Corrupción
El TSJC mantiene la suspensión de ingreso en prisión del ex gerente de consorcios del Vallès Occidental, condenado por el caso Mercuri
La plataforma SBDLC presentará recurso al Supremo para que haga efectiva la entrada en un centro penitenciario
Jueces. / periodico
Por qué confiar en El Periódico La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación con que la acusación popular del caso Mercuri reclamaba la entrada en prisión del ex gerente del Consorcio de Residuos, de Turismo y de Empleo y Promoción Económica del Vallès Occidental, Paco Fernández.
La acusación, ejercida por la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (SBDLC), se oponía al acuerdo de Fernández con la justicia con el que puede eludir la condena de prisión si no delinque en cinco años y hace dos años de trabajos en beneficio de la comunidad. Ahora, el juez mantiene la suspensión argumentando que los hechos de que se acusa Fernández a la pieza 25bis son aislados dentro del caso Mercuri. SBDLC ya ha anunciado que recorrerá de nuevo la medida, ahora al Tribunal Supremo.
El juez señala que la cantidad malversada por Fernández fueron 32.877 euros, "una parte mínima del presupuesto del Consorci de Residus, de más de 18 millones de euros". Al mismo tiempo, el tribunal considera que el acusado "ha hecho un esfuerzo importante" para reparar el daño causado, al tiempo que apunta que hay motivos de salud que desaconsejan la entrada en prisión. Para la plataforma SBDLC, sin embargo, estos argumentos son "decepcionantes y preocupantes".
Investigado en otra pieza
La acusación popular recuerda que Fernández fue condenado a 3 años de prisión por malversación de fondos públicos y por falsedad documental, y señala que se trata de una pena muy inferior a la petición hecha desde SBDLC, de 12 años de prisión.
La plataforma también lamenta que la suspensión de entrada a centro penitenciario no tiene en cuenta que Fernández también está siendo investigado en la pieza 31 del caso Mercuri por presuntos delitos contra la administración pública, tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
Por estos motivos, SBDLC avanza que pedirá al Tribunal Supremo que revise la suspensión de entrada a prisión. Consideran que, si Fernández cumpliera la condena, sería "una medida ejemplificadora contra la corrupción" que contribuiría a "erradicar los comportamientos corruptos en la administración".
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