La ocupación de viviendas en el punto de mira de los alcaldes metropolitanos el 28-M

Los ayuntamientos metropolitanos destinan grandes esfuerzos en evitar las ocupaciones. Buscan soluciones para los casos de necesidades sociales y trabajan para combatir a aquellos ligados a la delincuencia. Al mismo tiempo, el encarecimiento de alquileres e hipotecas les ha llevado a acelerar las políticas para promover una oferta pública asequible para muchas familias que no pueden pagarse un piso.

Son retos que los ayuntamientos toman como administración más inmediata, aunque lamentan que son cuestiones que dependen de un paraguas legal estatal mucho más amplio. Más endurecimiento normativo, compra de fincas, reconversión de espacios o creación de ARES son las principales apuestas de los partidos.

Según datos de los Mossos d'Esquadra -expuestos por ACN-, Badalona, Mataró y Sabadell se sitúan por encima del ratio medio de 'okupaciones'. El caso más extremo es Badalona, con 1.169,1 casos por cada 100.000 habitantes, más del doble que los 448,1 de Catalunya. Desde 2019, las ocupaciones anuales se habían mantenido entre los 500 y los 580 casos, pero el pasado año hubo 634.

Entre 2019 y 2021, hubo 439 actuaciones de los Mossos en Badalona por problemas de convivencia derivados de viviendas ocupadas. La cifra se sitúa casi a la mitad respecto a la media catalana. La plataforma Sant Roc Som Badalona suscribe estos datos y reivindica que las ocupaciones mayoritarias son de “personas normales que quieren vivir tranquilas”.

El presidente de la entidad, Carles Sagués, pide a los partidos políticos que "vayan al fondo" de la problemática para garantizar el derecho a la vivienda y acabar con los desahucios. Señala las viviendas sociales como solución básica, pero critica la "lentitud" de la administración a la hora de facilitar el acceso a estos pisos. Asegura que esto aboca a muchas familias a acudir al mercado negro.

Sagués resalta que hay un “desfase importantísimo” entre el mercado laboral y el inmobiliario, lo que, dice, acaba dejando sin hogar a muchas familias. “Se acaba desembocando en situaciones que se califican de forma despectiva como ocupaciones peligrosas”, lamenta.

Las ocupaciones en Badalona han sido uno de los caballos de batalla de Xavier Garcia Albiol. El concejal y candidato del PP sostiene que las ocupaciones derivadas de necesidades sociales "son minoritarias". Considera que se señala erróneamente a los okupas como víctimas, “cuando en realidad lo son las personas a las que les han entrado en su piso”.

Albiol insiste en que la "inmensa mayoría" de ocupaciones son conflictivos y ve la nueva Ley de Viviendas aprobada por el Congreso como una herramienta "que consolida aún más" estos casos. Por eso hace un llamamiento a demostrar “voluntad política” desde los ayuntamientos metropolitanos. Sin embargo, afirma que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es una “gran piedra en el zapato” que impide un consenso entre los diferentes colores políticos. "Si vuelve a gobernar, será el gran freno metropolitano para que los ayuntamientos podamos tomar medidas conjuntas ante este fenómeno", espeta Albiol.

Mataró, segunda capital de comarca en ocupaciones

En el caso de Mataró, existen más de 760 pisos ocupados por cada 100.000 habitantes, un 69% más que la media catalana. Esto sitúa a la ciudad del Maresme como la segunda capital de comarca con un ratio más alto, después de Figueres.

Desde 2018, las ocupaciones han ido al alza, disparándose especialmente en 2022: hubo 75 casos nuevos más que el año anterior. Las intervenciones de los Mossos por incidentes de convivencia vinculados a ocupaciones se sitúan por debajo de la media catalana.

El alcalde y candidato a la reelección con el PSC, David Bote, garantiza que los datos de ocupaciones conflictivas de este año van a la baja. "Pero ni mucho menos nos damos por satisfechos", avisa, señalando el patrullaje policial y la "batalla" administrativa como herramientas básicas para combatirlas. Bote remarca que en el último año la Policía Local ha desalojado a más de un centenar de inmuebles.

Defiende una tarea "muy dura y taxativa" contra las ocupaciones y reivindica que Mataró sea una de las ciudades que siga liderando un cambio legal para acabar con esta cuestión "de forma definitiva". En paralelo, apuesta por trabajar políticas proteccionistas "de aquellos vecinos que están en riesgo de perder su vivienda". "La puerta de entrada a un derecho como es el derecho a la vivienda no puede ser un delito", resalta.

Mataró y Sabadell han sido dos de las ciudades de la asociación Arc Metropolità que más han levantado la voz contra las ocupaciones conflictivas. En la cocapital vallesana, el ratio de ocupaciones es de 492,6 casos por cada 100.000 habitantes, poco por encima de la media catalana. Desde 2019, los datos han ido fluctuando. De 2021 a 2022, sin embargo, hubo un descenso destacado, con 80 casos menos. En cuanto a las intervenciones policiales por conflictos de convivencia, el ratio es sustancialmente inferior al promedio.

La alcaldesa de Sabadell y candidata del PSC en el 28-M, Marta Farrés, preside el Arc Metropolità. Recalca que las posibles líneas de actuación para garantizar el acceso a la vivienda y evitar dar pie a las ocupaciones son múltiples: "Hacer vivienda asequible pública, pública-privada oa través de consorcios, por ejemplo".

Al mismo tiempo, apunta que han trabajado de fondo para evitar las ocupaciones conflictivas con medidas que acaben beneficiando al acceso al parque público. En este sentido, el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento para invertir poco más de 5 millones de euros en adquirir tres bloques en los que se concentran este tipo de casos. El objetivo es desalojar a los vecinos y destinar los inmuebles al alquiler social o para casos de emergencia.

ARES, masovería urbana y locales reconvertidos

Desde ERC asumen el fenómeno de las ocupaciones como “un problema de país” y aseguran que es una cuestión que se acentúa en los municipios pequeños que tienen urbanizaciones dispersas, “donde la gente teme marcharse a trabajar o de fin de semana y encontrarse que le han entrado en casa”. El presidente de los republicanos en la Diputación de Barcelona y alcaldable en Cervelló, Josep Ramon Mut, asegura que estos casos extremos hasta ahora se han resuelto de forma rápida pero avisa de que las ocupaciones en viviendas de grandes tenedores "se han cronificado". Pide "atacarlo sin miedo".

En cuanto al acceso al parque inmobiliario, Mut lamenta que en municipios como Cervelló existe una falta evidente de oferta, ya que predominan las casas unifamiliares con precios inasequibles para la gente joven, que acaba marchando del pueblo. Para evitarlo, los republicanos defienden la construcción de ARES (Áreas Residenciales Estratégicas) para poder disponer de viviendas de tamaño asequible y que una parte de éstas sean públicas.