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Servicios públicos

La empresa concesionaria de la limpieza en Sabadell contrató a los heredes de Método 3 para investigar al Ayuntamiento

Smatsa grabó actos públicos para recoger pruebas para preparar la querella que ha llevado al alcalde a declarar investigado por prevaricación

ACN

La empresa concesionaria de recogida de residuos y limpieza viaria en Sabadell, Smatsa, contrató a una agencia de detectives privados para investigar al Ayuntamiento de la ciudad después que el consistorio afirmara haber detectado incumplimiento en este contrato público. Concretamente, la compañía requirió los servicios de Marco & Co, heredera de la antigua Método 3, según han confirmado fuentes de Smatsa.

Los detectives habrían grabado varias asambleas públicas que concejales del gobierno y técnicos municipales organizaron para informar a la ciudadanía y los trabajadores sobre la voluntad de auditar este servicio. Smatsa habría utilizado la información obtenida mediante estas grabaciones como prueba en la querella que ha llevado al alcalde, Maties Serracant, y otros representantes del ejecutivo local a declarar ante el juez investigados por un delito de prevaricación.

El de Smatsa es el mayor contrato público en Sabadell, cifrado en 21 millones de euros, lo que representa un 10% del presupuesto municipal, tiene una duración de 20 años y se firmó en 2012, durante el mandato del exalcalde Manuel Bustos.

La auditoría del Ayuntamiento dio paso a la apertura de cinco expedientes que contemplan importantes penalizaciones económicas y podrían suponer la extinción del contrato vigente con la actual concesionaria. Según el gobierno local se habría infringido el acuerdo establecido al no instalar dispositivos de geolocalización por GPS en los vehículos y se habrían detectado irregularidades en las liquidaciones definitivas de los años 2014, 2015 y 2016. De hecho, el ejecutivo local reclama a la empresa cerca de 3,5 millones de euros que habría pagado de más.

La empresa niega que se facturaran servicios “de más” y recuerda que el contrato estipula que se cobra “por los medios y profesionales que cada día salen a trabajar, siendo los propios técnicos municipales los que lo validan”. En esta línea, considera que estas denuncias son infundadas y que se encaminan a materializar la municipalización del servicio.

“No se reunieron con nosotros, llevaron a cabo actos informativos donde fueron los suyos y, nosotros, como que teníamos claro que lo que decían eran falsedades, a través de nuestros abogados decidimos hacer grabaciones en actos públicos para ponerlas a disposición de la jueza en el marco de la querella que presentamos”, explica Eugenio Díaz, gerente de Smatsa. En este sentido, defiende la legalidad de estas pruebas porque se trata de citas que eran públicas y que cualquier persona podría haber grabado de la misma manera que hicieron varios medios de comunicación.

El responsable de la compañía advierte que tomaron esta decisión ante la imposibilidad de encontrarse con el gobierno municipal, una vez hechas las peticiones para reunirse. Así mismo indica que presentaron alegaciones a los expedientes y que el Ayuntamiento desestimó la mayoría.

Por su parte, el gobierno municipal se ha mostrado sorprendido ante la información, dado que no comparte las acusaciones de bloqueo que denuncia la concesionaria. “Estamos sorprendidos de ver el uso de estas metodologías, ante una problemática como la que tenemos entre manos, no entendemos que este sea el funcionamiento”, expresa el portavoz del gobierno y primer teniente de alcalde, Joan Berlanga.

Al mismo tiempo señala que el ejecutivo local ha actuado siempre con transparencia, justo lo contrario que la empresa. “Continuaremos trabajando para asumir nuestra responsabilidad, con rendimiento de cuentas y siguiendo el encargo de la ciudadanía”, concluye Berlanga.

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