecer", evoca.

El Col·lectiu Ronda registra unos 500 casos de afectados por exposición laboral al amianto, de los cuales 400 están vinculados a la fábrica de Uralita. El despacho se presentó en el procedimiento concursal solicitando 25 millones de euros que se adeudaban a sus clientes. Ahora la petición ya alcanza los 27 millones.

Fondos compensatorios

"Tenemos cientos de sentencias favorables con cifras significativas, que van desde los 300.000 hasta los 600.000 euros por mesotelioma, las cuales no se han podido pagar debido a la falta de activos suficientes para cubrir el pasivo de Uralita", explica Esther Costa, abogada del Col·lectiu Ronda. “La Agencia Tributaria y la Seguridad Social cobran primero, y, si hay fondos adicionales, se distribuyen entre los demás acreedores. Tenemos personas con enfermedades, incluso con sentencias favorables, que no han recibido compensación. Estamos a la espera de ver cómo se resuelve este concurso, que parece que no tendrá fondos restantes”, detalla.

En el caso de la familia de Sara, Uralita debe unos 400.000 euros para cuatro miembros de la familia. María calcula que le corresponden 190.000 euros y a sus dos hijos, 90.000 a cada uno. "Sabía que tardaría, pero nunca pensé que podría pasar tanto tiempo. Cuando llegó la sentencia de Madrid, lo daba por acabado", admite. Coemac recurrió el fallo de primera instancia ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.

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Isabel Andrés Portí, residente en Sabadell, se enfrenta una situación similar: su padre falleció a los 71 años en 2015 por la exposición al amianto. Los abogados le advirtieron que sería difícil obtener compensación debido a la presunta quiebra de la empresa. Sin embargo, poco después de que la empresa se declarara en concurso de acreedores y cuando el juicio se acercaba, la familia de Portí alcanzó un acuerdo transaccional con la antigua Uralita, por el que la empresa se declaró responsable por el mesotelioma que el hombre contrajo por los ocho meses que trabajó como aprendiz en la fábrica de Cerdanyola.

La empresa debe a la familia una alta cantidad de dinero —que prefiere no concretar— y que Isabel cree "que no llegará nunca"."Ante esta injusticia", Portí dice que alzará la voz "con todos sus medios". De hecho, su próximo proyecto es un documental con el que quiere "visibilizar su caso y el de centenares de familias afectadas por el amianto", ya que, asegura, "queda mucho trabajo por hacer".

Ante la difícil situación económica de Uralita y el aumento de afecciones por exposición al asbesto, el Senado aprobó en octubre de 2022 crear un Fondo de Compensación de Víctimas del Amianto. Su objetivo es restituir los daños causados, aunque aún no se ha implementado porque carece de un reglamento que lo desarrolle. Este mecanismo ya existe en países como Bélgica, Holanda y Francia. Sin embargo, la letrada Costa critica que se desconozcan los detalles que regularán el fondo de compensación español y lamenta que “probablemente no se acerque ni de lejos a las sumas que los tribunales han exigido a Uralita”.

"Las víctimas tendrán que ir al fondo al final, aunque también pone condiciones y tiene sus inconvenientes", observa el presidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Catalunya, Benedicto Martino. Subraya que no todos los supuestos quedan cubiertos y que las retribuciones quedarán por debajo de las que los juzgados dictan. En principio, se estimó que el fondo se dotaría con 25 millones de euros y las compensaciones propuestas fluctúan entre 27.359 y 68.399 euros por caso.

"Se va a conseguir no tener que llegar a juicio, pero las indemnizaciones son muy bajas. En cualquier caso, no pagan una muerte", deja claro Martino. También distingue entre las diferentes empresas amonestadas por no haber prevenido la dispersión del polvo tóxico: "Ha habido personas en Catalunya que sí han cobrado en el último año, como los trabajadores afectados de Jurid Ibérica, de El Prat de Llobregat. Si puede, Uralita alarga el proceso al máximo para retrasar el pago. El denunciante no lo ve, porque muere antes, y los familiares se dan por vencidos".

"Pagamos todos la responsabilidad de unos pocos porque este fondo está conformado en gran parte por nuestros impuestos", denuncia Mercado. La secunda Costa, quien lamenta que "no hay suficiente dinero para asumir la enorme cantidad de indemnizaciones que se deben pagar".

El mineral mágico

Rafaela, la madre de Sara, quería ser peluquera cuando era pequeña. Tenía por costumbre peinar a su padre, que volvía de la fábrica a casa con los rizos y la ropa de trabajo blancos por el amianto, sin saber que respirarlo acabaría con su vida. 

El abuelo de Sara se hundió al conocer el diagnóstico de su hija y murió tan solo seis meses después. “No lo podía soportar y se dejó ir, no quería vivir más”, relata su nieta. Había conocido casos similares de compañeros de fábrica que habían estado en contacto con el amianto y habían sufrido sus consecuencias. “Es como una lotería. Con inhalar una sola fibra de amianto se puede contraer un mesotelioma, que tiene un periodo de latencia hasta que la enfermedad aparece de 20 a 40 años”, manifiesta Costa.

La abogada señala que todas las familias de Cerdanyola han tenido algún contacto cercano con el 'mineral mágico', conocido así por el amplio uso que adquirió en el siglo XX. García charló hace poco con un amigo de infancia de su marido: "Jugaban juntos cerca de la fábrica. Ahora él también está enfermo por el amianto. Lleva cuatro años luchando".

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