El tabaco en el espacio público

El verano pasado, el Ayuntamiento de Barcelona llevó a cabo con éxito una prueba piloto que consistía en la prohibición de fumar en cuatro playas de la ciudad. Ahora, el anuncio ya es en firme y el consenso político en el cambio de las ordenanzas municipales va a permitir extender la medida a todas las playas de Barcelona, tal como ya ocurre en otras poblaciones costeras, como L’Escala, Sant Feliu de Guíxols, Lloret y el Masnou. La prohibición no solo busca una reducción del consumo, sino también una protección hacia todos los no fumadores y un menor impacto en el medio ambiente, circunstancia, esta, que se puso de manifiesto en las acciones del verano pasado con el descenso de las colillas recogidas en las playas. Se calcula que en Barcelona fuma un 20% de la población. Aunque el porcentaje es la mitad en el entorno marítimo, se redujo hasta un 3% con las disposiciones de hace un año. Ahora, después de un primer periodo de información entre abril y junio, y acorde con las directrices europeas y las disposiciones españolas, la prohibición será efectiva en julio en los 10 tramos de litoral, con el correspondiente seguimiento de la nueva regulación a cargo de la Direcció de Platges y la Agència de Salut Pública de Barcelona. 

Cada vez se acotan más los espacios para fumadores. Si en la última normativa al respecto, de 2011, aún se permitía el tabaco en exteriores como terrazas o campos de fútbol, con el empuje de circunstancias concretas que ya limitaban esta posibilidad, bien por medidas individuales, bien por recomendaciones o reglamentos específicos a causa de la pandemia, la reforma prevista por el Ministerio de Sanidad para este 2022 es absolutamente taxativa. Prevé una prohibición en todos estos lugares y, en general, en aquellos espacios abiertos con aglomeración de personas (incluidas las playas, por supuesto), pero también en vehículos particulares con menores o embarazadas. Al mismo tiempo, en la nueva ley y en el plan antitabaco, se proponen medidas disuasorias como el aumento de los impuestos y del precio del producto. Todo ello, con la recomendación de las entidades científicas y médicas, que abogan por la necesidad de una reducción de la población fumadora que, según la última Encuesta Europea de Salud, es en España de un 16,4% entre las mujeres y un 23,3% entre los hombres, con unas cifras de mortalidad, achacables al tabaco, de más de 50.000 personas por año. 

Uno de los objetivos de la nueva legislación no es solo aumentar la presión social sobre los fumadores para rebajar los porcentajes, sino salvaguardar la salud de los fumadores pasivos, expuestos al humo en muchos de los sitios en los que muy pronto no se podrá fumar. Y no solo se refiere a los cigarrillos, sino también a los puros, el tabaco de liar, las pipas de agua y los cigarrillos electrónicos. El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que se extiende hasta el 2025, prevé reducir en un 30% el consumo, en relación a los datos de 2010, y, de manera especial aboga por una sociedad más sana y también más respetuosa para el prójimo y para el medio ambiente. Ordenanzas como la que Barcelona implantará se anticipan a la legislación estatal y se encaminan en la misma línea de dureza necesaria para desterrar un hábito dañino e insalubre.