El Govern analiza los polígonos industriales de Catalunya con vistas a una ley sectorial

La política industrial en los municipios de Catalunya está en el punto de mira. El 'Govern Illa' ha incluido en el Pla Catalunya lidera, su hoja de ruta económica, el despliegue de una estrategia para desarrollar más actividad económica en los polígonos. El Departament d'Empresa i Treball confirma a EL PERIÓDICO que presentará el próximo mes de junio un diagnóstico actualizado de los polígonos catalanes, que determinará si es necesario impulsar una Ley de Polígonos —como la que sí tiene la Comunitat Valenciana— para resolver los déficits crónicos de estas infraestructuras en Catalunya. Municipios y agentes del sector industrial han participado durante estos meses pasados en diversas mesas de debate enfocadas a esa potencial reforma legal catalana.

Hoy son 45.970 las empresas catalanas localizadas en estos espacios, el 80% de las cuales (36.774) se ubica en la provincia de Barcelona, según los últimos datos (2024) de la Diputación (DIBA) consultados por este diario. Las ciudades y el propio sector ven en esta coyuntura una oportunidad para perfilar el relanzamiento pendiente de los polígonos catalanes. En Catalunya, la comunidad que más aporta (22,1%) a la facturación industrial española, el peso del sector se mantiene estable y supone actualmente el 19,8% del Producto Interior Bruto (PIB). "Desde el Govern reafirmamos nuestro compromiso para reforzar la competitividad de nuestra industria para situar a Catalunya entre las regiones líderes de Europa", refuerza la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz.

Déficits crónicos y falta de liderazgo: los 5 retos de los polígonos industriales en Catalunya

La gran incógnita a despejar en materia de polígonos, resume Sílvia Solanellas, directora de la Unió de Polígons de Catalunya (UPIC), es a quién le corresponde financiar el mantenimiento de estas infraestructuras cuando se quedan obsoletas. Y la factura que se augura no es precisamente pequeña. "Una vez hicimos un diagnóstico en un polígono de Tarragona y la conclusión es que se necesitaban varios millones de euros para arreglar solamente aquel polígono", remarca la responsable de la UPIC, entidad impulsada por la Cambra de Comerç de Barcelona y que en Catalunya funciona como una federación de polígonos.

Las principales carencias de los polígonos las tiene estudiadas el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, asociación que integra a 50 ayuntamientos, patronales —Foment del Treball o Pimec, por ejemplo—, sindicatos y administraciones supramunicipales como la propia Generalitat, la DIBA o el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Su gerente, Carles Rivera, tilda la gestión de los polígonos de la región de "poco eficiente y, en muchos casos, inexistente".

Primero, porque sólo un 20% de la región cuenta con una entidad propia de gestión, las cuales se ocupan de interlocutar con los ayuntamientos. Segundo, porque "un 40% de la superficie industrial de la provincia de Barcelona está sin actividad, cosa que supone un coste de oportunidad importantísimo para las economías locales". Y, en tercer lugar, porque la falta de integración en las ciudades e infracondiciones —mala conexión de transporte público o problemas de iluminación y conectividad— desincentiva la llegada de nuevas compañías. "Un 10% de la superficie de los polígonos de la provincia de Barcelona está siendo ocupada por actividades no industriales de menos valor añadido", rubrica Rivera.

La industria es fundamental en numerosas economías locales de Catalunya. En hasta 115 municipios catalanes, la industria supone más de un 20% de la riqueza local. Y en una veintena de ellos, el sector industrial representa hasta el 50% del Valor Añadido Bruto (VAB) local, con los casos extremos de La Canonja (84,2%), Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (78,1%) y Santa Margarida i els Monjos (77,1%), que se nutren de las industrias petroquímica, nuclear o de automoción. Les siguen Guissona y Martorell, donde se ubican el grupo alimentario homónimo y la fábrica SEAT, respectivamente. Y también en la provincia barcelonesa es destacable el protagonismo industrial del Vallès, donde sobresalen municipios como Castellbisbal, Parets, Vacarisses, Montornès, Les Franqueses, Sant Celoni o Rubí, como puede observarse en el siguiente mapa.

"Los municipios quieren liderar un relanzamiento industrial porque son los principales conocedores de las necesidades económicas y sociales del territorio", afirma Ana María Martínez, presidenta del Pacte Industrial, diputada de Desarrollo Económico de la DIBA y alcaldesa de Rubí. La edil critica que las administraciones estuvieran "durante décadas de espaldas a los polígonos industriales", tesitura que, argumenta, "ha cambiado" en los últimos años. "Los ayuntamientos hemos tomado consciencia de la importancia de los polígonos, que son clave para nuestra economía porque revierten en riqueza y puestos de trabajo de mayor calidad para nuestros territorios", agrega Martínez. Consciente de ello, la DIBA desarrolla un programa de apoyo económico a los ayuntamientos que lleva invertidos unos 80 millones de euros en las últimas dos décadas.

