La revisión catastral y el IBI

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha enviado un mensaje de tranquilidad ante la próxima revisión catastral que entrará en vigor en el 2018 y la consiguiente modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ante la preocupación de que la nueva valoración inmobiliaria pudiera disparar al alza esa tasa, las fuentes municipales ha sido taxativas: <strong>el 96,4% de los inmuebles</strong> de Barcelona no se verán afectados por la subida del IBI y, en algunos casos, hasta puede ser que el nuevo catastro suponga alguna rebaja.

El incemento medio de los valores catastrales ascenderá al 19% a lo largo de los próximos 10 años, un porcentaje inferior al aumento lineal del 21% que se produjo entre el 2014 y el 2015. El 47% de los inmuebles bajarán de valor, aunque eso no signifique necesariamente que sus propietarios paguen menos IBI, porque en el cálculo influye  la localización y antigüedad de la finca, entre otros factores.

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 Además de que la ley obligaba a actualizar el mapa catastral, los vaivenes del mercado inmobiliario –con burbuja incluida– también lo hacían imprescindible. Ahora la aplicación del IBI sobre la geografía social de la ciudad supone una poderosa herramienta política en manos de la Administración municipal. Con ella se debe combatir las innegables desigualdades existentes entre los barrios barceloneses y estrechar la notable brecha económica entre ellos para, en definitiva, diseñar una ciudad progresivamente más justa.