La pieza principal del caso Mercuri de Sabadell queda a punto de juicio

La pieza principal del caso Mercuri de Sabadell (Vallès Occidental) ha quedado a punto de juicio después de que este viernes se haya celebrado la comparecencia previa a la vista oral. El caso tendrá jurado popular y analiza los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas con funcionarios públicos que se imputan al ex concejal del PP del Ayuntamiento de Sabadell Jordi Soriano y una veintena de personas, entre ellas empresarios vinculados a la construcción y los servicios públicos municipales.

Fiscalía y acusación popular, ejercida por la entidad Sabadell Libre de Corrupción, se han ratificado en la imputación de todos los encausados, mientras que las defensas han pedido el sobreseimiento de la causa. 

La pieza 1 del caso Mercuri investiga el presunto pago a cambio de la concesión de obras públicas en Sabadell, situando el entonces concejal del PP en la oposición en el Ayuntamiento, Jordi Soriano, como principal responsable y beneficiario. 

22 investigados

Finalmente, entre los 22 investigados por presunto cohecho, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y corrupción en negocios, no hay ningún miembro del gobierno de la época, liderado por el socialista y ex alcalde Manuel Bustos. 

La juez que instruye el caso, Alejandra Llido, considera que hay indicios de que se cometieron ilegalidades en diferentes acciones, como en la prórroga y la modificación del contrato que regulaba los servicios funerarios en Sabadell, las obras para ampliar el cementerio municipal, una adjudicación de obras en una finca agrícola de Ca n'Ustrell u otras en el recinto de Fira Sabadell y en un centro cívico de la ciudad, entre otros. 

La magistrada sitúa a Soriano en el centro de los negocios, y cree que trabajaba conjuntamente con su esposa, Ana María Corbella, y su hija, Helena Soriano. Las dos se habrían beneficiado de los contratos vinculados con la extensión hecha a la concesionaria del cementerio, Torra S.A., a través del asesoramiento a la empresa por parte de dos sociedades. Esta operación habría acabado con ingresos a las cuentas corrientes de la mujer de Soriano y también de la hija, que era la propietaria de una de las empresas.

Bustos, investigado en otras piezas

En cuanto a Bustos, hay que recordar que el pasado marzo el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 2018 correspondiente a la pieza 30 del caso Mercuri que condenaba al exalcalde de Sabadell a tres años de prisión y dieciséis de inhabilitación por haber ordenado a la Policía Local la retirada de multas de tráfico a miembros de su familia, en unos hechos de 2012 considerados tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.

En paralelo, continúa investigado en otras piezas del mismo caso, como la 25, que indaga en una posible malversación de caudales públicos a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

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