Una encrucijada para los ayuntamientos

Entre las voces del Pacte Industrial, la que más decididamente apuesta por propulsar una ley catalana de polígonos es el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). A juicio de su responsable en la región de Barcelona, Salvador Clarós, un marco legislativo propio es "la herramienta con capacidad de cambio para una propuesta de país". La cual también está en los planes del sindicato UGT "si va dirigida a beneficiar a los trabajadores", comenta el responsable sindical Omar Minguillón. El Pacte Industrial estima que las 45.970 empresas ubicadas en los 1.400 polígonos de Catalunya generan en torno a los 400.000 puestos de trabajo.

Hasta ahora, sin ley específica, los polígonos catalanes se han regulado por la normativa urbanística y por la Ley de Áreas de Promoción Económica Urbana (APEU), que contiene un marco regulatorio parcial. Clarós entiende que "ahora el planteamiento no es sólo modernizar los polígonos, sino reconceptualizar qué es un espacio industrial, algo mucho más multidisciplinar que una manufactura. Y eso es una cuestión de política industrial que no puede quedar en manos de los urbanistas". La hoja de ruta económica del Govern proyecta la creación de un grupo de trabajo para establecer "mecanismos extraordinarios para desarrollar suelo industrial considerado estratégico", además de preparar una oferta de suelo para usos logísticos.

El Pacte Industrial apela a la "colaboración público-privada" entre empresas y administraciones para no cargar todo el peso de los polígonos a los ayuntamientos. Los consistorios conviven con las infraestructuras en una encrucijada delicada: al tiempo que son los responsables más próximos de su cuidado y promoción, son a su vez la administración pública menos holgada financieramente para acometer inversiones tan cuantiosas. En este punto, la UPIC vería con buenos ojos una nueva Ley de Polígonos si "obligara a los ayuntamientos a modernizarlos", señala Solanellas, aunque precisa que "habría que estudiar el encaje jurídico". Por ejemplo, asumiendo el modelo valenciano: condicionar las grandes inversiones del Govern a un estado mínimo de excelencia de los polígonos. "Ahora mismo, en Catalunya no hay una respuesta clara de quién debe conservar los polígonos. Las empresas se quejan y los ayuntamientos no tienen dinero", resume Solanellas, quien advierte que el sector privado y las administraciones "están obligados a entenderse".

Presión empresarial

Las reclamaciones empresariales las corrobora Foment del Treball, que considera "urgente" una política industrial en Catalunya "que supere los límites de los municipios". "A menudo nos llegan reclamaciones de empresas ubicadas en municipios medios y pequeños que denuncian problemas estructurales como la falta de mantenimiento de los accesos, deficiencias en la conectividad digital o la ausencia de transporte público eficiente para los trabajadores", apuntan fuentes de Foment. Ilustran la casuística con el ejemplo de "una empresa del sector metalúrgico que ha manifestado su voluntad de crecer pero está limitada por la falta de energía eléctrica suficiente en el polígono donde opera". También Neus Olea, directora de la Associació Empresarial de L'Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL), se refiere a estos obstáculos y a los "trámites burocráticos" que han llegado a "dejar atrás muchísimos proyectos".

Los municipios catalanes que más hectáreas tienen dedicadas a polígonos industriales son Barcelona (el Puerto y la Zona Franca); El Prat de Llobregat (el Centro Direccional y la Zona de Actividades logísticas del puerto); Sant Cugat del Vallès (Can Sant Joan); Cerdanyola del Vallès (CiT 9B Parc de l'Alba); Castellbisbal (Sant Vicenç); y La Canonja (Gran Indústria). Tanto las ciudades como sus correspondientes polígonos en Catalunya pueden explorarse en este mapa.

Además de los ya citados, destacan por su tamaño los polígonos industriales de Valls, La Sénia, Constantí, el Parque Empresarial de Sabadell o el Distrito Económico de L'Hospitalet de Llobregat. "Nuestros polígonos, que se encuentran actualmente en el 85% de ocupación, son un ejemplo del dinamismo empresarial y de que somos una ciudad atractiva para la industria", sostiene Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell.

En opinión de Solanellas, conviene levantar la mirada más allá del ámbito estrictamente metropolitano: "Se suele hablar mucho de Barberà, Gavà o Sant Boi de Llobregat, pero también se hacen cosas muy interesantes en Granollers, Rubí, Olot o Agramunt". Un clásico de buenas prácticas en cuanto a gestión de polígonos es el de la Asociación de Empresarios de Bufalvent, en Manresa. "Es la referencia en Catalunya", asegura Rivera. El coordinador del Pacte Industrial resalta otros dos ejemplos de éxito impulsados por ayuntamientos: el Grid Granollers y la Asociación Comunidad Energética del Polígono Agro-Reus, prevista como la más grande de Catalunya.

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