01 dic 2020

Ir a contenido

OCUPACIÓN

Las grandes ciudades metropolitanas reclaman más recursos para combatir la ocupación ilegal

Los alcaldes explican a la ACN que el perfil delincuencial de los ocupas generan problemas de convivencia en los barrios

ACN

Un hombre se va de un bloque ocupado en Mataró después de la intervención de la Policía Local el 16 de octubre de 2020

Un hombre se va de un bloque ocupado en Mataró después de la intervención de la Policía Local el 16 de octubre de 2020 / ACN

Grandes ciudades metropolitanas como l'Hospitalet de LlobregatTerrassaBadalona​​Sabadell Mataró ven como la ocupación ilegal de viviendas se está convirtiendo en un foco importante de los problemas de convivencia en los barrios. El fenómeno de la ocupación no es nuevo y ya la crisis económica de 2008 dejó muchas familias en la calle que ocuparon pisos vacíos de grandes poseedores.

Pero con el que se encuentran ahora los ayuntamiento es que esta ocupación la protagonizan sobre todo personas con perfiles delincuenciales que ponen al límite los niveles de tolerancia de la ciudadanía. Los ayuntamientos consultados por ACN, reclaman al Estado y la Generalitat más recursos protocolos policiales claros para poder combatir el fenómeno.

Ocupaciones "conflictivas", "problemas de convivencia" y "delincuencia"

"Las ocupaciones no tienen nada que ver con las que provocó la crisis hipotecaria. Entonces eran personas con una necesidad real de vivienda. Ahora son personas que vienen de fuera de la ciudad, que van de un municipio a otro y que nos ocasionan muchos problemas de convivencia con las comunidades de vecinos ", explica el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

También en este sentido se expresa el alcalde de Badalona, ​​Xavier Garcia Albiol, que rechaza la idea de que los ocupas se presenten como víctimas: "La víctima de verdad son en muchas ocasiones los vecinos que sufren las consecuencias del incivismo y la delincuencia ". "Tenemos problemas en casi todos los barrios", se lamenta.

El concejal de Vivienda de Sabadell, Eloi Cortés, detalla que estas ocupaciones "conflictivas" las llevan a cabo "tramas delictivas que ocupan pisos, amenazan vecinos y revenden llaves" a familias vulnerables. "Es un problema porque altera la convivencia y se debe erradicar", añade el teniente de alcalde de Convivencia y Seguridad del Hospitalet, Pepe Castro.

Pisos de grandes poseedores en el punto de mira

Los ayuntamientos señalan los pisos vacíos de los grandes poseedores como principal foco de conflictividad, ya que son el objetivo prioritario de los ocupas. En Mataró, uno de los principales conflictos que ha vivido recientemente fue la ocupación, hasta el verano pasado, de dos bloques de la Sareb en el barrio de Cerdanyola, donde vivía un centenar de ocupas con antecedentes policiales por robos.

Se les pudo desalojar por el estado insalubre del inmueble, que es hoy por hoy la vía más eficaz que tiene la administración local. "Las ocupaciones conflictivas suelen estar asociadas a viviendas muy degradados y lo único que podemos hacer es por la vía administrativa, si hay algo que hace que la vivienda sea inhabitable", explica el alcalde de Mataró, David Bote .

Y es que en los casos de pisos que son propiedad de grandes poseedores, el resto de trámites no son siempre ágiles, como denuncia el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart: "Intentamos hablar con los propietarios pero es complicado porque a menudo no tenemos un interlocutor válido porque hay detrás fondos buitre".

Ante la falta de herramientas para actuar, muchos ayuntamientos centran esfuerzos en evitarlas antes de que se produzcan. Uno de los ingenios más destacados es el dron que utiliza desde este verano la Guardia Urbana de Badalona. El aparato sobrevuela la ciudad con una cámara termográfica, una cámara nocturna y un altavoz para poder enviar mensajes.

