Andalucía intenta frenar en los tribunales el 'Castor de Doñana'

La Junta de Andalucía iniciará acciones legales por la vía contencioso-administrativa para frenar un polémico gasoducto en el entorno de Doñana. El proyecto fue troceado en cuatro partes, cada una de las cuales cuenta con una autorización positiva de impacto ambiental, pero varios informes alertan de que no se ha tenido en cuenta el impacto acumulativo del conjunto, y que se han infravalorado los riesgos sísmicos similares a los que provocó en el 2013 la plataforma Castor (Castellón). Además del recurso, se solicitará como medida cautelar la paralización de los trabajos ya iniciados.

"Para asegurar el futuro del pulmón verde de Andalucía que es Doñana, damos un paso al frente ante la inacción del Gobierno", ha declarado la presidenta andaluza Susana Díaz, reprochando el silencio del Ministerio de Medio Ambiente ante el requerimiento de revisar las declaraciones de impacto ambiental que se dieron a los cuatro tramos en los que se divide el gran proyecto de almacenamiento de gas. Por el contrario, en la orden de peajes del gas para este año se recoge una subvención de 6,3 millones para el proyecto.

El Proyecto Marisma de Gas Natural-Fenosa, presupuestado en 200 millones, pretende crear una red de 72 kilómetros de gasoducto en Doñana a poco más de 200 metros del parque natural y a unos dos kilómetros del parque nacional. Para ello aprovechará el trazado de 48 kilómetros ya instalado y en desuso hace décadas, renovando parte del mismo y añadiendo un tramo nuevo. Además, se quieren explotar nuevos pozos que todavía almacenan suficiente gas como para producir 8.000 gigawatios por hora (GWh), para, una vez vaciados, rellenar ese espacio subterráneo con gas procedente de África.

Los cuatro subproyectos en los que se divide, según los ecologistas precisamente para agilizar la tramitación administrativa, cuentan con una declaración de impacto ambiental favorable por parte del Gobierno central pero no así de la Junta de Andalucía, que ha denegado el permiso a tres de los tramos. De esta manera, solo una cuarta parte del proyecto, el más alejado de Doñana, ha podido iniciar sus trabajos al contar con permiso de explotación. 

El ejecutivo andaluz justifica su recurso en un informe del Instituto Geológico Minero de España según el cual la empresa promotora habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones en el tramo ya en marcha, así como otro documento vinculado al CSIC y recogido por el Defensor del Pueblo en el que se advertía de que el Gobierno central había "infravalorado los riesgos sísmicos" del proyecto, al no haberse tenido en cuenta el efecto negativo de la acumulación de los cuatro tramos.