Rubí encarga un dictamen pericial para que el TSJC ejecute la sentencia de Can Carreras

El Ayuntamiento de Rubí (Vallès Occidental) ha encargado un dictamen pericial para analizar cómo se debe llevar a cabo la retirada de los residuos de Can Carreras.

Hace dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estimó los recursos que declaraban nulas las ampliaciones de este vertedero. Concretamente, la ampliación de 25.000 toneladas y una cincuentena de nuevos códigos de residuos respecto a la licencia original.

El dictamen, que el consistorio está acabando de analizar, es necesario para pedir al TSJC la ejecución de la sentencia, el cumplimiento de la cual es de "alta complejidad técnica".

Tráfico de camiones los sábados

La información se ha trasladado esta semana a los miembros de la Mesa de Seguimiento de los Vertederos. Durante la reunión, la Plataforma Rubí Sense Abocadors ha comentado que han observado un elevado tráfico de camiones que acceden al vertedero, especialmente los sábados por la mañana.

Según explica el consistorio, cuando la Plataforma lo ha denunciado a la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC) ─la administración competente que debe velar por el cumplimiento de la orden de cese de la actividad─, ésta ha respondido que no hay inspectores de guardia para los fines de semana.

En consecuencia, el Ayuntamiento ha anunciado que invitará a la ARC -a quien pertenecen las cuestiones surgidas durante las reuniones de la Mesa- a participar en el próximo encuentro.

Medidas preventivas

El 8 de junio, el Ayuntamiento inició vía decreto un procedimiento sancionador ordinario contra diversas personas físicas y jurídicas que actuaban de forma unitaria en la finca del paraje de Can Carreras conocida como "La Nou" por la presunta comisión continuada de infracciones graves del artículo 75.h del Decreto Legislativo 1/2009, del 21 de julio.

Ante estos incumplimientos, el consistorio ordenó de manera provisional el cese inmediato de las actividades de vertido y de retirada de residuos que se estaban llevando a cabo en esta finca y la presentación, en el plazo máximo de dos meses, de un estudio que acreditara el grado de afectación del suelo de la parcela.

Durante los meses de julio y agosto, varias inspecciones oculares realizadas por el inspector de la Unidad de Control y Programación del Ayuntamiento y la Policía Local confirmaron que la medida provisional acordada había sido infringida abiertamente, con reiteración y plena intencionalidad, ya que se siguió produciendo tráfico de camiones que descargaban residuos en la finca.

A la espera del grado de afectación del terreno

Así, el gobierno municipal ordenó a principios de septiembre, como medida provisional, el cierre total de la parcela donde se desarrollaban estas actividades.

En el mismo decreto, la corporación municipal reiteraba la necesidad de aportar el estudio solicitado al inicio de procedimiento sancionador de cara a la futura reparación o restauración de los terrenos alterados y advertía de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento a costa, solidariamente, de todas las personas responsables.

Actualmente el Ayuntamiento está a la espera de recibir el estudio del grado de afectación del terreno.

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