Un vertedero de Rubí lleva más de 20 años funcionando ilegalmente

La Plataforma Rubí Sense Abocadors denuncia que la antigua extractiva conocida como 'la veintidós' lleva más de 20 años funcionando como "vertedero ilegal" en Rubí (Vallès Occidental). Así lo confirman las últimas inspecciones realizadas por el Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats (SIICAA) de la Generalitat en septiembre de 2018, donde se constató que, pese a todas las denuncias y advertencias administrativas, la finca ha seguido con la actividad irregular.

En 2017, un informe de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial ya afirmó que la finca había sido utilizada como "vertedero ilegal" durante los últimos 20 años e instaba a la empresa titular, Excavaciones y Áridos Rubí, a restaurar la zona. Desde la administración catalana explican que, en esa última inspección, se comprobó que "no se han efectuado los trabajos de restauración y se siguen vertiendo residuos no admisibles en el entorno”.

Desde la Conselleria de Medi Ambient, añaden que la inspección también constató que la actividad extractiva seguía realizándose en la finca, pese a la caducidad de la licencia de actividades por parte de Mines en 2017.

La plataforma denuncia que esta situación no es única y afirma que otra finca perteneciente al mismo grupo, 'la nou', también actúa como "vertedero ilegal". Desde la Generalitat afirman que el espacio no tiene permiso para ser usado como vertedero, aunque añaden que no tienen constancia de ningún expediente abierto.

Expediente sancionador en el 96

Aunque en los últimos años el tema ha recuperado presencia, el conflicto con 'la veintidós' se mantiene desde los años noventa. En 1996, el Departament de Medi Ambient ya impuso un expediente sancionador a la empresa Excavaciones y Áridos Rubí S. L. al cerciorarse de que la empresa “efectuaba rellenos con vertidos de residuos de la construcción, escombros y tierras de procedencia exterior”.

Aunque el grupo recurrió, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mantuvo la imposición de una sanción de 500.000 pesetas.  Desde la Plataforma Rubí Sense Abocadors afirman que, pese a las reiteradas denuncias, “la actividad nunca se ha paralizado”, situación que confirma la propia Generalitat de Catalunya a este diario.

“Cuando las competencias están repartidas entre la Generalitat y el Ayuntamiento, este hecho hace que, cuando hay problemas, nadie responda”, explica Montse Rousse, portavoz de la plataforma y vecina de la urbanización de Castellnou, donde se encuentran las dos antiguas extractivas.

Sin licencia

Entre 2009 y 2016, distintas inspecciones a cargo de la Generalitat constataron que la extractiva ‘la veintidós’ había estado “realizando labores extractivas en zonas no autorizadas” -de las que ordenó su paralización- y que se produjeron “incumplimientos referentes a la seguridad y medio-ambientales”. Un año después, fue cuando Mines, tras haber comprobado que en 2016 se mantenía la actividad “como vertedero ilegal”, revocó la licencia de actividades extractivas en 2017. 

Tan solo unos meses antes, el Ayuntamiento de Rubí había publicado un comunicado en el que explicaba haber denunciado “el vertido de residuos no autorizados” a las autoridades competentes tras haber realizado “más de una decena de inspecciones” entre 2016 y 2017, en las que se comprobó que se estaban tirando “todo tipo de residuos, a excepción de los clasificados como peligrosos”.

También en julio de 2018, tras una moción presentada por Alternativa d’Unitat Popular (AUP) en el pleno rubinense, se aprobó que el Ayuntamiento demandara a las empresas que “están operando de manera ilegal y fraudulenta en el término municipal de Rubí, concretamente en las extractivas ‘la nou’ y ‘la veintidós’".

La moción surgió después de que el grupo municipal afirmase haber observado que algunas empresas encargadas de las obras públicas habían “subcontratado la recogida de escombros y restos de obra a un conjunto de empresas locales” vinculadas a las dos fincas.

Posibles nuevas sanciones

Tras la última inspección en 2018, en noviembre de ese mismo año, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic acordó iniciar “un expediente de ejecución subsidiaria de la restauración de la actividad extractiva” por un importe de 9.105,33 euros y, en caso de ser necesario, “iniciar la vía de apremio sobre el patrimonio del titular”, explican desde Medi Ambient.

Desde la conselleria también exponen que aún falta recibir varios informes (ACA, Medi Natural y Mines) “para redactar la propuesta de resolución de ejecución subsidiaria”.

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