El grupo promotor de la Ley de Vivienda exige al Gobierno la retirada inmediata del recurso en el TC

El grupo promotor de la ILP Habitatge ha presentado un manifiesto para exigir al Gobierno español la retirada inmediata del recurso que interpuso el ejecutivo del PP en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda y ha reclamado que la Generalitat priorice de su agenda “la aplicación total, efectiva e inmediata” del texto, incluso los convenios con las suministradoras para que asuman las deudas de las familias en exclusión residencial.

Al manifiesto le han dado apoyo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el alcalde de Sabadell, Maties Serracant, y varias entidades como el Colegio de Abogados de Barcelona, los sindicatos CCOO y UGT, Òmnium, el ANC, la Federación Catalana de Municipios y el Sindicato de Arrendatarios, entre muchos otros.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Lucía Delgado, ha pedido que la retirada del recurso se acuerde en el Consejo de Ministros de este mismo viernes delante de la posibilidad que el Tribunal Constitucional emita la sentencia en breve y se ha mostrado convencido que esta ley se recuperará.

El manifiesto denuncia que cada día hay 43 desahucios, el 65% de los cuales son alquileres, seguido de los de hipoteca, además de advertir que cada día “aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías”. Así mismo, señala que la ley “garantizó una segunda oportunidad a las familias, se pararon miles de desahucios, aumentó el parque de viviendas público, se aseguraron realojos adecuados y también se aseguró el acceso a los suministros básicos con una protección más extensiva que el bono social”.

Instrumento para revertir la exclusión residencial

Además, el manifiesto ve la Ley 24/2015, suspendida en su parte de vivienda, un “instrumento imprescindible para detener y revertir la exclusión residencial” y asegura que de haber estado vigente ya se habrían impedido unos 45.000 desahucios.

Sobre el recurso delo PP, el manifiesto carga contra el partido por “actuar premeditadamente en contra de la protección de este derecho y a favor de los intereses privados de la banca y los fondos buitre”.

“De esta manera, la sangría de los desahucios debe ser atendida solo con recursos públicos, mientras que la banca, rescatada con dineros públicos, continúa acaparando recursos sin ningún retorno social, enriqueciéndose desmedidamente aun siendo parte responsable de la mala praxis bancaria y la emergencia que sufre la población”, continúa el texto, que avisa que el parque público de vivienda no llega al 2%.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado que desde que la Ley de Vivienda fue impugnada se habría evitado que 600 familias hubiesen sido desahuciadas en Barcelona. Se trata de una cifra de la que el Ayuntamiento tiene constancia, aunque se ha mostrado convencida que “seguro que son más”. Por eso, considera que “ilustra la urgencia” de que el recurso se retire inmediatamente.

Desde la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio del ICAB, Roger Sabata, ha afirmado que la ley era un “tope” para el “ataque de los derechos más básicos” y ha añadido que “cualquier actuación contra esta ley es “reaccionario, insolidario y cruel”, mientras que dos representantes de los Bomberos indignados y UGT-Bombers, José Luís Pagán y Xavier Díaz, han advertido que con el aumento de la precariedad también sube la siniestralidad.

Por su parte, el secretario de Política Territorial, Acción Social, Barcelonès y Migraciones de CCOO, Toni Mora, ha destacado que todavía “hay mucha gente que no ha salido de la crisis” y que se encuentran en situación de una “emergencia habitacional” o que han sido expulsados de su casa.

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