Demandas al Estado y la Generalitat

Con todo, los alcaldes apelan a la colaboración de las administraciones supramunicipales para encontrar soluciones estructurales a la problemática. "Es muy complicado desde el mundo local poder hacer frente a todo esto. Pedimos más capacidad normativaherramientas recursos", reclama el alcalde de Terrassa. "Necesitamos más instrumentos legales", insiste el teniente de alcalde de Hospitalet.

También el alcalde de Badalona, ​​Xavier Garcia Albiol, asegura que "hasta que el Estado no entienda que tiene que cambiar la legislación", los ayuntamientos están "atados de manos y pies". Albiol lamenta que actualmente "la ley beneficia protege los ocupas ante los propietarios o los vecinos y esta realidad se debe cambiar".

Entre las peticiones de Albiol hay también "penalizar las ocupaciones ilegales" y habilitar la policía para que pueda desocupar "cuando es evidente que una vivienda ha sido ocupado ilegalmente". En esta línea, Mataró pide la creación de la figura del fiscal especializado. Hacen falta, dice David Bote, soluciones "estructurales" para poder hacer desalojos de manera más rápida.

Más allá del ámbito policial y judicial

Las demandas que hacen los ayuntamientos, sin embargo, no se quedan sólo en el ámbito policial y judicial para garantizar la seguridad y la convivencia en los barrios. Reclaman también recursos para poder dar respuesta a la crisis habitacional que genera parte de las ocupaciones, aunque no sea las más conflictivas.

"Hay que regular la función social de la vivienda, ser más valientes para intentar que el parque de viviendas vacías esté al servicio de la sociedad. Los grandes tenedores también deben hacer un gesto en este sentido", asegura el teniente de alcalde de Civismo y Seguridad de Hospitalet de Llobregat, Pepe Castro.

Los ayuntamientos también tienen problemas a la hora de cuantificar el problema de la ocupación en las ciudades. No hay ningún método de cálculo exacto para determinar cuántos pisos ocupados hay y cada consistorio hace cálculos aproximados en base a diferentes parámetros. En lo que todos coinciden es que, seguramente, hay muchas más ocupaciones de las que apuntan los datos.

Baile de cifras

En Terrassa calculan que hay cerca de 1.500 pisos ocupados. En el último año el Ayuntamiento ha intervenido en un centenar y, según el Servicio de Intermediación en Ocupaciones, sólo en un 10% de los casos no se han recogido incidencias. El consistorio, sin embargo, reduce los casos realmente conflictivos a una veintena, que son los de ocupaciones colectivas de viviendas en un mismo bloque.

L'Hospitalet de Llobregat calcula que alrededor de un 1% del parque de viviendas de la ciudad está ocupado. Según datos del Idescat, esto representaría una cifra similar a la de la cocapital vallesana, pero el consistorio no da cifras concretas y explica que trabaja en la elaboración de un censo para que los técnicos municipales puedan hacer un seguimiento detallado de los casos.

Una cifra similar es la que da también Sabadell, con 1.332 pisos ocupadosnueve más que los que había en 2019. El aumento, sin embargo, representa una frenada ya que en años anteriores se habían registrado más de 100 pisos nuevos ocupados cada año. Además, desde el mes de julio de 2019 la Policía Municipal ha detenido unas sesenta ocupaciones más cuando se iban a producir.

Esta es una estadística en la que se centran también los ayuntamientos de Mataró y Badalona, ​​que no hacen ninguna aproximación al posible número de pisos totales ocupados y sí a la tarea policial para combatir los casos conflictivos.

La Policía Local de Mataró tiene detectados 138 casos este año. Desde el mes de mayo, sin embargo, ya se han desalojado siete inmuebles, con un total de 52 pisos o locales. También durante el 2020, la Guardia Urbana de Badalona ha hecho 400 intervenciones relacionadas con viviendas ocupadas.

Más noticias de L'HospitaletBadalonaTerrassaSabadell Mataró en la edición local de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA