La defensa de Bustos pide el archivo de la causa de la FMC por ser un ente "privado"

La defensa de Manuel Bustos ha pedido el sobreseimiento de la pieza 25 del 'caso Mercuri', la que investiga subvenciones irregulares de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Así lo han explicado a la ACN fuentes cercanas al exalcalde de Sabadell y presidente del ente, que ha comparecido en el inicio del procedimiento ante jurado popular por esta pieza.

El abogado de la acusación popular, Raúl García Barroso, ha reconocido que existe un antecedente, el de la pieza 25 Bis, también vinculada a la FMC y que fue archivada, que considera que la actividad del organismo "está sujeta al derecho privado". Con todo, remarca que ha habido sentencias posteriores que avalan un cambio de criterio. Para el letrado el debate debe centrarse en "si se pueden usar dinero de la FMC para pagar cenas y compras personales".

Manuel Bustos ha llegado puntualmente a la Ciudad de la Justicia para asistir a la comparecencia inicial del procedimiento ante jurado popular de la pieza 25 del 'caso Mercuri'. Aunque inicialmente el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell se había hecho cargo de esta pieza, en marzo de 2019, acordó su inhibición a favor de los juzgados de Barcelona, al entender que son los que tienen las competencias territoriales, porque esta investigación gira en torno a la FMC.

Delito contra la administración pública

En concreto, el juez investiga un delito contra la administración pública, en su modalidad de malversación de caudales públicos. Entre los hechos que aparecen en esta parte del 'caso Mercurio', destacan una subvención de 24.000 euros otorgada de manera irregular a la Fundación Privada ACSAR para la contratación de la presidenta de la Asociación de Latinoamericanos de Sabadell, Ligia Gisella Castelo, y gastos personales que no tienen relación con actos de la FMC y que habrían hecho Bustos, el ex secretario general de la entidad, Adolfo Moreno, y la ex asesora del ente y pareja de Bustos, Montserrat Costa.

Según han explicado fuentes cercanas a Bustos, su defensa ha pedido el archivo de esta causa al considerar que la FMC es un ente privado, tal y como ya ocurrió con la 25 Bis, que investigaba supuestos sobresueldos en la seno de la Federación y encausó 44 alcaldes. La defensa también ha recordado que se presentó un recurso en la Audiencia Provincial de Barcelona en esta misma dirección y que aún está pendiente de resolverse.

El abogado de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Raúl García Barroso, ha admitido estos antecedentes, pero remarcó que existen sentencias posteriores que avalan un cambio de criterio. Ha puesto como ejemplo una que condenó la Asociación Catalana de Municipios por parte de la Audiencia Provincial o la del Proceso, "que incluye el Diplocat dentro el delito de malversación de caudales públicos".

Formada por entes públicos

Para Barroso está claro que su naturaleza jurídica de la FMC es privada, pero recuerda que está formada por entes públicos como son los ayuntamientos. "Tiene una acción pública y lo que hay que preguntarse es si se pueden utilizar este dinero a título particular para pagar cenas y compras personales", señaló. Asimismo recordó que en el caso de Bustos los gastos no justificados en esta pieza "ascienden a 8.500 euros".

Aparte de Bustos, Moreno y Costa, también están investigados el director de la fundación ACSAR, José Antonio Cabanillas, Santiago Fontbona y Xavier Amor, contratados como asesores del organismo municipalista.

Tanto la defensa como la acusación popular y la Fiscalía, han pedido el sobreseimiento de la tercera pata de esta pieza, la que hace referencia a Xavier Amor y Santiago Fontbona. "Surge de una conversación telefónica en la que parecía que Bustos y Amor hablaban de una colocación irregular vía un informe", comentó Barroso indicó que este informe existe y que "no hay indicios suficientes para seguir adelante con la causa".

Barroso ha criticado la posición de la FMC, que ha declinado estar presente en la comparecencia al considerar que "parece que no tenga interés en ver qué ha pasado, a pesar de que su presidente y secretario general, presuntamente, destinaron fondos de la Federación para un uso particular".

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